viernes, 24 de agosto de 2012

Clavijo: ´Mandar funcionarios al paro empeora la economía´

La Opinión, 24 de agosto de 2012

Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, defendió ayer la labor de los trabajadores públicos y subrayó que “mandarlos al paro como está haciendo el Gobierno de Rajoy solo sirve para empeorar la economía del país”.
Durante una visita a la redacción de la opinión de tenerife, el líder de los nacionalistas tinerfeños acusó al Ejecutivo nacional del PP de “quitarle competencias a los ayuntamientos para que los trabajadores públicos se queden sin funciones y haya que prescindir de ellos”.
“Están creando un problema para en el fondo cargarse a los empleados públicos. Y sin ellos las administraciones no podrán mejorar nunca sus prestaciones a los ciudadanos”, matizó.
Según el alcalde de La Laguna, “lo que hay que hacer en todo caso es mejorar la productividad de estos trabajadores, no echarlos a la calle, que es lo que quiere hacer Rajoy. Voy a defender a los funcionarios. No puede ser que dos caraduras por cada mil sirvan para desacreditar a un conjunto tan importante de empleados”.
Clavijo defendió además el municipalismo ante “la deriva centralista” del Gobierno nacional y dejó claro que la culpa de la crisis no está precisamente en la deuda de los ayuntamientos: “Comparémosla con la de los ministerios para ver dónde está el problema. El Partido Popular lo que está haciendo con medidas como la de reducir el número de concejales o echar funcionarios es crear una cortina de humo para tapar sus vergüenzas. Está atacando al municipalismo y no lo vamos a permitir”.
El número uno de CC en Tenerife cree que hay que reformar las administraciones, pero sin reducir municipios ni representantes públicos. “La clave está en que los ayuntamientos mejoren los servicios que prestan a los ciudadanos. Restar burocracia, hacer los procedimientos administrativos más cortos y ágiles, que los permisos para obras sean mucho más sencillos y que las ayudas a las personas que lo necesitan se puedan dar con más rapidez”.
Elegido el pasado 29 de julio como nuevo secretario general de CC de Tenerife con el 90% de apoyo de los militantes, lo primero que va a hacer Fernando Clavijo es mantener una reunión con todos los colectivos para fijar la estrategia de la formación: “Vamos a abrir el partido a la sociedad y lo primero que vamos a hacer es reunirnos con los sindicatos, con los empresarios, con las asociaciones vecinales y culturales, y en general con todos aquellos colectivos que hay en la Isla. Los partidos políticos estamos para dar servicios y los servicios dependen de la demanda de la ciudadanía. Tenemos que decirle a la gente que estamos ahí, que les vamos a escuchar más que nunca”.
Uno de los principales retos es, según el nacionalista, mejorar la comunicación, y puso como ejemplo la campaña para que la Unión Europea incluya a Tenerife en la Red Transeuropea: “Si los puertos y aeropuertos de la Isla se quedan fuera de estas ayudas europeas, estaríamos hablando de una debacle. Es con diferencia la decisión más importante del mandato y en objetivos como esta es donde tenemos que mejorar nuestra comunicación con la sociedad”. “Si le explicas a un ciudadano cualquiera que merecemos estar en la Red Transeuropea por una serie de cuestiones técnicas, no va a entender nada, pero si le dices que si nos quedamos fuera subirán los precios de los alimentos y empeorará todavía más el empleo, entonces estoy convencido que lo entenderá y se sumará. Es ahí donde quiero llegar cuando digo que nos tenemos que abrir a la sociedad”, concluyó.

domingo, 12 de agosto de 2012

Empleados locales eluden la prohibición de protestar mediante una ruta turística (Ayto. de La Laguna)

