El Cabildo gastará este año más de un millón en 34 cargos de confianza

El Dia, 30 de noviebre de 2011

A 34 asciende la cantidad de trabajadores que con el epígrafe "personal eventual" ha contratado el actual grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife desde el pasado 1 de julio. Esta cifra supone un empleado menos respecto a la que aparece en el listado oficial correspondiente al Presupuesto General de este año, publicado en la página 2.221 de la edición del 28 de enero del Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El pasado 17 de junio fue cuando tomó posesión la actual Corporación insular, cuya última contratación de personal de confianza se produjo el 19 de septiembre pasado, según el listado que fue publicado por el área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica en la edición del BOP correspondiente al viernes pasado.

Según ese listado, el gasto en este capítulo asciende a 1.036.694 euros, dinero que se invierte en una jefa de Gabinete de Presidencia, cargo remunerado con 61.550,42 euros; otra directora de Unidad, que cuesta 50.660,54 euros; un jefe de Gabinete de Prensa, con un coste de 51.557,96 euros, lo mismo que la jefa de Protocolo.

En el listado hecho público hace seis días, en el que se incluyen los nombres de los trabajadores por tratarse de dinero público, aparecen 14 puestos de asesor técnico (en la plantilla de personal eventual incluida en el Presupuesto se reflejaban 15), así como 16 puestos de secretaria.

Únicamente en el caso del jefe (en este caso jefa) de Gabinete de Presidencia se considera que el régimen de dedicación tiene carácter de especial, mientras que en los restantes 33 trabajadores de confianza su dedicación es de plena disponibilidad.

Un poco más

Teniendo en cuenta que hay tres puestos de asesor técnico con una remuneración superior (en más de 3.000 euros de media) a la del resto del personal con igual denominación y que en el listado de salarios anuales también se contemplan dos secretarias con un sueldo por ejercicio de 3.420,94 euros respecto a las 14 restantes, se desprende que este capítulo de gastos ha sufrido un incremento ligero después de la configuración del nuevo gobierno insular, integrado por Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSC-PSOE).

Fue el 22 de diciembre pasado cuando el equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife entonces (CC-PP) sacó adelante con sus votos el presupuesto de 684 millones de euros correspondiente a todas las áreas de la Corporación insular, organismos autónomos y empresas públicas en las que está presente de forma mayoritaria. El mismo supuso una reducción del 8,8% respecto al año 2010.

El PSOE, entonces en la oposición, presentó una enmienda a la totalidad y criticó abiertamente lo "antisocial" del presupuesto, así como lo sectario del mismo, asegurando que perjudica a muchos municipios de la Isla. Por otra parte, los socialistas también se mostraron contrarios a la prórroga de los plazos pedida por CC para los planes territoriales del tren del Sur y del Norte, así como del plan del transporte colectivo.

Menos de un año después, la oposición la forma ahora el PP y los socialistas están coaligados con los nacionalistas, cuentan con personal de confianza en el listado hecho público el viernes a través del BOP y la red ferroviaria de la Isla está en entredicho porque el Gobierno central no firmó el convenio que comprometía la financiación del año en curso.

El ‘caso Alarcó’, a los tribunales por 500.000 euros de gastos irregulares

Diario de Avisos, 11 de noviembre de 2011

Gastos irregulares por un montante de alrededor de 500.000 euros es el escandaloso resultado de la auditoría realizada por orden del Consejo de Gobierno Insular en la Fundación Canaria de Salud y Sanidad de Tenerife, dependiente del Cabildo, durante el tiempo que fue presidida por el consejero del PP Antonio Alarcó, entre 2009 y 2011. Al resultado de esta auditoría externa se adhirió ayer la Intervención del Cabildo durante el pleno extraordinario, lo que motivó el acuerdo de los grupos cogobernantes de CC y PSOE, a instancias del consejero socialista José Luis Delgado, de remitir el informe al Protectorado de Fundaciones Canarias “para que depure responsabilidades”.

Al inicio de la sesión, a la que no asistió ninguno de los consejeros del PP, el presidente Ricardo Melchior leyó un escrito de la Junta Electoral Provincial que desestimaba el recurso presentado el día anterior por los populares, pidiendo la suspensión cautelar del pleno, con la argumentación de que era un “maniobra política” y una “encerrona” en plena campaña.

Los cien folios del informe de Price Waterhouse Cooper Auditores, SL (PWC), es una relación interminable y minuciosa de gastos irregulares ordenados por Antonio Alarcó que, o no se corresponden con los fines de la Fundación Canaria Salud y Sanidad, o son “el incumplimiento más absoluto del procedimiento administrativo, sin cumplir con la normativa vigente en materia de contratación y haber obviado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

A puertas de la Justicia

La consejera de Acción Social y portavoz insular de CC, Cristina Valido, explicó a los periodistas al final de la sesión que las irregularidades desveladas por la auditoría se transmitirán al Gobierno de Canarias, “que es el que debe velar por el buen funcionamiento de las fundaciones”. Asimismo, indicó que la Corporación también remitirá a su servicio jurídico esta auditoría para que estudie “si hay delito” y si se acude a los tribunales.

El actual consejero insular de Bienestar, Sanidad y Dependencia, Aurelio Abreu, hizo un reconocimiento a la labor de los patronos de la Fundación, cuya “honorabilidad está fuera de duda”, subrayó. Lamentó la ausencia del PP y destacó que a día de hoy siguen apareciendo facturas irregulares y sin registrar del periodo presidido por Alarcó, “por lo que es difícil conocer el montante total de estos gastos”. Para poner fin a esta situación, el vicepresidente segundo anunció que se ha repuesto la antigua gerencia al frente de la Fundación y se ha implantado un procedimiento de control que ha incluido el despido de dos personas que habían sido contratadas a dedo por el consejero del PP con cargo a la Fundación.

El portavoz socialista José Luis Delgado dijo no estar “sorprendido” por los resultados de la auditoria en la Fundación, pues refleja “un estilo de gestión en el que el que tiene su finca invita a sus amigos a comer, a hoteles de lujo y les hace regalos usando dinero público”. Delgado destacó la irrefutabilidad de la auditoría, refrendada por la Intervención insular, y señaló que “nuestra obligación ahora es depurar responsabilidades y devolver el prestigio a la institución”.

Autobombo

La portavoz insular de CC, Cristina Valido, resaltó el prestigio de la empresa auditora y afirmó que el resultado revela “una manipulación inadecuada del dinero de los ciudadanos, un derroche para la propaganda y el autobombo, ajeno a los fines de la Fundación, sin expedientes, sin fiscalización y sin pasar por tanto por ningún órgano de control, ni de la Fundación ni del Cabildo”, en contra de lo argumentado por Antonio Alarcó.

Además, dijo que se pedirán explicaciones al PP por determinadas facturas cargadas a la Fundación de actividades relacionadas con la campaña electoral. “La ley tipifica estos actos. Debemos hacer que la ley actúe”, sentenció Valido.