miércoles, 25 de enero de 2012
El desprecio político al funcionariado
martes, 24 de enero de 2012
Faltan o sobran empleados públicos
Que el nivel de empleo público de nuestro país sea presentado constantemente como excesivo es algo que responde a prejuicios ideológicos y no a juicios racionales. Que el empleo público sea mostrado como parte de nuestros problemas económicos, y no como parte de la solución a tales problemas, es un éxito de la propaganda y un fracaso de la información que debiera hacernos reflexionar.
En la Unión Europea de los Quince (UE-15) -el grupo de Estados más ricos, en que se halla España-, los Estados con mayor tasa de empleados públicos sobre la población activa son Dinamarca (31,8%), Suecia (26,4%), Finlandia (25,1%) y Francia (24,3%). Pues bien, si echamos una ojeada a sus tasas de desempleo de 2010 veremos que todos estuvieron por debajo de la media europea de desempleo y, por supuesto, por debajo de la mitad de la tasa de desempleo española.
La tasa de empleados públicos de España supone el 12,9% de la población activa. Si nuestro país hubiera contado en 2010 con la misma tasa de empleo público que Suecia, habría dispuesto de 3.193.000 empleos adicionales y la tasa de desempleo se habría reducido al 6,2% (frente al 20,1% de entonces).
Sin embargo, si Dinamarca se hubiera visto obligada a reducir su nivel de empleo público al promedio de España, habría tenido que despedir a 548.000 personas y su tasa de paro habría aumentado desde el 7,4% hasta el 26%. Si Suecia y Finlandia hubieran recortado su empleo público al nivel español, habrían incrementado sus tasas de desempleo del 8,4% al 21,5% y al 20,5%, respectivamente. Francia habría despedido a más de tres millones de empleados públicos y habría superado el 20% de desempleo.
España necesita más empleo público, y no menos, para dejar de ser la locomotora europea del desempleo. Más gasto público y no menos, si queremos converger socialmente con nuestros vecinos europeos. Y, para ello, hay que recaudar más de quienes más tienen. En 2009, los ingresos del Estado representaron el 55,9% del PIB danés, el 54,8% en Suecia, el 53,4% en Finlandia, el 48,1% en Francia, pero solo el 34,7% en España.
Nuestro Estado recauda menos, proporciona menos empleo, menos calidad de vida y, asimismo, genera más desigualdad. En 2008, la renta media del 10% más rico de los daneses multiplicaba 5,5 veces la renta del 10% más pobre. En el caso de los suecos eran 6,3 veces, 5,4 los finlandeses, 7 los franceses y 11,9 los españoles. España lidera la desigualdad en la UE-15, y ello la hace más injusta, más ineficiente y líder en desempleo.
Necesitamos más Estado al servicio de la gente y menos Estado al servicio de la banca y el ladrillo. Hace falta más fiscalidad progresiva para redistribuir más la riqueza, crear empleo y expandir el Estado del bienestar. Hay que invertir más, tanto en investigación y desarrollo como en educación, para así facilitar un cambio de modelo productivo.
Los cuatro Estados que lideran las tasas de empleo público gastan entre el 2,02% y el 3,75% del PIB en investigación y desarrollo, frente al 1,3% de España, y entre el 5,5% y el 7,8% del PIB en educación, frente al 4,3% de nuestro país. Está claro que un futuro con futuro pasa por romper con las anteojeras ideológicas del pasado reciente y del presente y por dejar de confundir con información la propaganda.
lunes, 23 de enero de 2012
El Cabildo de Tenerife, a la cabeza de España con 75 empresas públicas
Diario ABC, 23 de enero de 2012
La base de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contabiliza 75 entes dependientes. El último «Informe de sociedades participadas» de la institución enumera 68. Figuran en la lista tres casinos; una litografía; una fábrica de «captadores solares»; plantas fotovoltaicas; parques eólicos; el matadero insular y hasta una granja dedicada a la fabricación de productos lácteos. Todos forman parte del entramado del Cabildo de Tenerife, una de las instituciones de ámbito local con la red empresarial pública más grande y diversificada del país. En realidad, y entre las diputaciones, consejos y cabildos, solo la supera en número la de la Diputación Provincial de Barcelona, si bien la cifra de ciudadanos es sensiblemente inferior en la isla (4,5 millones menos de habitantes). Surgidas en muchos casos al calor de los años de bonanza, las empresas del cabildo acumulan una deuda financiera de casi 300 millones de euros (277 millones al término de 2010).
La ortodoxia económica defiende que las empresas públicas solo han de constituirse cuando el sector privado no alcance a satisfacer determinadas necesidades. Según ha ido creciendo la crisis, han aumentado en Tenerife los reproches al cabildo insular, gobernado desde hace muchos años por los nacionalistas de Coalición Canaria (CC) —ahora con el apoyo del PSOE—, precisamente por no atender este principio. No en vano y cuando comienza el quinto ejercicio de estrecheces, la administración tinerfeña mantiene bajo su paraguas a cinco organismos autónomos; una entidad pública empresarial; una treintena de sociedades mercantiles; 18 empresas participadas por medio de sociedades; cinco consorcios y nueve fundaciones. Así y todo, y con arreglo al susodicho último «Informe de sociedades participadas» de la propia institución, al que ha tenido acceso ABC, lo más sorprendente no es ya su número, que también, sino las tan diversas actividades que abarca esta especie de holding.
Más del 25% de los ingresos del cabildo (casi 140 millones de euros) serán destinados durante este año para cubrir los gastos estructurales, entre otros entes, de la sociedad limitada Granja Teisol —una fábrica de productos lácteos— y de las sociedades anónimas Casino Playa las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz, que finalizaron 2010 —último ejercicio del que hay datos definitivos— con unas pérdidas, en conjunto, de cerca de 3,5 millones de euros. Ninguno de los tres establecimientos de azar y espectáculos dio beneficios, aunque no son los únicos ejemplos.
