LA INFANCIA EN ESPAÑA 2012-2013. Informe de UNICEF España.

LA INFANCIA EN ESPAÑA 2012-2013. Informe de UNICEF España.

(Resumen comentado de Enrique Rodríguez-Salinas Pérez, del grupo de Cooperación 

internacional de AEPap)

El comité español de UNICEF ha hecho público su 2º informe anual sobre la 

infancia de nuestro país

1, que se ha acompañado de cierto revuelo en los medios de 

comunicación por sus resultados, poco alentadores para tratarse de un país 

desarrollado. 

La idea clave, que se transmite a lo largo de todo el informe es, que la carencia 

de recursos adecuados para la edad infantil no solo repercute desfavorablemente en 

esta población sino que tiene nefastas consecuencias para el futuro de todo el país a 

medio y largo plazo.

El informe se estructura en 3 partes y un anexo y se acompaña de un resumen 

con los hechos considerados claves

2, Intercala como recuerdo algunos de los artículos de la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN) que más relación tienen con los aspectos más preocupantes 

reflejados en el informe.

A) La  PRIMERA PARTE  analiza diferentes aspectos del  impacto de la crisis 

económica en nuestra infancia, a través de diversos indicadores recientes. 

Este impacto se atribuye, por un lado a las carencias en hogares con 

progenitores en paro prolongado, desahucios, salarios insuficientes, y por otro a las 

políticas que tratan de reducir el  gasto público a través de restricciones en los 

servicios educativos, sanitarios y sociales de ayuda a la infancia.

1.  LOS IMPACTOS ACTUALES

1.1. Crecimiento de la pobreza infantil y de la demanda de ayudas públicas.

El número de menores en riesgo de pobreza es de 2 200 000, lo que supone un 

incremento del 10% en los 2 últimos años. Esto significa que viven en hogares con 

ingresos inferiores al 60% de la mediana: una familia de 2 adultos con 2 hijos está bajo 

este umbral cuando ingresa menos de 15 820 € anuales. 

Además del aumento de los menores en “riesgo de pobreza” se ha producido un 

incremento en la intensidad de la misma, es decir de la “pobreza alta”. Ésta se define 

por un umbral de ingresos en el hogar inferior al 40% de la mediana, es decir 10 540 €

anuales, para el mismo modelo de hogar. En esta categoría se encuentra el 13,7% de 

los menores españoles de 18 años. La cifra más alta de todos los países de la Unión 

Europea de los 27 salvo Rumanía y Bulgaria.

En otro indicador, la pobreza crónica, también los datos demuestran un mayor 

impacto relativo de la crisis económica en las familias con hijos menores: 16,7% en 

éstas frente a 11% en población general. Las ayudas a familias con hijos,  a cargo de la 

Seguridad Social, han llegado a superar el millón, incrementándose un 20% en estos dos 

últimos años. Se trata de una ayuda concedida a familias con muy bajos recursos.

                                               

1

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf

2

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Hechos-y-Cifras_Clave.pdfEn los 2 últimos años las curvas de riesgo de pobreza por tramos de edad se 

han cruzado de manera que la tasa en los  menores de 16 años  (sin poder directo 

electoral) es de 26,5% mientras que la de los de mayores de 65 (con capacidad de 

votar) es de 21,7%.

1.2. El desempleo, la bajada de los salarios y el incremento de los impuestos.

Impactos en los hogares.

La tasa de paro, de la que es conocido el vertiginoso aumento, tampoco afecta 

equitativamente a los diferentes hogares. El incremento general de hogares en los que 

ningún miembro trabaja ha sido de 62% en 3 años (2007-2010),  pero si nos fijamos 

solo en los que tienen hijos menores, el crecimiento del paro en ese mismo periodo 

supone un  120%.

Además, las prestaciones por desempleo no tienen en cuenta linealmente el 

número de hijos y por otro lado los parados más jóvenes, al haber cotizado menos 

tiempo, tienen coberturas menores. 

Otro factor negativo es la presión a la baja de los salarios de los que  siguen 

trabajando. Con lo cual, en muchos casos, ni siquiera el empleo permite sacar al hogar 

de la pobreza.

Todo ello está llevando al incremento del número de familias que solicitan 

ayudas en organizaciones como Cruz Roja o Cáritas y de la intensidad de la necesidad. 

Por otro lado el número de ejecuciones hipotecarias ha pasado de unas 26 000 en 2007 

a más de 93 500 en 2010. Es fácil suponer el efecto deletéreo de la pérdida de su hogar 

para los niños.

1.3. Las medidas de austeridad en el gasto público.

Comenzando por la eliminación de la ayuda general por nacimiento o adopción 

de hijos, se han ido encadenando disminuciones en el apoyo a las familias con hijos 

menores, en todas las Comunidades autónomas. 

Además de las ayudas monetarias directas, otras compensaciones tienen una 

clara tendencia a la disminución o desaparición, como becas de estudios, ayudas de 

comedor, de libros, etc. para niños con necesidades sociofamiliares especiales. Da la 

impresión de que, en los  niveles de decisión políticos, existe la convicción de que estas 

partidas son perfectamente prescindibles en los tiempos de crisis.

Por el contrario, la experiencia de UNICEF es que  la inversión en servicios 

educativos, sanitarios y sociales para la infancia,  de buena calidad es la mejor 

garantía para el cumplimiento de los derechos de la infancia y para el crecimiento 

sostenible de un país. Especialmente preocupantes son algunas de las medidas 

adoptadas en aras de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud como la retirada de 

la tarjeta sanitaria a extranjeros no residentes.  UNICEF alerta en el informe para la 

vigilancia de que no se producen desigualdades en la atención sanitaria de menores por 

este motivo.

