La Audiencia Nacional lleva al Constitucional el recorte a los empleados públicos

Diario El Pais, 28 de octubre de 2010

La Audiencia Nacional ha llevado hoy al Tribunal Constitucional el tijeretazo a los salarios de 1.700 empleados (contratados, no funcionarios) de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Dicho recorte salarial fue establecido por el decreto ley de medidas extraordinarias de reducción del déficit, que fijó una rebaja generalizada del 5% para funcionarios y empleados públicos y que aprobó el Gobierno el pasado 20 de mayo. Por eso, la resolución del caso de esta empresa pública podría afectar a parte de los 709.491 trabajadores contratados del sector público.

Auto de la Audiencia Nacional sobre el decreto ley que recorta el salario a empleados públicos

DOCUMENTO (PDF - 4,41Mb) - 28-10-2010

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La Constitución establece que el Gobierno puede dictar decretos leyes en caso de "extraordinaria y urgente necesidad" (algo en lo que no entran los magistrados); pero la Ley Fundamental también afirma que esos decretos leyes no pueden afectar a "derechos, deberes y libertades de los ciudadanos".

La Sala de lo Social considera que en este caso puede existir vulneración de derechos fundamentales; en concreto, los de libertad sindical, negociación colectiva y el principio de igualdad de los 1.700 empleados públicos de la FNMT. En el caso del principio de igualdad, la cuestión es por qué el decreto ley afecta a los trabajadores de la FNMT y no a los de organismos similares como Renfe, ADIF y AENA.

Además, "los magistrados no creen constitucionalmente posible que se pueda suspender, modificar o suprimir un convenio colectivo durante su vigencia a través de un decreto ley", indica el comunicado difundido por este tribunal.

"Tenemos dudas sobre la constitucionalidad de la nueva redacción" de los artículos que establecen el tijeretazo. Dicha redacción "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical", así como "al derecho a la negociación colectiva", declararon en una providencia el pasado día 7 los magistrados.

En el auto, los jueces subrayan que funcionarios y personal contratado tienen dos regímenes de negociación colectiva diferentes, aunque ambos deban negociar conjuntamente los incrementos salariales globales que deben incluirse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado

Los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos

Diario Expansión, 25 de Octubre de 2010

El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, ha reclamado que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan una estabilidad laboral similar a la de los trabajadores de la empresa privada.
Andic apuesta por "una retribución variable y una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la empresa privada, de cara a las nuevas incorporaciones porque se entiende que los derechos adquiridos no se pueden tocar", aclaró este lunes en una rueda de prensa celebrada en el marco del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
Andic, que también es presidente de Mango y sustituye a Simón Pedro Barceló tras dos años en el cargo, ha matizado que las remuneraciones de los empleados públicos deben ser "variables para ganar eficacia y rentabilidad" en la administración pública.
Su propuesta sólo sería para las nuevas incorporaciones ya que los que ahora son funcionarios tienen derechos adquiridos, explicó.
Además, Andic, que es a su vez presidente de Mango, dijo que otros objetivos del IEF son pedir a la Administración Pública que invierta más en educación y formación profesional para que los jóvenes estén al mismo nivel que los de Reino Unido, Francia o Alemania y puedan hablar inglés, lo que en su opinión ha podido frenar la internacionalización de algunas compañías.
También abogó por reducir las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social o eliminarlas durante los dos primeros años de trabajo en el caso de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Todo ello, sin obviar que el "talón de Aquiles" de las empresas sigue siendo la financiación, por lo que ante la necesidad de que se acometan todas estas reformas, el director general del IEF, Fernando Casado, abogó por que el Gobierno tenga "un programa definido que establezca los temas".
Mientras tanto, la empresa familiar confía en que el Gobierno irá solucionando poco a poco los problemas de España y piensan que el cambio de Gobierno ya "da una confianza" y "creemos que va en positivo", y le ha pedido al Gobierno que lleve a cabo "sin dilación" todas las promesas económicas que "tenía hechas" y ha alabado el reciente cambio del Ejecutivo porque "da confianza".
En este sentido, el director general del Instituto de la Empresa Familiar, Fernando Casado, ha añadido que el Gobierno "tiene que adelantar las reformas, decir cómo van a desarrollarse" para "dar confianza a las entidades financieras extranjeras porque la necesidad de España está en la financiación".

Los franceses reiteran su "no" a la reforma de las pensiones

Diario Público, 17 de Octubre de 2010

Más de dos millones de franceses volvieron a salir ayer a la calle de buen humor para oponerse al recorte de pensiones públicas programado por Nicolas Sarkozy. Las marchas sirvieron para arropar y defender las huelgas y bloqueos de las 12 refinerías del país, cuando empieza a cundir el pánico entre cientos de miles de automovilistas. Las autoridades francesas se vieron obligadas ayer a reconocer que el principal aeropuerto internacional, París-Roissy, estaba casi a seco de queroseno, pocas horas antes de que un portavoz oficial anunciara finalmente la reapertura del oleoducto que surte al aeródromo.

