El Gobierno (Central) suprime 32 altos cargos y 29 empresas públicas para ahorrar

Artículo de "El Pais" 30/04/2010

El Gobierno ha anunciado hoy que va a eliminar 32 altos cargos en los distintos ministerios (un 9,32% del total) y 29 empresas públicas, que hasta ahora eran 106 en virtud del Plan de racionalización del sector público aprobado hoy por el Consejo de Ministros, lo que supondrá un ahorro directo de 16 millones de euros.
La reestructuración del sector público empresarial consiste en la desaparición de catorce sociedades mercantiles y la fusión de otras veinticuatro, y también se suprimirán la mayoría de las fundaciones.
Mientras, los 32 altos cargos del Gobierno que desaparecen son ocho directores generales, un secretario general y catorce organismos autónomos con rango de director general.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha resaltado que se trata de "medidas rotundas", y ha asegurado no tener "la más mínima duda de que la economía española hará bien los deberes".
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha asegurado que el objetivo principal es obtener "más eficacia y eficiencia" en el sector público, aunque ha reconocido que la reducción del gasto es otro de los motivos que ha llevado al Ejecutivo a tomar la decisión.
Según la responsable de Economía, antes del 31 de julio todas las empresas que superen en seis el número de consejeros deberán reducirlo al menos en un 15%, lo que supondrá una amortización de 150 puestos. Además, se recortarán los puestos directivos en al menos en un 19%.