De  especial gravedad resulta la disminución de la  Ayuda Oficial al 

Desarrollo. Aquel famoso objetivo internacional del 0,7% se aleja definitivamente al 

pasar de 0,46 a 0,23% del PIB. 

El mayor impacto lo sufren los más débiles de los más débiles.

2.  LAS CONSECUENCIAS PRESENTES Y FUTURASEl devastador efecto de la deuda pública creciente, ha sido probado ya hace 

tiempo en los países más pobres, que han hipotecado su futuro al invertir en aquélla sus 

escasos recursos en lugar de hacerlo en sectores clave para su desarrollo a medio y 

largo plazo , como son la educación, la sanidad o los servicios sociales.

En España puede ocurrir algo semejante, de seguir por el actual camino. El 

incremento creciente de la Deuda del Estado y sus intereses se convierten en una 

hipoteca social que se traslada a generaciones sucesivas y asfixia la inversión destinada 

al desarrollo sostenible de la sociedad futura. Se calcula en  15 570  € la porción de 

deuda que le “corresponde” a cada niño que nace actualmente en España. Una especie 

de “pecado original” financiero.

El inmediato efecto es el crecimiento de la inequidad en el país: de 2007 a 2011, 

el índice de inequidad general (número de veces que los ingresos medios del 20% de 

la población más rica supera a los del 20% de la población más pobre) ha aumentado un 

30% situándose en el 6,9 mientras que la media de los países la UE se ha mantenido 

estable en 5. 

El impacto de la crisis en los niños a  corto plazo puede tener consecuencias a 

largo plazo e incluso consecuencias intergeneracionales.

Las ventajas de invertir en la infancia se manifiestan en el desarrollo cultural, 

económico y social del  futuro.

B) La SEGUNDA PARTE es un breve listado de medidas básicas, que se proponen a 

legisladores y responsables políticos, destinadas a proteger los derechos de los niños 

en tiempos de crisis.

Son de destacar las siguientes propuestas:

Proteger las inversiones destinadas a mejorar la salud, la educación y la lucha 

contra la pobreza.

Situar a la infancia en el centro de las decisiones políticas, incorporando un 

informe de impacto en toda la legislación y normas; medidas de evaluación del impacto 

de la crisis y  las políticas de austeridad  en los niños y niñas así como promover su 

participación organizada y su derecho a ser escuchados en las decisiones que les atañen.

Elaboración de un plan nacional contra la pobreza infantil.

Retomar la senda hacia el 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo.

Se trata de unas propuestas valientes pero poco concretas. Señalan un objetivo 

a los encargados de dirigir las políticas económicas, que son los que deben concretar 

las normas para cumplir con los pactos internacionales que velan por el bienestar de la 

infancia.

C) La  TERCERA PARTE resume el resultado de una encuesta, realizada a los 

propios protagonistas, niñas y niños, sobre calidad de vida y bienestar subjetivo

3

. La 

encuesta se realizó a 6000 niños y niñas de 1º de ESO en colaboración con la 

universidad de Gerona y se acerca al conocimiento del bienestar infantil subjetivo en 

consonancia con el artículo 12 de la CDN que proclama el derecho a la libre expresión 

de sus opiniones sobre los asuntos que les afectan.  Algunas de las respuestas 

mayoritarias suponen una gran madurez y solidaridad y deberían servir de ejemplo a 

muchos adultos. Son de destacar:

En su gran mayoría contestan afirmativamente que se sienten felices, aunque 

manifiestan preocuparse mucho por las cosas.                

3

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Bienestar_infantil_subjetivo_en_Espakua.pdfRespecto a las cualidades por las que desean ser admirados en el futuro, 

anteponen amabilidad, personalidad y familia a imagen, dinero y poder.

Entre 16 acciones hipotéticas a elegir escogerían preferentemente paz, hogar, 

trato igualitario y alimentación para todos, en lugar de comprarse un ordenador, un 

móvil o una videoconsola. 

A la mayoría le gusta ir a la escuela o instituto y se sienten seguros en casa. 

Por el contrario son minoría los que piensan que en la zona donde viven existen 

suficientes espacios para jugar con seguridad.

D) ANEXO: en este último apartado se exponen datos del “Sistema de Indicadores de 

Bienestar Infantil” (SIBI), recopilación de más de 50 indicadores obtenidos de fuentes 

nacionales e internacionales, agrupados en 7 dimensiones: 1. Educación. 2. Salud y 

Seguridad. 3. Bienestar material. 4. Entorno sociofamiliar. 5. Vulnerabilidad. 6. Estilos 

de vida. 7. Bienestar subjetivo. 

Se comparan evolutivamente con los del primer informe de 2010 y además se 

añaden algunos de los indicadores subjetivos fruto de la encuesta descrita e la 3ª parte.

Merecen destacarse:

1. Abandono escolar temprano: 28,4%. Alumnos que consiguen graduarse de 

ESO: 75%.

2. Lactancia materna a los 6 meses: 38,8%. Sobrepeso+obesidad entre 6 y 9 

años: 44,5%. Preservativo en última relación entre 15-18 años: 84,5%. Muertes totales 

de menores de 17 por accidente de tráfico: 129.

3. Pobreza relativa en menores (<60% mediana nacional de renta): 26,2%. En 

riesgo de pobreza o exclusión social, según el nuevo indicador multidimensional 

(AROPE): 29,8%. Niños que viven en hogares con privación material severa: 5,6% 

(casi duplicado en 2 años)

4. Niños (0-15) expuestos al humo del tabaco en casa: 16,7%.  Viviendo en 

barrios con muy escasas zonas verdes: 26,2%. En hogares con goteras/humedades en 

paramentos/cubiertas: 22,6%. Proporción en acogimiento familiar del total de niños 

acogidos: 59,5%.