El Dia, 11 de agosto de 2012
Al no poder concentrarse como cada viernes, con camisetas de color negro, delante de la fachada del Ayuntamiento de La Laguna, como medida de protesta por los recortes salariales, los funcionarios optaron por pasear por la ciudad en lo que denominaron una ruta turística, mostrándose unos a otros el patrimonio. 
Ante la negativa de la Subdelegación del Gobierno de autorizar la concentración que venían haciendo todos los viernes delante del ayuntamiento los funcionarios y empleados públicos, estos optaron ayer por otra forma de mostrar su desacuerdo por los recortes salariales, como fue las casi 200 personas hicieron un recorrido turístico por el casco histórico, explicándose unos a otros las peculiaridades de los edificios que encontraban a su paso.
Tanto la junta de personal como el comité de empresa del Ayuntamiento de La Laguna emitieron un comunicado desconvocando la manifestación. Añadieron que es la primera vez que no se autoriza una concentración-manifestación por no ser presentada con 10 días de antelación.
Ello llevó a los funcionarios a hacer un recorrido turístico informativo, según dijeron, "porque estamos en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, y hemos hablado durante el recorrido, también, de los logros sociales y de la historia de La Laguna".
Los casi 200 funcionarios para hacer esta ruta informativa, pero que no dejó de ser reivindicativa de sus derechos, se distribuyeron en grupos formados de 15 a 18 personas, cada uno con su guía.
Los representantes sindicales informaron de que para los viernes 17, 24 y 31 del presente mes y el 7 de septiembre, ya están pedidos los correspondientes permisos para seguir con las concentraciones delante del ayuntamiento, y esperan que la Subdelegación del Gobierno no aparezca con un nuevo planteamiento que evite ejercer su libertad de expresión ante un problema que afecta a sus economías.
Uno de los funcionarios sobresalió en el recorrido turístico reivindicativo porque iba con un paraguas y en su camiseta de color negro el siguiente texto: "Entérate, presidente. Soy funcionario y sirvo con objetividad al interés general, no al de banqueros y especuladores".
Cada guía de los diferentes grupos de funcionarios que recorrieron la ciudad llevaba un cartel que decía: "Gira lagunera. Todos somos patrimonio del PP. Ciudadanos, que estamos hasta los mismísimos de que nos sigan estafando y saqueando".
Los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna piensan seguir manifestándose hasta que el ayuntamiento los atienda como han pedido y afronte el problema de los recortes salariales y de sus peticiones. Cabe recordar que cada viernes, y como medida de presión, también los empleados públicos no consumen en los bares del casco, a los que han pedido disculpas, optando por desayunar en la calle como ya ha ocurrido.


miércoles, 8 de agosto de 2012


El Gobierno podrá hacer EREs en la Administración Pública si baja el presupuesto

Diario Público, 7 de agosto de 2012


El Gobierno deja abierta la posibilidad de aplicar despidos colectivos del personal laboral en las Administraciones Públicas por causas económicas cuando tengan problemas de financiación o insuficiencia presupuestaria.
Según el reglamento que desarrolla la reforma laboral, se entiende como insuficiencia presupuestaria que la aportación a la entidad correspondiente disminuya al menos un 10%respecto al ejercicio anterior, aunque deja abierta la puerta a otros supuestos que no precisa.
El texto del reglamento, que el Ministerio de Empleo ha enviado a los sindicatos para que hagan sus aportaciones, señala que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria en cuatro casos "entre otros".
Además de la disminución del 10% de la aportación, también se dará el caso cuando las transferencias de capital correspondientes a dichas entidades o cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad, hayan disminuido igualmente al menos ese mismo porcentaje. Igualmente se entiende que habrá causa económica de despido cuando se haya adoptado un "acuerdo de no disponibilidad" que afecte a dichos organismos.
CCOO y UGT han criticado que la relación de supuestos concretos se deje abierta al decir "al menos y entre otros" los cuatro casos que se citan en el texto. Además, entienden que para determinar la "insuficiencia" el presupuesto debería disminuir a partir de un 30 % o un 40 %, "nunca el 10 %". Para los sindicatos, con ese criterio "difícilmente" se podrá garantizar "una justificación de acuerdo a necesidades objetivas de la administración pública de que se trate".