Mucho despilfarro y poca eficacia

Artículo de "Diario de Avisos" 25/04/2010

La actual crisis económica, entre otras muchas cosas, ha puesto en entredicho el actual Estado del Bienestar. Para mantenerlo, las administraciones están obligadas a replantearse sus políticas presupuestarias, una asignatura que, la mayoría, suspende de manera sistemática. Es el caso de Canarias, donde el propio Gobierno regional reconoce que el sobrecoste que genera la política impide afrontar la recesión con solvencia. Por ello, el Ejecutivo está estudiando un plan de austeridad que, aún sin concretar, debe ser la herramienta sobre la que se sustente la recuperación.Para analizar esta cuestión, DIARIO DE AVISOS ha sentado en la misma mesa a representantes de las principales formaciones políticas de la Isla, Coalición Canaria (CC), Partido Socialista (PSC-PSOE), Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IUC).Para el socialista Javier Abreu, secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva del PSC, "la administración canaria tiene un exceso de gasto". "Hay cerca de 20 empresas públicas que hay que reducir, organizar y estructurar de una manera diferente, para que sean verdaderamente eficaces; y es necesario eliminar un montón de puestos innecesarios, como asesores y directores generales, para que se pueda prestar un servicio más eficaz". Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ex portavoz del Grupo Parlamentario Popular, coincide con Abreu, aunque deja claro que "el debate es complicado, y no se puede centrar sólo en la Administración pública canaria, sino en el conjunto del Estado". "La Administración, por sí sola, siempre tiende a expandirse", recalca Pérez-Camacho, quien recuerda que "en Canarias, además, se da una peculiaridad, como es la existencia de los cabildos, que compiten en competencias con el Gobierno de la región, lo que contribuye a aumentar el gasto".En esta misma línea, el coordinador de IUC en Tenerife, Ramón Trujillo, considera que en la Administración pública canaria actual hay dos problemas: uno es el "despilfarro", que viene dado por el excesivo el número de cargos públicos, cargos que, según él, se asocian normalmente a unos salarios privilegiados y a otras prácticas que son expresión de una "pésima cultura democrática". Por otro lado, continúa Trujillo, está "el espectáculo al que estamos asistiendo de desprestigio del sector público, porque se está insistiendo permanentemente en la idea de que los funcionarios son un costo excesivo y de que hay demasiada gente en la Administración, lo que supone una carga para la Comunidad Autónoma".Al respecto, la diputada regional de CC Dulce Pérez opina que "con menos gasto se deberían poder hacer más cosas". Según ella, "hace falta una transformación profunda de la Administración de la Comunidad Autónoma", así como un "mayor control de cada departamento". "Hay que analizar profundamente qué cargos sobran y qué funcionarios son necesarios". En este sentido, Javier Abreu tiene claro que "el verdadero problema es que el Gobierno canario no ha hecho ningún plan de ajuste, y estamos igual que hace dos años". "Ahora dicen que lo van a estudiar, cuando queda un año para las elecciones. Lo lógico es que lo hubieran planteado hace tiempo, pero han preferido mirar para otro lado, sin aplicar medidas ni soluciones eficaces".Miguel Cabrera no es tan drástico como el dirigente socialista, y apela a cuestiones más de fondo. Por ejemplo, para el diputado popular, hay un tema importante que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, como es "la directiva Bolkestein, una de cuyas partes habla de la reducción de los procedimientos administrativos y la burocracia". Y es que, según Cabrera, "una de las principales causas del crecimiento desmesurado de la Administración canaria es la inseguridad jurídica existente, sobre todo a nivel local".Dulce Pérez, sin embargo, cree que el sobrecoste de la política está íntimamente relacionado con la credibilidad de la clase política. "Cada vez los partidos políticos están más lejos de lo que piensan los ciudadanos, porque el sistema de representatividad no funciona, necesita una profunda transformación", subraya la diputada de CC, para quien una de las medidas a considerar sería el sistema de listas abiertas en los partidos.Ramón Trujillo, por su parte, denota que "la articulación legal de la Comunidad Autónoma se viene haciendo mal desde hace muchos años, y es culpa tanto del Parlamento, como de los cabildos y las corporaciones locales". Para el coordinador de Izquierda Unida Canarias en Tenerife, "estamos hablando de que la Administración está inflada, pero la media nacional de funcionarios públicos está por debajo de la media europea". "Todo tiene que ver con la baja calidad de nuestra democracia", espeta Trujillo, quien añade que "el sistema electoral reconduce a medio plazo el sistema y deja a gente fuera de juego".Javier Abreu coincide con el dirigente de IUC, pero insiste en que "el verdadero problema de Canarias es que la Administración autonómica no funciona, porque quien la gestiona no coordina, no legisla y cuando ve un problema no sabe cómo solucionarlo". "Han seguido engordando la maquinaria y no han sabido gastar sus propios recursos; y ahora que estamos en una época de crisis no han puesto sobre la mesa ningún plan para corregirlo", concluye.

¿Recortes en el capítulo I en los próximos años?