5. Niños (14-18) que declaran haber consumido alcohol durante los últimos 30 

días: 63%. Maltrato familiar (8-17 años): 4%. Maltrato escolar (11-17 años): 11,6%.  

Partos en niñas de 15-17: 0,6%.

6. Niños (1-15) expuestos a más de 2 horas/día de TV: 47,6%. Que hacen 

ejercicio físico en tiempo libre varias veces al mes: 39,4%. 

7. Niños (11-17) que valoran su estado de salud como excelente o bueno: 92,2%. 

Que declaran que su tutor es un buen profesor: 83,7%. Que les anima a expresar sus 

opiniones en clase: 68,3%.

  

Comentario final: UNICEF es un organismo del entramado de Naciones 

Unidas. España como país integrante, que ha suscrito tratados internacionales como la 

Convención de los  Derechos del Niño, tiene la obligación de converger hacia el mayor 

cumplimiento posible de ellos. El presente informe demuestra que la situación actual no 

permite augurar una correcta convergencia.

Los pediatras, al margen de la opinión particular que cada uno tenga sobre el 

trabajo de estas organizaciones internacionales de complejo entramado, deberían 

hacerse eco y, al menos, denunciar las políticas contrarias al bienestar de la infanc

Sabemos dónde tienen el dinero y quiénes lo robaron

Diario Público, 23 de julio de 2012

No hacía falta que el ex economista jefe de la consultora McKinsey, James Henry, elaborase el más exhaustivo informe hasta la fecha sobre los paraísos fiscales para que nos oliésemos adónde han ido a parar las astronómicas cantidades que se han ido sustrayendo de las arcas públicas durante los últimos años, hasta que Montoro ha podido decir aquello de “no hay dinero”… para los pobres, claro. Pero esa investigación, encargada por Tax Justice Network (Red de Justicia Fiscal) nos ha dejado de piedra al descubrir que el monto total de la defraudación fiscal de las grandes fortunas, y las aún mayores compañías y entidades financieras, ascendió en cinco años (2005-2010) a una escalofriante cifra que supera ampliamente la suma de los PIB de EEUU y de Japón juntos.

Tampoco nos sorprende que Suiza y las Islas Caimán sean las guaridas preferidas por esos piratas para enterrar su botín, pero una vez más indigna la absoluta impunidad otorgada por nuestros gobiernos a la gran banca internacional cuyos abusos nos han precipitado al abismo: los diez mayores bancos privados del mundo (y no sólo los suizos, como UBS, sino también los de cabecera del Gobierno Rajoy, como Goldman Sachs, al que ha confiado el diagnóstico de Bankia) participan tan activamente en la administración de ese fraude global que sólo en 2010 gestionaron el equivalente a cuatro veces el PIB de España, es decir casi el triple que cinco años antes cuando aún no había estallado la crisis económica planetaria.

Vamos, que mientras el mundo entero se sumía en una recesión acelerada, las sociedades se empobrecían, los trabajadores perdían prestaciones sociales y derechos laborales, los gobiernos clamaban que sus ciudadanos habían vivido por encima de sus posibilidades, y en sólo ocho países occidentales (incluida España) se esquilmaba a los contribuyentes para entregar 1,2 billones de dinero público a la banca, esta última estaba multiplicando su negocio por tres. Claro que después declaraba pérdidas insostenibles, pero vistos los tejemanejes que van saliendo a la luz a medida que nos arruinan es más que difícil creerse sus cuentos… quiero decir, cuentas.

Una vez más, el caso español es diferente… para peor. Es de dominio público que España bate récords de manejo de dinero negro, puesto que casi las dos terceras partes de todo el efectivo en manos de los españoles está en billetes de 500 euros; precisamente los que jamás vemos circular en la economía real cotidiana de esos mismos ciudadanos. Ni más ni menos que 111 millones de billetes de 500… que nadie ve nunca. Bueno, seguro que alguien los ve, pero no creo que sea usted, querido lector.

Así que el Parlamento Europeo no hace más que lamentarse de que nuestro Gobierno no facilite datos fiables sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España. En su informe de julio de 2008, la Eurocámara estimó que las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales. Pero no pudo dar datos precisos sobre nuestro país.

Eso sí, los eurodiputados concluyeron que en esa liga España también es campeona: el dinero en metálico supone el 10% del PIB (el doble del nivel medio en la UE) y las transacciones que evaden el control del fisco ascienden a entre el 20% y el 25% del PIB, nuevamente duplicando la media europea. Una sencilla ecuación, empleando los datos conocidos de Producto Interior Bruto y presión fiscal media, permite calcular que las cantidades no ingresadas por Hacienda cada año suman alrededor de 70.000 millones de euros.

¡Qué casualidad que esa cifra sea casi igual que la cantidad de dinero que ahora el Gobierno del PP quiere quitar a los contribuyentes para “sanear” a la banca!

Las bajas falsas de los funcionarios en Canarias, solo un mito

El Dia, 22 de julio de 2012

Los datos del Gobierno canario avalan la caída registrada desde 2009 en los índices de abstención de los empleados públicos, pese a la polémica que montó el entonces vicepresidente regional, José Manuel Soria, cuando les advirtió de que se les iban a acabar las bajas por depresión "para ir a pasear por la playa". 