martes, 7 de agosto de 2012

Montoro admite que los nuevos ajustes del gasto 'serán muy dolorosos

El Mundo, 7 de agosto de 2012


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que habrá nuevos recortes del gasto en 2013 y que "serán muy dolorosos", puesto que supondrán "ajustes sobre los ajustes".
Así lo indica en una entrevista a la revista Valores, que publica la firma de servicios profesionales KPMG, en la que llega a afirmar que "las medidas adoptadas hasta el momento son sólo el inicio".
"El Gobierno va a cumplir con el objetivo de déficit fiscal y con los compromisos adoptados con la UE, por muy difícil que sea la coyuntura y muy grande que sea la magnitud del esfuerzo", añade.
Así pues, el ministro de Hacienda insiste en que "lo que está claro es que no podemos dejar de cumplir el objetivo de déficit", y, preguntado sobre si habrá nuevos ajustes de gasto en 2012 y 2013, responde: "Sí, y serán muy dolorosos, ya que tenemos que hacer ajustes sobre ajustes".
Según explica, hasta el momento "se ha seleccionado en todo momento dónde hacer los ajustes y dónde recaudar más, con el fin de dañar lo menos posible el crecimiento" y añade que "en gran medida el sector privado ya ha hecho sus deberes".

El Gobierno confía en su mayoría

Para llevar a cabo esta tarea, Montoro confía en la mayoría absoluta del Ejecutivo. Así, indica que España cuenta con "un Gobierno con mayoría suficiente para llevar adelante un plan de ajuste y, por si fuera poco, un mandato constitucional para alcanzar el equilibrio gradualmente".
"Somos el país de Europa con la mayor estabilidad política, con un partido comprometido con los objetivos de estabilidad y las reformas que mantiene un Gobierno estable, que controla los dos tercios de las regiones y gran parte de las grandes ciudades", apostilla.
Ahora bien, preguntado por si es demasiado intransigente a la hora de aplicar ajustes o si lo hace por razones ideológicas, el ministro de Hacienda, señala: "A estas alturas de mi vida no tengo ningún dogma, ni tan siquiera he convertido el equilibrio presupuestario en un dogma, porque depende de cómo se alcance; no es lo mismo lograrlo racionalizando el gasto que subiendo la presión fiscal como hicieron los gobiernos socialistas".

El Gobierno allana los despidos en Administración y empresas públicas

El Pais, 7 de agosto de 2012


Un nuevo reglamento permite los ERE si baja un 10% la aportación presupuestaria en las compañías o las transferencias en comunidades y Ayuntamientos


El Gobierno sigue empeñado en reducir el número de empleados públicos. Uno de los objetivos no confesados de la reforma laboral erafacilitar los despidos colectivos en la Administración, las empresas y los entes públicos. Lo hizo cuando estableció la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos como motivo para justificar los despidos objetivos. Y ahora, en el reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dado un paso más: ha definido esa “insuficiencia presupuestaria” como la reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y Ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en entes, organismos, entidades o empresas públicas.
A la hora de reducir el gasto público, el Gobierno ha dirigido la tijera a la partida de personal. Y lo ha hecho por una doble vía: por un lado, ha reducido sus remuneraciones al suprimir la paga extra de diciembre (en torno al 7% del salario anual); por otro, ha clarificado mucho los procedimientos para reducir las plantillas del sector público.
Hasta que se aprobó la reforma laboral había un debate sobre si se podían promover despidos colectivos en la Administración. La mayoría de juristas opinaban que sí, pero había voces contrarias. La aclaración del decreto de febrero zanjó la discusión: se podían llevar a cabo y hacerlo aduciendo “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para pagar la indemnización más baja de las extinciones de contrato (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades).
Esta es la versión para el sector público de la caída de ingresos también durante tres trimestres que se aprobó en la misma reforma laboral para que las empresas privadas puedan promover despidos colectivos. Aunque entre un caso y otro hay una diferencia importante: es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las subvenciones nominativas o las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, supuestos recogidos para el despido colectivo en el borrador del reglamento al que ha tenido acceso este diario.
La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público (el régimen laboral de los funcionarios no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el de la Función Pública). Solo lo hace al personal laboral contratado por las Administraciones (700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas) y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (142.000, según la Encuesta de Población Activa).
Desde que en febrero se aprobó la reforma laboral —en la que además se cerró al sector público la posibilidad de hacer ajustes de plantilla a través de reducciones de jornada o suspensiones de contrato— ya se han podido ver ejemplos de dónde se puede dar con más asiduidad este tipo de despidos: Radio Televisión Valenciana ha anunciado el despidode 1.247 trabajadores, el 76% de la plantilla.
Un capítulo elocuente del interés del Gobierno —sobre todo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro— por allanar las causas del despido en comunidades autónomas, Ayuntamientos y aledaños es el papel que ha desempeñado en la redacción el departamento que dirige Montoro. El texto que recibieron los agentes sociales el pasado 27 de julio es la segunda versión.
La primera se redactó en mayo y tras el preceptivo periodo de consultas con sindicatos y patronal se envió al Consejo de Estado. El Ministerio de Empleo estaba a la espera del dictamen del órgano consultivo para poder aprobarlo definitivamente hasta que Administraciones Públicas reclamó el texto inicial para hacer cambios. Estos, según explica Empleo, son los que atañen a la definición de “insuficiencia presupuestaria”.
También ha tenido su papel el departamento que dirige Montoro a la hora de otorgar un casi papel de tutelaje del proceso a la Secretaría de Estado de Administraciones o “autoridad equivalente” autonómica. En cambio, no da cabida alguna a la Inspección de Trabajo.
La parte que atañe al sector público es solo una parte del reglamento de los ERE (despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada). En las 40 páginas del decreto también se establece la documentación que tendrán que entregar los empresarios a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo para justificar la causa que aducen para poner en marcha una regulación de empleo.
CC OO y UGT remitieron ayer sus alegaciones al Ejecutivo. En ellas, los sindicatos mayoritarios reiteran las dudas que tienen sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. También denuncian la exclusión de la Inspección de Trabajo en los despidos de la Administración. En opinión de estas dos centrales, con este reglamento se confirma la vulneración del derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos.