"Los viejos en la miseria, los jóvenes malviviendo: esa sociedad no la queremos". Este eslogan ha ido ganando peso en las ocho jornadas de acción y manifestaciones que ha vivido Francia en el intento de parar la reforma. Y ayer fue el más repetido por todo el país en las más de 260 marchas organizadas. El lema se ha convertido en el resumen del sentir de los franceses, tanto en la calle como en sondeos que indican una oposición del 70% de la opinión pública al recorte de pensiones y un apoyo del 60% al movimiento social.

La policía reduce a 825.000 personas la afluencia a la manifestaciones

La guerra de cifras de ayer entre el Ministerio de Interior y los sindicatos se saldó de nuevo con una disparidad enorme. La policía contó 825.000 manifestantes en todo el país, cosa que permitió al Gobierno, por boca del ministro de Trabajo, Eric Woerth, afirmar: "Hay menos manifestantes".

El principal sindicato francés, la Confederación General del Trabajo (CGT), contabilizó "casi tres millones" de personas en las marchas, lo que también equivale a reconocer que hubo menos participación que el pasado 12 de octubre.

Dos grandes cortejos
A la luz de lo observado en París, con dos cortejos separados por grandes bulevares del este entre la Plaza de la República y la Plaza de la Nación, la cifra real de manifestantes parece más cerca de lo que dicen los sindicatos que del recuento policial. Los agentes sólo vieron a 50.000 personas en la capital, mientras que los sindicatos contaron unas 310.000. Según periodistas franceses, probablemente había más de 50.000 personas en cada uno de los dos cortejos.

Con el cálculo de la policía o de los sindicatos en la mano, la consecuencia es la misma. El movimiento alcanzó en las marchas del 12 de octubre, con casi 3,5 millones de personas, probablemente todo lo que puede dar en términos de manifestaciones pacíficas. La protesta de ayer también lo fue; sólo se produjo algún incidente aislado, como el enfrentamiento entre unos jóvenes, que rompieron algunos escaparates, y la policía, que terminó con 30 detenciones en la parisina Plaza de la Bastilla.

Un enfrentamiento de varios jóvenes con la policía acabó con 30 detenidos

Cierto es que ocho jornadas de acción en casi ocho meses es mucho para los pies de los ciudadanos. Pero lo relevante de la jornada de ayer fue su significado político. La determinación de los manifestantes es feroz y sus argumentos están razonados frente a un Gobierno que repite que lo que hace es salvar las pensiones.

Como los argumentos de Juliette, de 25 años, que viene del departamento más popular de la periferia de París, el llamado Neuf Trois (Nueve Tres). Bajo su pancarta entre gore y gótica hecha a mano con la inscripción "Metro, curro, y a la tumba", explica: "Precisamente porque somos jóvenes se trata de luchar contra esta vida en la que nos proponen que trabajemos hasta la muerte".

A la intervención capciosa del periodista que destaca que el Gobierno dice que la reforma busca salvar las pensiones futuras de los jóvenes, la chica responde: "Miente. Precisamente es lo contrario: el Gobierno aplaza la entrada en vigor de la reforma y seremos sobre todo nosotros quienes cargaremos con la obligación de trabajar hasta viejos".

Esto es exacto. Las disposiciones para retrasar la edad de jubilación y aumentar los períodos de cotización obligatorios entrarán en vigor, de aprobarse la reforma, a partir de 2023. Quienes hoy tienen menos de 50 años pagarán la factura más elevada del plan.

Son numerosos los ejemplos de jóvenes con ese estado de ánimo: el de defender un modelo social. Y son también numerosos quienes se dicen dispuestos a mantener su apoyo a los huelguistas de las refinerías e ir hasta un bloqueo del país. Como Juliette: "Sí, los apoyo al 100% y los apoyaré. Iré a unirme al bloqueo si es necesario en bicicleta o a pie".

Según las petroleras, el consumo de carburantes se ha duplicado en esta semana

Porque las 12 refinerías del país están en huelga y diez de ellas paralizadas o en curso de paralización. El resultado, de momento, es que "230 gasolineras de un total de casi 13.000 (un 2%) están sin carburante", según la ministra de Economía, Christine Lagarde. Si se le suman las gasolineras en las que ciertos carburantes ya no están disponibles, es más del 10% de los puntos de abastecimiento.

Los medios franceses dieron cuenta ayer de numerosas gasolineras en las que las colas se ven ya desde lejos y el ministro Woerth pidió a los automovilistas que "no cedan al pánico". Es tarde. Según las petroleras, el consumo de carburantes se ha duplicado en esta semana.

"Operaciones puñetazo"
El bloqueo de los obreros de refinerías y depósitos intermedios de carburante empezó ayer a recibir apoyo de los camioneros, cuyo sindicato les ha pedido que se sumen al movimiento. A partir del lunes, la CGT va a empezar a organizar "operaciones puñetazo" en un tercer sector estratégico: los empleados de los blindados de transportes de fondos iniciarán huelgas destinadas a perturbar esa actividad clave para la banca y los hipermercados. Como en todas las acciones anteriores, serán organizadas de forma que resten el mínimo de horas de sueldo a los trabajadores, conserven el apoyo de la opinión pública y provoquen el máximo daño a la gran patronal.