Quedó lejana en el tiempo la polémica montada en 2009 por el entonces vicepresidente regional, José Manuel Soria, que sin muchas sutilezas advirtió a los empleados públicos de que se les iban a acabar las bajas por depresión para irse a pasear por la playa. Pero los datos de la propia Administración regional avalan que entonces -y ahora- este colectivo muestra una tendencia decreciente en materia de absentismo.

El personal docente agrupa unos 24.000 trabajadores públicos. En 2009, el porcentaje de bajas fue del 4,88% -con una duración media de 36,5 días-; en 2010, 4,16% -38,5 días-, y en 2011, 3,87% -33,14 días-. Para hacerse una idea de lo que representan esos porcentajes, en el ejercicio pasado fueron unos 930 trabajadores los que pidieron una baja en algún momento.

En la Administración General y Justicia hay unos 14.000 empleados. En 2009, el absentismo fue del 7,02% -con una media de duración de 38,24 días-; en 2010, 6,18% -33,6 días-, y en 2011, 5,41% -27,5 días-. Eso significa, a grandes rasgos, que unos 750 trabajadores solicitaron alguna baja el año pasado.

Sanidad, aparte

Los datos no toman en cuenta los índices del área de Sanidad porque la información proporcionada por ese departamento al Gobierno regional está ordenada por centros de trabajo con arreglo a parámetros no homologables al resto de la función pública.

En todo caso, el director general de Función Pública, Aarón Afonso, estima que las bajas en el personal sanitario estatutario ronda el 5% del total, similar al de la Administración General y Justicia de la Comunidad.

Afonso ratifica -como ya ha afirmado en reiteradas ocasiones el consejero de Educación, José Miguel Pérez,- que el índice de absentismo entre el personal docente es el más bajo de la Comunidad Autónoma y tacha de "desafortunadas" las palabras de Soria y defiende la "profesionalidad" del colectivo, que "está al margen de cualquier duda y los datos estadísticos de 2009 así lo evidencian", insiste. También recuerda que el descenso del absentismo desde entonces coincide, además, con un aumento del trabajo de las inspecciones médicas en todos los ámbitos.

El viceconsejero cree que la supresión en los Presupuestos Generales de 2010 del complemento de la incapacidad temporal "seguramente también ha influido en alguna medida". A partir de entonces, los empleados públicos en baja solo cobran la prestación económica los tres primeros meses. "Ese aspecto y la actividad de las inspecciones médicas explican que bajen los niveles y porcentajes de absentismo en las Islas", concluye Afonso.

En todo caso, advierte el viceconsejero, incluso desde el punto de partida (2009) "nunca fue excesivo, especialmente si se compara con el absentismo que se ve en muchas empresas privadas". Los datos de esta serie histórica, según Afonso, evidencia que no ha habido un exceso de absentismo en el ámbito de la Comunidad entre los empleados públicos, si bien destaca el "trabajo y el esfuerzo" de la Administración en el control de las bajas.

No más del 5%

En todo caso, admite, "siempre" hay margen de mejora, "pero estos porcentajes son razonablemente buenos para lo que se encuentra en la empresa privada y las administraciones de otras autonomías".

Si bien la Administración no tiene un porcentaje establecido como objetivo de reducción para las bajas, Afonso reconoce que sí tiene planteado controlar las bajas que superen el tiempo que los médicos de los servicios de inspección consideran que excede del necesario. Eso sí, matiza que ahora el Gobierno espera conseguir que las incapacidades temporales de los empleados de la Administración General y Justicia bajen del 5% para este mismo ejercicio.

Diario Público, 17 de julio de 2012, art. de Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla

El pueblo español y otros europeos hemos comenzado a vivir bajo una tiranía.

Las autoridades imponen políticas que provocan daños económicos, físicos y morales a la mayoría de la población. Reducen los ingresos y aumenta la pobreza y la exclusión (solo entre 2009 y 2010 aumentó en 1,1 millones el número de personas pobres en España). Disminuyen la financiación de los servicios públicos básicos, lo que hace que aumente la mortalidad, las enfermedades y todo tipo de daños psicológicos y personales (la tasa de mortalidad ha aumentado un 20% en Portugal desde que empezaron a adoptarse las políticas de ajuste y la esperanza de vida ha bajado por primera vez en España). Recortan los derechos de los más desfavorecidos al mismo tiempo que aumentan los privilegios de quienes gozan de más renta y riqueza (la desigualdad aumentará en España un 9% en 2012 como consecuencia de los recientes ajustes fiscales del PP).

Además, imponen estas medidas recurriendo a todo tipo de mentiras.

Dicen que las toman para mejorar la economía pero esta está peor que antes de tomarlas. Nuestra prima de riesgo esta más de 400 puntos por encima de la que había en mayo de 2010 cuando empezaron los recortes que Zapatero y luego Rajoy dijeron que había que tomar para que bajase.

Dicen que las reformas del mercado laboral son para crear empleo y lo que sucede es que la tasa de paro está cinco puntos más alta que antes de aprobarse.

Dicen que hay que reducir el gasto social para disminuir la deuda y resulta que ahora está casi 17 puntos más arriba en porcentaje sobre el PIB que hace dos años porque lo que ocurre, lógicamente, es que con menos gasto público se generan también menos ingresos en todas las actividades.

Dicen que hay que reducir el gasto en personal público porque no hay dinero pero privatizan servicios a base de contratos a favor de empresas privadas que son más caros que el personal que ahorran. Así ha pasado, entre otros muchos casos, con la privatización del servicio de expedición de vidas laborales de la Seguridad Social pagando 4,7 millones de euros a una empresa privada.