Buenavista Golf SA es otro caso. Creada con el objetivo primordial de «desempeñar las actividades necesarias para la gestión, urbanización, construcción y ampliación del campo de golf y los terrenos adyacentes», endosó a las arcas públicas de los tinerfeños un resultado negativo de casi 900.000 euros, unos 100.000 más de los que perdió en 2010 el Matadero Insular, del cual el cabildo controla el 33,7%. Mejor fue el ejercicio para la Litografía Romero (40,28%), aunque también terminara con pérdidas (426.000 euros).
Comunicación y energía
Claro que si hay sectores por los que parece tener preferencia la institución isleña esos son los de la comunicación y la energía. Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Soluciones Eléctricas Insulares, Solten III Arico (para el negocio de las energías alternativas o renovables), Canarias Submarine Link, NAP África Occidental-Islas Canarias, Eólicas de Tenerife, Parque Eólico Punta de Teno, Energía Verde de la Macaronesia (otro parque eólico)… En definitiva, un grupo de empresas que patronales como la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones (Asinelte) ha identificado con su «principal competidor». De hecho, la organización señaló en concreto al ITER, una de las «joyas de la corona» de la administración que preside Ricardo Melchior, por «hacer la competencia a las empresas tinerfeñas con el propio dinero de los impuestos que pagamos».
El PP, que fue socio de gobierno de los nacionalistas en la anterior legislatura, ha mantenido una postura similar a la de los empresarios y advierte de que el «holding» público «produce una intolerable competencia desleal con la iniciativa privada, lo que está generando un gasto estructural innecesario de 139 millones de euros, el 27% de los ingresos totales».
A las críticas de quienes entienden excesivo el número de empresas que dependen de la institución pública insular se suma además el hecho de que el resultado del ejercicio auditado en el informe, al considerar el conjunto de entes dependientes, ya sea en mayor o menor medida, asciende a solo 500.000 euros. Un año antes, en 2009, el resultado alcanzó los 5,7 millones.
miércoles, 18 de enero de 2012
domingo, 8 de enero de 2012
El Cabildo aprobó el Presupuesto con informe negativo de Intervención
La aprobación del Presupuesto General del Cabildo de Tenerife para 2012, realizada por el Pleno en la sesión celebrada el pasado 30 de diciembre de 2011 y con los únicos votos del gobierno insular (formado por CC y PSC-PSOE), se produjo a pesar de que el interventor de la administración emitió un informe no favorable.
Los argumentos en los que fundamentó la Intervención su conclusión fueron, esencialmente, que el Presupuesto reflejaba el uso de un crédito de 56 millones de euros para "la refinanciación de la amortización de la deuda pública emitida en el año 2007", cuyo vencimiento se producirá durante este ejercicio, así como la no inclusión de gastos plurianuales aprobados como compromisos adquiridos por la corporación.
El interventor del Cabildo de Tenerife, Antonio Messía de Yraola, expuso en el informe que emitió el 22 de diciembre pasado que el sentido negativo del mismo estaba justificado "al existir discrepancias en cuanto a la aplicación de preceptos legales en materia de endeudamiento y que afectan a la configuración de una operación financiera a largo plazo por importe de 56 millones".
Este documento fue respondido el 29 de diciembre pasado (víspera de la sesión plenaria de la aprobación del presupuesto) por el jefe del servicio de Gestión Financiera y Tesorería y por la jefa del servicio de Presupuestos y Gasto Público, José Manuel Govea y María Fernanda Barber, respectivamente.
En ambos casos, los informes de alegaciones tenían por objeto rechazar los motivos por los que el interventor no respaldaba el Presupuesto del Cabildo para 2012. Además de incidir en que el término refinanciación no es el adecuado para reflejar lo que el gobierno insular pretende con los 56 millones, esgrimieron que "en gran parte de su contenido, el informe no señala vulneraciones de preceptos legales en el documento presupuestario, limitándose a manifestar un conjunto de criterios y opiniones que, si bien resultan respetables, no suponen una aplicación directa de la normativa".
Es más, los técnicos que replicaron al interventor señalaron rotundamente que "muchas de las cuestiones que plantea el informe de Intervención no dejan de ser más que juicios de valor sobre cuestiones de oportunidad y no cuestiones de legalidad".
Contrarréplica
En lo que se escenificó como un cruce documental de discrepancias entre técnicos, el propio interventor respondió el mismo día 29 de diciembre a las alegaciones formuladas por los servicios de Gestión Financiera y Tesorería y de Presupuestos y Gasto Público.
En tal respuesta, Messía reiteró que el Cabildo no puede refinanciar la deuda pública emitida en el año 2007 mediante nuevo endeudamiento, ya que la legislación, a su juicio, determina que "solo podrá acudir al crédito público y privado para financiar sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de las operaciones preexistentes".
El interventor sostiene su tesis inicial a pesar de que las alegaciones incluyen un certificado de la Secretaría del Cabildo en el que se especifica que "ha quedado suspendida" la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera de las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales (dependiente del Ministerio de Economía) en la que se basa la opinión de Intervención.
El presupuesto del Cabildo para este año asciende a 669.563.703 euros, lo que supone una reducción del 2,2% respecto al anterior. El documento incluye la reducción del gasto en personal del 2,2% (67.633.790 euros), cifra importante teniendo en cuenta que la plantilla la forman 5.797 empleados, de los que unos 1.650 pertenecen a Titsa. También se contempla la bajada del 5% en gastos corrientes. Solo aumenta el IASS.