Artículo de "El Dia" 18/04/2010

El Cabildo de Tenerife ha elaborado un plan de austeridad en el que se verán implicados las áreas, organismos autónomos y empresas de la Corporación con el objetivo de hacer frente a los efectos de la crisis durante los próximos tres años, una iniciativa que desde el comienzo de año los técnicos del área de Hacienda han ido desarrollando hasta que finalmente lo han llenado de contenido. Este plan de austeridad tendrá un periodo temporal de ejecución de entre el ejercicio 2011 y 2013 y dará prioridad al recorte del gasto corriente del presupuesto global en cada una de las áreas, organismos autónomos (queda exento el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria) y empresas en las que más del 50% de sus ingresos sean aportados por el Cabildo. Este ajuste se centrará, sobre todo, en el gasto corriente y afectará también al gasto de personal en igual medida en un porcentaje del 5% ya para el próximo ejercicio 2011, "un año especialmente duro para las administraciones públicas debido a la caída de ingresos producto del periodo de crisis que existe en la actualidad", adelantó el responsable de Hacienda, Víctor Pérez. El plan de austeridad es una planificación presupuestaria y financiera hasta el año 2013, incluido, para una coyuntura que será complicada para el conjunto de las administraciones públicas. "Ya veníamos trabajando desde principios de año en este proyecto en el que han estado colaborando hasta 5 economistas coordinados por mí, incluidos los dos jefes de servicios, la de Presupuesto y gasto Público y el de Gestión Financiera y Presupuestaria", dijo. El plan de austeridad de la Corporación insular, que ya fue aprobado el lunes, día 12, en el ámbito del Consejo de Gobierno, plantea un periodo de tres años para su desarrollo, un tramo temporal que se complementa con las acciones llevadas a cabo ya en el propio presupuesto de la Corporación para el presente ejercicio. En este caso, el plan que se llevará a la práctica los próximos ejercicios, una vez que se lleve a Pleno y se apruebe, traerá consigo ajustes para minimizar los efectos de la crisis sin que se merme la atención al ciudadano y el correcto funcionamiento de todas dependencias del Cabildo insular. Periodo 2011-2013.- De esta forma, el planteamiento para el próximo ejercicio 2011, "el más complicado, sin duda, para el sector de las administraciones públicas", es que el gasto corriente del conjunto de la organización se reduzca al menos a un 5% con una sola excepción, el IASS, que no ahorrará en esta materia. Es significativo, además, que habrá una reducción en el gasto de personal. "Hasta que no llegue la elaboración del presupuesto de 2011 no estaremos en condiciones de establecer esa cifra porque esa reducción, al igual que este año, hay que negociarla", explicó. Por otra parte, para el ejercicio 2012, para el gasto corriente del conjunto de la organización se plantea unos gastos similares, pudiéndose hablar de "congelación" en este apartado. Nuevamente, el gasto corriente relativo al IASS se convierte en excepción, ya que se prevé, incluso, un incremento en este apartado del 3% con respecto a 2011. "Es un planteamiento político que el gasto social sea prioritario y eso, además del discurso, hay que manifestarlo en los datos económicos en función de los recursos disponibles". Por último, la previsión para 2013 es que por fin el gasto corriente inicie su escalada positiva. En este sentido se espera que el gasto corriente se incremente un 3% en todas las áreas, organismos autónomos y empresas, siendo el IASS nuevamente la excepción porque incrementará su gasto corriente en dos puntos con respecto a 2012, pasando del 3% al 5%. Rigor y realismo.- Víctor Pérez destacó que el objetivo de esta plan, que está hecho "con rigor, realismo, prudencia y conservadurismo", es pasar la coyuntura económica difícil durante los próximos dos años, haciéndola compatible con seguir manteniendo un dinamismo inversor similar a años anteriores con proyectos fundamentales el futuro desarrollo de la Isla en sectores estratégicos a través de políticas e instrumentos que hemos venido conformando durante los últimos meses. Me refiero a las políticas de infraestructuras hidráulicas, innovación tecnológica, apoyo al sector primario, inversión en infraestructuras turísticas, gestión de residuos o movilidad, entre otros". En su opinión, "nosotros estamos en una situación más favorable para hacer frente a esta crisis con la planificación, como consecuencia de que en los tres últimos ejercicios hemos llevado el ajuste del efecto de la crisis, básicamente, al gasto corriente, incluyéndose gastos de personal, que este año ya bajó a un 5%.

Anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria

Artículo de "La Opinión" 16/04/10

El panorama pinta mal. Quizás, incluso, podrían empezarse a oír los tambores de guerra vía jornadas de huelga en el sector del funcionariado público de Canarias. Esa, al menos, es la impresión que algunos empleados públicos dejaron en sus respuestas a las preguntas de este periódico en relación al proyecto de ley que reformará la aprobada el 30 de marzo de 1987. La cuestión no es que no se entiendan algunos de estos nuevos aspectos introducidos en la ley, los funcionarios se plantean cómo y a través de qué figura se va a introducir la evaluación profesional, o dicho de otro modo, el exigir un mayor rendimiento en el desempeño de sus funciones que, de aprobarse la ley en los términos actuales, controlará la conducta y la productividad pudiendo, incluso, apartar del servicio a aquellos funcionarios que cometan negligencias o incumplan órdenes. Esa suspensión de empleo y sueldo podría llegar hasta los seis años en los casos graves. La mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo con la introducción de este tipo de medidas ya que, por otra parte, se aplican desde siempre en la empresa privada a aquellos trabajadores que demuestran negligencia o incumplen órdenes rescindiéndoles sus contratos definitivamente. Sin embargo, son muchos los funcionarios que auguran oscuras prácticas cuando la norma esté aprobada y aseguran que "lo más probable es que quienes deban tomar la decisión o estén facultados para calificar el rendimiento de los empleados públicos sean personal de confianza o afín políticamente al Gobierno de turno". Añaden que "sospechamos que puedan tomarse decisiones contra funcionarios que no disimulen sus discrepancias". Todos los funcionarios entrevistados fueron invitados a que expresaran sus opiniones y dieran su nombre y cargo, sin embargo todos y cada uno declinaron hacerlo aunque estuvieron de acuerdo en manifestarse. Una de las funcionarias entrevistadas destacó que "me resulta extraño que algunas de las normas sólo se vayan a aplicar a determinados profesionales que trabajan en la administración pública mientras que a otros se les deja fuera" y argumentó que "por ejemplo, a los periodistas que trabajan en los tantísimos gabinetes de prensa que existen o en la radiotelevisión pública que depende del Gobierno autonómico y a estos trabajadores no parece que se les vayan a exigir las mismas medidas". En este sentido, continuó, "me asombra que en un proyecto tan importante a algunos profesionales que forman parte de la administración no se les nombra" y se cita en cambio a "sociólogos, abogados, graduados sociales".

Arbitrariedad

Otro de los funcionarios encuestados, también empleado de la administración autonómica, destacó que "nos tememos que al final las decisiones sobre quien rinde más o menos las tomen personas que estén en puestos de confianza y que la medida que se intenta introducir no sea más que un filtro de control sobre aquellos trabajadores que pasan por el aro y cumplen órdenes meramente políticas". Afirmó que "de la misma forma que, digamos, se han politizado algunos cargos de la administración. Este cambio también supondrá que se limite el acceso de un funcionario a un buen puesto a través de un concurso de méritos ya que si no pasas por el filtro, pues se lo cargan". Este empleado público llegó a poner el acento en que "con la introducción de medidas de este tipo lo que se pretende es que se pierda la estabilidad laboral en la función pública creando situaciones de precariedad laboral ante decisiones que puedan tomarse de forma arbitraria por parte del jefe de servicio o de departamento". Añadió que "no podrán echar a la calle a un funcionario pero podrían limitar el acceso a un puesto superior que se haya ganado por concurso de méritos" e, incluso, un trabajador que no supere los criterios de la evaluación de rendimiento, puede perder la categoría y, con ella, su salario "o que el criterio se convierta en una medida para deshacerse de empleados públicos y recortar gastos".

Problemas de salud en el Edificio de "Telefónica" III

En la reunión en el día de hoy del Comité de Seguridad y Salud se comunica a los Delegados de Prevención del hallazgo el pasado miércoles 16 de abril de restos de fibra de vidrio en el "falso techo" de la 4 planta del antiguo Edificio de Telefónica que, a juicio de la Unidad de Prevención, es muy probablemente el causante de la afecciones dérmicas y oculares del personal de dicha planta. En breve se procederá a una limpieza de tipo industrial de estos restos de la antigua canalización del aire acondicionado que no fueron retirados por la empresa encargada de las obras de adecuación del Edificio.

Reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud

Mañana viernes 16 de abril se convoca de forma extraodinaria al Comité de Seguridad y Salud con el siguiente orden del día:

• Actuaciones adoptadas y, en su caso, medidas a tomar con relación al Edificio de esta Corporación, sito en la Calle Alcalde Mandillo Tejera, nº 8 de esta capital.

Reducción de aportaciones al Plan de Pensiones

Miércoles, 10 de marzo de 2010.