Dicen que no hay dinero pero se sacan de la manga cuando les conviene miles de millones para salvar a los banqueros corruptos, conceden amnistías fiscales, desmantelan la lucha contra el fraude fiscal y renuncian a obtener los ingresos que podría proporcionar combatirlo de frente y eficazmente. Solo en pago de deuda ilegítima que deberíamos repudiar nos hemos gastado en 2008, 2009 y 2010 algo más de 122.800 millones de euros.

Dicen que todas esas medidas son imprescindibles para salir de la crisis pero la realidad indiscutible es que no hay ninguna experiencia en el mundo de algún país que haya salido de una parecida adoptando este tipo de políticas. Al revés, le han hecho frente mejor quienes hacen lo contrario.

Y entre tanta estafa y falsedad, nuestras instituciones han quedado viejas y resultan inútiles. Ni el PP ni el PSOE son capaces de aportar soluciones a la situación ni de enfrenarse con inteligencia, valentía y dignidad a las imposiciones de los poderes financieros. Pero no tienen inconveniente en repartirse cerca de 25 millones de euros en subvenciones solo para el primer trimestre de 2012, según acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado.

El Presidente del Gobierno ha reconocido ante el Pleno del Congreso de los Diputados que en España no tenemos libertad, y ninguna institución, ningún juez, ningún fiscal, ningún partido pide cuentas por reconocer que la voluntad del pueblo ha sido secuestrada.

El Rey, cuya función constitucional es la de arbitrar con equidistancia, toma partido y gobierna a favor de la oligarquía que se beneficia de estas políticas y de los recortes con los que está en desacuerdo el 70% de la población española.

La Constitución es un papel mojado porque no garantiza el ejercicio de derechos básicos, ni la soberanía nacional, ni el libre albedrío de todos sus ciudadanos, ni la defensa de nuestro patrimonio ni la de los intereses económicos de la Nación española, ni, por supuesto, la libertad que Rajoy reconoce sin inmutarse que nos han robado.

Y en Europa se asienta el cerebro del Tirano: no hay manera democrática de hacer frente a las imposiciones de la banca, cuyos antiguos directivos han tomado al asalto las grandes instituciones, y donde sus autoridades incluso comienzan a declararse, como en el Estatuto del Mecanismo Europeo de Estabilidad, inmunes e inviolables (artículo 35.1) decidan lo que decidan y hagan lo que hagan.

Los españoles no tenemos por qué aceptar la traición de nuestros gobernantes y la imposición de políticas injustas y basadas en mentiras, que solo benefician a las minorías privilegiadas, ya salgan de La Moncloa, de Bruselas o del mismo infierno. “Cuando el gobierno viola los derechos de los ciudadanos la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”, tal y como decía el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793, porque, como también afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Preámbulo, el pueblo tiene el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Si los pueblos no hubieran ejercido estos derechos, si no hubieran desobedecido leyes injustas como las que se imponen ahora, si en lugar de ello hubieran obedecido “con responsabilidad”, como pide la Secretaria General del PP, todavía habría esclavitud, todavía los negros serían considerados seres de rango inferior, y las mujeres ni podrían votar ni tomar decisión alguna sin el permiso de sus padres o maridos.

¡Ya está bien de obedecer a los tiranos que gobiernan contra el pueblo! Hay que reclamar sin miedo elecciones generales para acabar con la estafa electoral protagonizada por el PP y con la ineficacia y corrupción de los partidos instalados en el sistema nacido de la transición, hay que abrir paso a una nueva Constitución que salvaguarde de verdad nuestra soberanía nacional y el ejercicio de los derechos básicos, que combata la corrupción como a un cáncer maligno, que obligue a respetar los principio de equidad y justicia fiscal, que proporcione nuevos medios de participación social y ciudadana… que no permita nunca más la vergüenza de estar gobernados por un presidente al que le dé igual que hayamos perdido la libertad.

Quienes nos imponen estas políticas cuentan ya con un determinado grado de respuesta y rechazo social (“pueden hacer mil marchas, mil huelgas, nada cambiará”, decía Menem en julio de 1997 en la Argentina que sufría entonces lo mismo que ahora los pueblos europeos). Por eso no basta con respuestas aisladas y desunidas. Hay que reaccionar frente al tirano con el único medio al que nunca podrán vencer: la máxima unidad ciudadana, la desobediencia civil y el sabotaje pacífico, siempre pacífico, y democrático de sus normas e imposiciones. Sin miedo y con esperanza, porque Gandhi lo dijo bien claro: “Siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre”.

No equivocarse de enemigo

Diario El Mundo, 17 de julio de 2012. Art. de María Tardón, Jueza, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes políticos, empresariales y financieros.

Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.

Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda detentar el poder político.

Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las pruebas que en cada caso correspondan.

Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza, lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando "cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.

Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos "voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta el horario laboral de los funcionarios públicos.

Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida, claramente inconstitucionales.

Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los parados busquen trabajo.

Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas, perjudicados por tales decisiones.

Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.

Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen, unos servicios cada vez mayores.

¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van incrementando el número de asuntos resueltos.

No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.

Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.

Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con ello es afectar al propio crédito de España como Nación.

Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.

Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no da para más.

Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles, superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos, multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya tenido a bien llevarse consigo.

También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y ámbito de actuación.

Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales, etc, etc, etc...Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.

Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día un poco más.

De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía: "Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo ahora en dos días"...

Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles, afectados por otros recortes y otras medidas. No nos equivoquemos, pues, a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.

El grupo de gobierno del Cabildo renuncia a la extra de Navidad (Gran Canaria)

CanariasAhora, 17 de julio de 2012

La medida también afecta a todos los cargos designados por el presidente insular.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y todos los consejeros del grupo de gobierno han anunciado este martes que llevarán a acuerdo del próximo Pleno del Cabildo de Gran Canaria su renuncia a percibir la paga extra de Navidad de este año, en línea con el recorte que el Gobierno de España ha aplicado a los funcionarios.