El Senado proseguía anteayer y ayer sus debates. Pero ya no lo hace como si nada

El Senado proseguía anteayer y ayer sus debates. Pero ya no lo hace como si nada. Por tercera vez consecutiva, se registró un fenómeno extraño: los senadores rechazaron el aumento de la edad de jubilación de los enfermeros, después de haberlo hecho con la de los militares y la de los parlamentarios. Tras 18 modificaciones del proyecto de ley, una cosa está clara: esta mantiene regímenes distintos de jubilación por profesiones (una diferencia que nadie comprende) y, tras el Senado, deberá ir a una Comisión Mixta antes de regresar al pleno.

El martes, una nueva jornada de manifestaciones familiares en todo el país arropará a los huelguistas. Entre tanto, y a convocatoria de la CGT, los ferroviarios endurecerán a partir del lunes su propia huelga.

Ser Antisistema

Diario Público, 6 de octubre de 2010

Los acontecimientos que acompañaron la, en buena medida exitosa, manifestación del 29-S en Barcelona y en otros lugares, han puesto de actualidad un debate sobre qué es ser antisistema en la sociedad actual. Si partimos del sistema actual, que puede ser denominado como la globalización capitalista neoliberal patriarcal e imperialista, puede que podamos posicionarnos como pro o antisistema.

Este sistema al que se oponen más de los que se quiere aceptar, es cierto que es en cierto modo global, porque está extendido -y sigue haciéndolo-, por todo el mundo, pero este no es en principio el problema principal. Una de las cuestiones principales es que es también capitalista, de esto ya no cabe la menor duda, porque tras la caída del Muro de Berlín -y sin ella- es evidente que el primero de los elementos a la hora de tomar decisiones de calado político es “don dinero”, es decir, la política, la ética o la espiritualidad son una pura anécdota con respeto al beneficio económico. Se trata de un sistema neoliberal, porque sobre todo desde los años 80 son las políticas que promueven la desregulación de los mercados y la minimización del Estado las que rigen las políticas económicas, dejando en manos del empresariado (la temible patronal del Sr- Díaz Ferrán y compañía) el grueso de las decisiones de nuestras vidas. Es patriarcal, como siempre, porque es el hombre (el macho) quien ha dirigido los designios de la Humanidad con los resultados que conocemos, estando por ver qué ocurriría en un mundo donde la feminidad tuviera más que decir. Es imperialista porque son ahora las naciones eminentemente capitalistas y neoliberales (entre las que nos incluimos) las que a fuerza de dar gusto a sus empresarios, invaden países por la vía de las armas o de los acuerdos económico-comerciales y de cooperación, sin más objetivo que el de ampliar mercados, su acceso a recursos, su cuenta bancaria y, por tanto, su poder en un mundo regido por el capital.

Ser antisistema es, no solo una buena opción, sino puede que la única. Porque no creo que, más allá de en las mentes de codiciosos empresarios y gobernantes, pueda caber la promoción de un sistema que genera mil millones de hambrientos, cien mil muertes diarias fácilmente evitables y decenas de conflictos armados y violencia generalizada.

Pero no puede ser antisistema quien quiere enfrentarse a aquello que quiere cambiar, usando algunas de las estrategias del mismo. Es decir, la violencia de algunos de los mal llamados antisistema simplemente los convierte en promotores del sistema, porque de este modo están legitimándolo y, lo que es peor, deslegitimando a quienes trabajan diariamente por la transformación social, la del sistema. No cabe olvidar tampoco la violencia del sistema, que la hay y no es poca y es sabido que es utilizada para minar los esfuerzos antisistémicos.

En fin, que la triste violencia del 29-S, de la que los medios de comunicación (del sistema) han hecho buena difusión por diferentes razones, no nos quite la ilusión de ser antisistema.

Prórroga de la Póliza Sanitaria

El día 1 de octubre se prorrogó el contrato con la empresa ADESLAS para la prestación de la póliza sanitaria que facilita la Corporación a sus empleados.
Dicha prórroga anual se realiza en las mismas condiciones que se estaba prestando, con la única variación según establecía el propio pliego de condiciones de una leve modificación en el precio (I.P.C.). El citado aumento por cada empleado es asumido por la Corporación, y los otros incrementos aplicados, (para la extensión de “hospitalización” o la de los familiares incluidos en la póliza), será asumida por cada empleado. Este aumento se traducirá en una subida no superior al euro en cada caso.

Providencia de la Audiencia Nacional contra el recorte del 5% a empleados públicos

Diario El Mundo, 7 de Octubre de 2010

La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada hoy por CCOO.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público y que incluye la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público.

De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.

La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.

En concreto, la Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Según el abogado de CCOO Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.

Dudas también sobre el derecho de igualdad

Igualmente, los magistrados de la Sala también tienen sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad. El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

Recorte y congelación en 2011

La rebaja salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo oscila entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional. Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%.

Estas medidas comenzaron a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre -sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre-. Tras este recorte, los salarios públicos han quedado congelados en 2011.

Este recorte salarial ha provocado la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos, entre ellos CCOO, UGT y CSI-CSIF y el Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública ANPE, así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.