DESTINATARIO: Sra. Dª ROSA BAENA ESPINOSA, Coordinadora General de Recursos Humanos y Defensa Jurídica:

Teniendo en cuenta que las bases de ejecución de los presupuestos del Cabildo de Tenerife para el año 2010 prevén una reducción de las aportaciones al Plan de pensiones por parte de la Corporación del 0,5% al 0’3% de la masa salarial, coincidiendo con los recortes aprobados por la Administración Central,
Teniendo en cuenta que el Acuerdo de la Mesa general de la Corporación de fecha 26 de noviembre de 2009 no incluye el compromiso de incrementar paulatinamente las aportaciones durante los años 2011 y 2012, a fin de recuperar el nivel de aportaciones previsto, tal y como sí lo hizo el acuerdo del Estado,
Teniendo en cuenta que el Reglamento de especificaciones del Plan de Pensiones del Cabildo prevé la posibilidad de que el importe que realiza el Promotor pueda modificarse como consecuencia de lo previsto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o de lo que se establezca mediante negociación colectiva en el marco de lo dispuesto en las leyes, pero considerando que este Reglamento no establece la misma posibilidad de modificar las aportaciones de las/los partícipes, estableciéndolas en el equivalente al 1 por 100 del salario regulador mensual, de manera permanente,
Considerando además que según el Reglamento de especificaciones (art. 14.9), el dinero invertido en el Plan de pensiones del Cabildo, no se puede retirar ni traspasar a otro fondo hasta que se produzca el cese de la relación laboral con el cabildo o la contingencia (jubilación o fallecimiento),
Y considerando finalmente que hay empleadas/os que tienen otros Planes de pensiones con otras entidades y les puede interesar hacer sus aportaciones personales a otros planes que permitan movilidad o tengan mayores rendimientos.
Esta sección sindical SOLICITA:
Que se tomen las medidas necesarias a fin de que las/los partícipes puedan reducir sus aportaciones obligatorias en los mismos porcentajes en que las Bases de ejecución de los presupuestos reducen las aportaciones que realiza la Corporación hasta el momento en que se recupere el nivel de aportaciones previsto inicialmente en el Reglamento de especificaciones, y se realicen consecuentemente las modificaciones precisas en el Reglamento correspondiente.

Problemas de salud en el Edificio de "Telefónica" II

Lunes, 5 de abril de 2010.

DESTINATARIO: SRA. COORDINADORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DEFENSA JURÍDICA

A partir del traslado de gran parte del personal que trabajaba en el Edificio Anexo al Palacio Insular a las dependencias de la calle Alcalde Mandillo Tejera, (antiguo Edificio de Telefónica, tm. de Santa Cruz de Tenerife), un número significativo de compañeros y compañeras de estas oficinas han comenzado a presentar distintos problemas de salud tales como dolores de cabeza, afecciones respiratorias, dermatitis, afecciones de garganta, conjuntivitis, etc., principalmente entre los que trabajan en la 1ª y 4ª planta del citado edificio. Debido a la persistencia de estos síntomas así como al elevado número de compañeros y compañeras afectadas, se solicita lo siguiente: · Que se clarifiquen de los hechos referidos, detección de su posible origen y medidas a adoptar en su caso. · Que se informe al personal con Centro de Trabajo en el Edificio de la calle Alcalde Mandillo Tejera de las conclusiones de las indagaciones así como a esta Sección Sindical.

Problemas de salud en el Edificio de "Telefónica"

Desde el traslado de muchos compañeros y compañeras desde el Edificio Anexo al Palacio Insular al antiguo edificio de "Telefónica" se ha detectado un aumento de algunos problemas de salud, sobretodo de tipo ocular y dérmico. Desde esta Sección Sindical remitirá en breve un escrito a la Coordinadora General de Recursos Humanos y Defensa Jurídica solicitando una investigación de este suceso, la constatación del aumento de problemas de salud así sus posibles orígenes y soluciones. Solicitamos a todos los compañeros y compañeras que trabajan en este edificio que nos hallan llegar sus quejas en relación a este tema.