La renuncia a la paga de los consejeros del Partido Popular (PP) y del Centro Canario Nacionalista (CCN) afectará a todos los cargos electos del Grupo de Gobierno Insular, así como a todos aquellos cargos designados por el mismo, a los que no les afectara la recientemente aprobada ley nacional.

Los funcionarios pierden 3 días libres y todos los adicionales por antigüedad

El Mundo, 14 de julio de 2012

 

Los funcionarios perderán tres días de los seis de libre disposición -los llamados 'moscosos'- y se quedarán también sin los días libres adicionales en función de su antigüedad -los 'canosos'-, según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha señalado que este baremo es "muy parecido" al que tienen los convenios laborales privados, que suelen conceder tres jornadas de asuntos propios a los empleados. "El objetivo es asimilar la función pública con el régimen laboral en términos de actividad", ha señalado el ministro.

'El cabreo y la indignación son tan grandes que debemos estar unidos'

Sindicato CSI-F

Ha incidido en que uno de los objetivos que persiguen las medidas que ha tomado el Ejecutivo relacionadas con la función pública es precisamente su asimilación con el sector privado.

Junto con esta medida, cuya entrada en vigor no se ha precisado, también se eliminará la paga extraordinaria de Navidad de este año, que se reintegrará en 2015 en el plan complementario de pensiones; se reducirán los liberados sindicales y se modificará el régimen de incapacidad laboral transitoria, equiparándolo al régimen general.

'Entiende' las protestas

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido que entiende "la posición" de los empleados públicos tras las medidas económicas anunciadas por el Gobierno esta semana, y ha mostrado su reconocimiento al colectivo por su buena labor.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha afirmado que a los funcionarios se les exige un nuevo sacrificio que se une al que se les pidió en 2010.

La vicepresidenta ha incidido en que este año no recibirán la paga extra de Navidad, pero ha subrayado que a partir de 2015 se ingresará en un plan de pensiones.

Huelga en septiembre sin fecha

Como ya se había anunciado, la Central Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha optado hoy por convocar una huelga en la función pública a finales de septiembre tras constatar el "cabreo" de los funcionarios, aunque no ha concretado la fecha del paro general a la espera de que el resto de sindicatos se unan.

En una rueda de prensa, el vicepresidente de CSI-F, José Fernández, ha explicado que esta ha sido la decisión adoptada "por unanimidad" por la Comisión Nacional de CSI-F, el máximo órgano del sindicato.

Según Fernández, la fecha de la movilización se concretará en la reunión en la que están convocados todos las centrales sindicales de la función pública el próximo jueves 19 de julio, que se celebrará en la sede de UGT de Madrid. "El cabreo y la indignación son tan grandes que los empleados públicos merecen que los sindicatos estén unidos y vayamos a lo fundamental", ha indicado al respecto.

CSI-F ha convocado a los trabajadores de la Administración del conjunto del Estado a secundar la huelga que tendrá lugar a finales de septiembre, mes en el que se presentarán los presupuestos generales del Estado para 2013 y entrará en vigor la subida del IVA.

Diario de Tenerife

Diario de Tenerife, 12 de julio 2012

El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, ha asegurado que los ajustes anunciados hoy por el presidente Mariano Rajoy, entre los que se encuentran la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios, perjudican a todos y no benefician a nadie.

"Yo creo que el señor Rajoy y su equipo de gobierno dan un paso equivocado que nos va a perjudicar absolutamente a todos y que no va a beneficiar a nadie", ha afirmado Melchior en una entrevista a la Cadena Ser en Tenerife recogidas por la Agencia EFE.

Asimismo, ha indicado que esta medida, con la que "no se soluciona absolutamente nada", desmotivará a los funcionarios y provocará que su rendimiento sea menor. En su opinión, lo que hay que procurar es que los servicios que se presten a los ciudadanos sean "lo más correcto, lo más preciso, con el mayor rigor y con la mayor predisposición" para poder ayudar al ciudadano y "no tener a unos señores con las caras largas".

El presidente insular ha manifestado que para poder salir adelante es necesario generar puestos de trabajo y renta familiar y ser más justo con las personas que más necesitan apoyo, como mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

Sin embargo, ha opinado, "hemos ido de mal en peor por querer lanzar una medidas que dicen que son valientes pero que no son valientes" y que lo que hacen es hundir más el país.

Por otro lado, ha destacado que si hay una rebaja salarial a los funcionarios -que será de un 5,7 por ciento de media-, tiene que haber también una rebaja exactamente igual para los políticos correspondientes.

"Eso lo defiendo a capa y espada", ha apostillado Melchior, que ha considerado que una empresa, un ayuntamiento, un cabildo y un gobierno vale lo que valen sus funcionarios y su personal laboral.

Algo de humor en estos tiempos

Rajoy sube el IVA, recorta la prestación por desempleo y quita la extra a los funcionarios

Diario Público, 11 de julio de 2012

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado a desgranar este miércoles en el Congreso de los Diputados un nuevo programa de recortes. Con España bajo tutela de la UE, la crisis agravándose y el sector bancario intervenido de facto, Rajoy ha confirmado laeliminación de la paga extra de Navidadpara los funcionarios, el recorte de las prestaciones por desempleo y la subida del IVA. Entre otras duras medidas destaca la reducción de otro 20% en las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales en 2013 y un nuevo ajuste del gasto de 600 millones de euros para este año que afectará a varios ministerios. 

