miércoles, 13 de julio de 2011

El Gobierno insular pide a la Fiscalía que investigue la carta de Vicenta Díaz

El Dia, 13 de julio de 2011

El Gobierno del Cabildo Insular entregó a la Fiscalía anteayer por la tarde el expediente de información reservada que sobre el contenido del documento atribuido a Vicenta Díaz -consejera recientemente fallecida, en el que se vertían "acusaciones muy graves" contra el presidente de la Institución, Ricardo Melchior- elaboró la administración. El objetivo es que se esclarezcan todos los hechos denunciados en dicho escrito y la autoría del mismo.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gobierno Insular después de conocer el contenido del expediente interno, del que "se infieren acusaciones muy graves" de irregularidades administrativas, "atentando contra la buena imagen y honorabilidad del presidente de la Corporación y de los funcionarios" que actuaron en diversas mesas de contratación. Además, y de forma relevante, el grupo de gobierno quiere que se dilucide la acusación de maltrato psicológico tanto a consejeros como a trabajadores que se dirige a Melchior.

La coordinadora de Recursos Humanos y Defensa Jurídica del Cabildo, Rosa Baena, informó de que la conclusión del expediente es que "todas estas acusaciones, excluidas las de índole personal, carecen de total fundamento".

El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, dijo que "nuestro objetivo es clarificar todos los elementos contenidos en esa carta de forma que pudiéramos tener toda la información sobre los mismos desde el punto de vista administrativo y poder actuar en consecuencia".

El 16 de junio pasado fue cuando se dio a conocer el documento o carta que la consejera del PP, Vicenta Díaz, quería leer durante la última sesión plenaria del Cabildo del mandato anterior. El 2 de julio, su familia, tras haber fallecido la aludida (el 18 de junio), ratificó la autoría del escrito, su contenido y que el mismo fue firmado en su presencia estando la fallecida en plenas facultades. Además, pedían que los grupos políticos trasladaran a la vía judicial el documento para que se esclarezca qué hay de cierto en lo que en él está escrito.

Durante la rueda de prensa celebrada ayer, tanto Carlos Alonso como Rosa Baena y José Antonio Duque (vicesecretario general) aludían a Vicenta Díaz como supuesta autora del texto objeto de esta polémica.

Lo investigado

Duque explicó que el expediente de información reservada del que él fue el instructor se centró en el proyecto de la fase uno del anillo insular de telecomunicaciones de Tenerife (remitido íntegramente a la Fiscalía) y en los procedimientos de emergencia del plan especial de carreteras, formado por 51 obras. Al respecto, aclaró que no se detectó irregularidad alguna en sus tramitaciones.

Tras reiterar el respeto que merece al Gobierno insular la memoria de Vicenta Díaz, "la cuestión más grave es la utilización política que se ha hecho de esa carta". Dejando claro que CC y PSOE lo que buscan es que se esclarezca el tema, el vicepresidente indicó que, una vez haya un pronunciamiento de la Fiscalía sobre el contenido del documento, "al que ha tirado la piedra y escondido la mano le podrán venir determinadas resoluciones o consecuencias del procedimiento".

Es más, Rosa Baena aclaró que "la singularidad y la coincidencia de circunstancias tan tristes limitan, no solo jurídicamente, sino desde el plano moral y ético, el ejercicio de acciones legales dirigidas en distintos caminos".

Auditoría

En la misma reunión, a propuesta del vicepresidente segundo, Aurelio Abreu, el Consejo de Gobierno Insular decidió encargar una auditoría financiera y de cumplimiento a la Fundación Canarias Salud y Sanidad, en los ejercicios 2009, 2010 y los seis primeros meses de este año. El objetivo es comprobar el estado de las cuentas y analizar la legalidad en las contrataciones.

La auditoría a la Fundación Canarias Salud y Sanidad, que depende del Cabildo de Tenerife y está dedicada a la promoción de hábitos saludables entre la población, se sustenta en que la presentación de una serie de facturas sin avalar por el procedimiento administrativo adecuado a la legalidad, la contratación de personal sin el proceso selectivo, así como un embargo, por vía de apremio, de la Seguridad Social, según informó Carlos Alonso.

El ahora portavoz del Partido Popular y miembro del Gobierno insular durante el mandato anterior, Antonio Alarcó, era el responsable de esta Fundación. Fuentes próximas al mismo explicaron que ese embargo al que alude el actual vicepresidente es por 322 euros que no se abonaron a la Seguridad Social "porque el Cabildo no transfirió los fondos necesarios para pagarle a dos personas".

Se da la circunstancia de que la auditoría de 2008 está aún en fase de alegaciones y, por tanto, pendiente de la redacción final, aclaró Carlos Alonso.