lunes, 6 de agosto de 2012

El Gobierno se plantea que las vacaciones dejen de ser pagadas

Diario "Elaguijon.com" 2 de agosto de 2012


Una de las propuestas que está manejando el ejecutivo de Mariano Rajoy dentro de un nuevo paquete de medidas de recortes con el que satisfacer a los mercados es que las vacaciones de los trabajadores pasen a ser no remuneradas o al menos se vean reducidas a una semana. La medida, que por el momento está en estudio, estaría en vigor durante 2013 y 2014, y estaría concebida dentro de un paquete para la devaluación interna de nuestro mercado económico.
Luisa Galván. 02.08.12. Según ha podido saber Diario El Aguijón de fuentes del área económica del Gobierno, Mariano Rajoy tiene sobre su mesa en estudio un paquete de medidas para una devaluación interna de nuestro mercado laboral que tendría por objetivo el ahondar en los recortes y el ahorro. Una de esas medidas, sin duda la que generará más polémica, consiste en que durante 2013 y 2014, las vacaciones anuales de los trabajadores pasen a ser no remuneradas o al menos lo sean sólo durante 7 días. El proyecto no plantea que las vacaciones dejen de disfrutarse, sino que estas pasen a ser no remuneradas, por lo que durante el tiempo de disfrute los trabajadores no percibirán su salario. Las fuentes consultadas por Diario El Aguijón señalan que no queda claro todavía si los trabajadores podrían renunciar a esas vacaciones y trabajar durante ese periodo o posponerlas más allá del periodo de aplicación de la medida, es decir a 2015. Esas mismas fuentes señalan que “la medida se tomaría para reducir los importantes costes laborales que tienen tanto las empresas privadas como la administración por las vacaciones durante un periodo de dos años, y de esa forma permitir que se ganar en competitividad y reactivar la economía y fomentar nuevas contrataciones”.
Esas mismas fuentes señalan que no en todos los países las vacaciones son remuneradas como en España, señalando especialmente a Estados Unidos, y que la medida se tomaría con un carácter excepcional durante sólo dos años y como esfuerzo de todos para salir de la crisis. Sin embargo no parece que ese tipo de medidas vayan a ser muy del agrado de los trabajadores y las organizaciones sindicales, que tienen convocadas fuertes movilizaciones e incluso una huelga general de funcionarios para el mes de septiembre. Una nueva vuelta de tuerca, que podría hacer saltar por los aires la paz social.