Rajoy ha señalado que todas estas medidas de recorte del gasto y de aumento de ingresos suponen un ajuste de 65.000 millones de euros en dos años, una cifra que está muy por encima de lo que se había barajado hasta ahora (se había hablado de un ajuste de 40.000 millones).

El jefe del Ejecutivo han insistido varias veces en que la situación de la economía española es "crítica". "Crecer y crear empleo hoy no es posible", ha aseverado. "El panorama es bien sombrío", ha insistido. 

Estas son algunas las medidas anunciadas por Mariano Rajoy:

- Reforma de la administración local para lograr 3500 millones de euros de ahorro. Se reducirá un 30% el número de concejales y se establecerán límites a los sueldos de los alcades y ediles. Drástica reducción y eliminación de las empresas públicas en el ámbito local.

- Revisión integral de la función pública: Reducción de los días de libre disposición (moscosos); reducción de los liberados sindicales; equiparación de las condiciones de incapacidad temporal a las del sector privado; más facilidad a la movilidad de los empleados públicos; eliminación de la segunda paga extra (la de Navidad) en 2012, que se compensaría en 2015 con una aportación al fondo de pensiones de los funcionarios.

- Recorte del gasto: reducción de 600 millones en el Presupuesto de 2012, especialmente en la partida de subvenciones. Recorte de un 20% en las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales en las Cuentas para 2013. 

- Supresión de la mayoría de las actuales bonificaciones a la contratación.

- Revisión de la prestación por desempleo. Se mantiene el periodo máximo de prestación (24 meses). Durante los seis primeros meses, la prestación se mantiene en el 70% de la base reguladora (el sueldo); pero a partir del sexto mes, la prestación se reduce al 50% de la base reguladora (ahora está en el 60%).

- Reforma de las pensiones. 

- Subida del IVA: el tipo general sube tres puntos, esto es, será del 21%, frente al 18% actual. El tipo reducido sube dos puntos, al 10%, desde el 8% actual. No se toca el tipo superreducido, que sigue en el 4% para los productos de primera necesidad. Rajoy no ha comentado si, además, habrá cambios en la cesta de productos incluidos en cada gravamen del impuesto.

- Eliminación de la deducción en el IRPF por la compra de vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013.

- Reforma de la tributación medioambiental. 

- Subida del impuesto especial sobre el tabaco. 

- Modificación de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades.

- Nuevo paquete de reformas estructurales. La solución al problema del déficit de tarifa vendrá a través de un nuevo programa de fiscalidad energética.

- Mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y administraciones públicas. 

- Liberalizaciones en el sector servicios.

- Más flexibilidad de los horarios comerciales, sobre todo en áreas turísticas. 

- Liberalización y, en algunos casos privatización, de servicios ferroviarios, aeroportuarios y marítimos. 

(Ayto. de La Laguna) Los funcionarios dejarán de consumir los viernes por los recortes salariales

El Día, 6 de julio de 2012

Los empleados públicos del Ayuntamiento de La Laguna han acordado, dentro de las manifestaciones que venían celebrando, mantener todos los viernes una huelga de no consumir en toda La Laguna, para que los empresarios comprendan el riesgo que están corriendo ante las medidas de recortes de sus salarios, citando al presidente de la CEOE de Tenerife, al afirmar que "a los empleados públicos en Canarias no se les puede recortar más, y ya es la hora de los recortes a los políticos".

El acuerdo se adoptó en una asamblea convocada por la Junta de Personal, el Comité de Empresa, USO y el resto de centrales sindicales con representación en el consistorio lagunero, ante la política de recortes que pretende la corporación, que solo afectan al personal funcionario y laboral del ayuntamiento y no al personal político.

Los otros acuerdos adoptados fueron la reducción salarial de los miembros de la corporación y personal eventual en la misma proporción que al resto de personal; eliminación de los dos puestos directivos recientemente creados; eliminar el sostenimiento de personal de otras administraciones, quitar sobresueldos y horas extraordinarias, rechazar la incorporación de nuevo personal a plazas vacantes, cubriéndose con el personal existente; reducción de los gastos superfluos en el capítulo II (alquileres, servicios externos, teléfonos, subvenciones, mantenimiento servicios no obligatorios...); eliminación de las asistencias técnicas (contratadas para realizar, en la mayoría de los casos, funciones propias del personal del ayuntamiento), y no sentarse a negociar reducción alguna del capítulo I y mucho menos después de la última noticia que han tenido los funcionarios de la contratación de una asesora para CC.

Los sindicatos defienden una propuesta de aplicación del horario de 37 horas y media, de forma flexible, adaptada a las circunstancias, que afecte lo menos posible a la conciliación familiar, que tanto se ha defendido, redactada en los siguientes términos: "Cumplimiento del nuevo horario en el intervalo que va de las 7 de la mañana a las 4 y media de la tarde, con un horario de presencia efectiva de 9:00 a 14:00 horas. Posibilidad de recuperación de trabajo un día a la semana por la tarde hasta las 19:00 horas; mantenimiento de la reducción de una hora en los meses de verano: julio, agosto y septiembre con posibilidad de recuperación y negociación, y adecuación de las jornadas especiales a la nueva legislación.

Inalterable

La Junta de Personal y Comité de Empresa pidieron ayer la dimisión de la concejal Blanca Pérez por mantener su propuesta de horario de entrada de 7:30 a 16:00 horas de lunes a viernes y de enero a diciembre, suprimiendo el horario de verano; suspensión de las jornadas especiales, como Santa Rita, entrada y salidas en tiempo de los Carnavales y fiestas del Cristo de La Laguna, y eliminación de los días del turno de la fiestas de Navidad.

Dado que la concejala no modificó ni una coma su postura inicial y no accedió a nada de lo que se le pedía, negando cualquier punto de encuentro con los representantes sindicales, se decidió pedir la dimisión de Blanca Pérez como interlocutora y como concejal de Recursos Humanos, según destacan los representantes sindicales, "por su falta de sensibilidad en una negociación que para todos es fundamental".

Los empleados públicos de La Laguna piden la destitución de Blanca Pérez

El Dia, 5 de julio de 2012

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) han solicitado la destitución de la concejal de Recursos Humanos, Blanca Pérez (CC), por no modificar "ni una coma" su propuesta de nueva jornada de trabajo y negar "cualquier punto de encuentro" con los representantes sindicales.

Los sindicatos estaban convocados este jueves en el Ayuntamiento para tratar de negociar la aplicación de la jornada de trabajo mínimo para todas las administraciones que se ha establecido en 37,5 horas.

La concejal ha propuesto que el horario de trabajo sea de 07.30 a 16.00 horas de lunes a viernes y de enero a diciembre, suprimiendo el horario de verano y suspendiendo las jornadas especiales --Santa Rita, entrada y salidas en Carnavales y Fiestas del Cristo-- y los días del turno de Navidad.

Por su parte, los sindicatos presentaron una propuesta alternativa más flexible, adaptada a las circunstancias y que afectase lo menos posible a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Dicha propuesta ha consistido en un nuevo horario de 07.00 a 16.30 horas, con presencia efectiva de 09.00 a 14.00 horas; con posibilidad de recuperación de trabajo un día a la semana por la tarde hasta las 19.00 horas; manteniendo la reducción de una hora en los meses de julio, agosto y septiembre con posibilidad de recuperación y negociación, y adecuando las jornadas especiales a la nueva legislación; sin embargo, esta propuesta no ha sido tenido en cuenta por la edil, según los sindicatos.

En consecuencia, han solicitado al alcalde, Francisco Clavijo, que destituya a Blanca Pérez como interlocutora y como concejal de Recursos Humanos por su "falta de sensibilidad" en esta negociación.

Se reincorporan los FIAs que habían sido despedidos el pasado viernes

En breve, esta Sección Sindical editará un boletín informativo especial con todo lo recientemente relacionado con el personal funcionario interino accidental

El personal municipal pierde la jornada reducida estival, pero el autonómico no

El Dia, 1 de julio de 2012

El Gobierno central impuso a las administraciones la obligación de que sus empleados realicen jornadas de 37,5 horas semanales durante 11 meses al año a través de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 aprobada el jueves pasado. La medida supone de forma obligatoria que la jornada reducida que vienen disfrutando los trabajadores públicos en los tres meses estivales -julio, agosto y septiembre- tendrá que suprimirse en muchos ayuntamientos donde están vigentes acuerdos con los funcionarios y convenios colectivos para el personal laboral que contemplan menos horas efectivas. A pesar de la confusión inicial, en el ámbito autonómico esta situación no tendrá lugar, pues la Administración regional ya cumple con la exigencia que ahora impone el Estado desde hace más de 20 años -excepto en Sanidad, que lo hace desde enero de 2012-.

Así lo explica el director general de la Función Pública, Aarón Afonso, que señala que en un decreto autonómico modificado en diciembre del año pasado -pero que tiene su antecedente en otros de los que el primero es de 1987-, la Comunidad estableció que sus empleados gozarán de una reducción de una hora diaria durante los tres meses de verano. Además, el marco normativo regional ya contemplaba que la jornada sería de 37,5 horas semanales. Por todo ello, Afonso considera "conveniente" mantener la reducción de la jornada en verano dado, además, que los empleados autonómicos se verán afectados a partir de julio por una nueva reducción salarial y a que en esos meses se reduce la actividad administrativa.

En cambio, el personal de los ayuntamientos sí tendrá que renunciar a la jornada reducida o deberá compensarla con horas extra. Lo mismo vale para la reducción del horario de Semana Santa, Navidad y otras fechas pactadas. La ley señala, en concreto, que la jornada general del trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual -1.647 durante todo el ejercicio-. Por este motivo, la jornada actual -o la que se pacte a partir de ahora- tendrá que adecuarse a esa condición, y en caso de que deba aumentarse, no originará ningún incremento salarial.

Así lo afirma un informe jurídico elaborado para un ayuntamiento canario, que planteó el asunto de cara a tomar medidas en esta materia. El documento aclara, además, que tanto los trabajadores laborales como los funcionarios deben acatar la orden estatal, pues es legislación básica de obligado cumplimiento para las administraciones locales. Ningún ayuntamiento podrá, en consecuencia, pactar menos horas al año y las previsiones legales -incluidos los acuerdos de funcionarios- que recogían acuerdos en sentido contrario quedan derogados a partir de ahora, explican los autores.

Pero hay corporaciones locales que tenían acordadas jornadas laborales de 35 horas semanales -y menos-, por lo que tendrán que aumentar de forma inevitable el número de horas a trabajar. En ese caso, aunque en los ayuntamientos existe aún la posibilidad de acogerse a la jornada reducida estival, el empleado municipal que opte por hacerlo tendrá que compensar la diferencia en otra época del año, por lo que el ciudadano contará con más horas para acudir a las administraciones.

En cambio, los ayuntamientos conservan su autonomía para pactar cómo distribuirán esas 1.647 horas de jornada anual descontados los periodos de las vacaciones anuales de 30 días -equivalente a 165 horas-; los días de fiestas locales y estatales -14 días o 105 horas- y los días de asuntos propios -seis días o 45 horas-