Diario de Avisos, 1 de diciembre 2012
Por Fermín Delgado García*
Si se estudian las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), observamos que el empleo público en España creció durante la crisis de forma ininterrumpida hasta finales de septiembre del año 2011, cuando alcanzó su máximo histórico con 3.220.600 asalariados (EPA, tercer trimestre de 2011).
En el último año, a fecha de 30 de junio de 2012, se había reducido el empleo público en nada menos que 228.900 personas y los asalariados del sector público eran 2.991.700 personas (EPA, tercer trimestre de 2012).
En Canarias, al principio de la crisis, tomando el cuarto trimestre de 2007 como límite, cuando se tuvo la tasa de paro más baja desde que existe la EPA, con el 9,7% de la población activa, el número de empleados públicos entonces era de 140.700 (EPA, cuarto trimestre de 2007).
Es cierto que durante los tres primeros años de la crisis, el empleo público no dejó de crecer y alcanzó su máximo histórico el 30 de junio de 2011, con 160.800 asalariados (EPA, segundo trimestre de 2011). Por lo tanto, en ese periodo el empleo público aumentó en valores absolutos en 20.100 asalariados. Hay que recordar que este dato se refiere al conjunto de las administraciones públicas (Administración estatal, Comunidad Autónoma de Canarias -CAC-, universidades públicas, cabildos y ayuntamientos). La distribución del empleo entre administraciones públicas es aproximadamente la siguiente: 19,4%, la Administración del Estado; 45,2%, la CAC, que, si sumamos los asalariados de las dos universidades (3.317 empleados), se pone en el 47,6%, y las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos), con el 32,9% del total de los empleados públicos.
Desde entonces, del 30 de junio de 2011 hasta hoy, los asalariados en el sector público no han dejado de disminuir ininterrumpidamente, de forma que en los últimos 15 meses se han perdido 32.700 empleos en las administraciones canarias, que han pasado a contabilizar 128.100 empleados (EPA, tercer trimestre de 2012).
Si se toma el dato del último año (comparando el tercer trimestre de 2012 con el de 2011), resulta que se han perdido 19.600 empleos públicos. Y si se compara solo con el trimestre anterior, se han destruido 5.100 empleos en las administraciones canarias.
Si como ya se dijo, en los tres primeros años de la crisis las administraciones crecieron en 20.100 empleados y, a partir del segundo trimestre de 2011, se han perdido 32.700, hay que convenir que el saldo neto de la crisis es que se han perdido 12.600 empleos en el sector público, una tendencia que parece que se va agravar en este próximo año. Si se analiza la participación del empleo público en el conjunto de ocupados de Canarias, se observa que al principio de la crisis los asalariados públicos suponían el 15,4% del total de ocupados, que contabilizaban 911.500 trabajadores (EPA, cuarto trimestre del año 2007). En el segundo trimestre de 2011, esa cifra asciende al 20,5% de los ocupados (EPA, segundo trimestre de 2011), lo que es lógico porque coincide cuando el empleo público alcanza su máximo histórico y la destrucción de puestos en el sector privado es muy alta.
Al trimestre siguiente (EPA, tercer trimestre de 2011), la proporción del empleo público cae al 18,8%, al bajar a 147.700 los asalariados públicos y aumentar levemente el conjunto de ocupados (783.600). Un año después, en el tercer trimestre de este año, 2012, se pasa al 17,2% del total de ocupados. Son 128.100 asalariados en el sector público sobre 746.300 ocupados totales en la economía canaria (EPA, tercer trimestre de 2012).
El que este análisis se ocupe ahora de la evolución del empleo público no supone que no se sea consciente de que la destrucción de empleo en el sector privado durante la crisis ha sido pavorosa. Hay que recordar que al inicio de la crisis había en Canarias 911.500 ocupados (EPA, cuarto trimestre de 2007) y que ahora solo hay 746.300 (EPA, tercer trimestre de 2012). Se han perdido pues 165.200 ocupados.
Si se analizan los datos de los asalariados en el sector privado, la situación de destrucción de empleo es aún más grave. En el cuarto trimestre de 2007, eran 653.800 y hoy son apenas 501.100 (EPA, tercer trimestre de 2012). Hay 152.700 trabajadores por cuenta ajena menos en las empresas privadas.
Y lo que queda…
Para el año 2013, el anunciado recorte de 575 millones en gastos en el presupuesto de la CAC asegura nuevas reducciones en el capítulo I y, por tanto, que se reducirá aún más el empleo público, sobre todo donde más empleados existen: Sanidad y Educación. Ya he señalado que en los Presupuestos de 2012 el gasto de personal (capítulo I) de la CAC supone el 42,6% de todos los gastos no financieros (capítulos I al VII). Si se abunda en lo mismo, las declaraciones realizadas por el presidente de la CEOE en la provincia tinerfeña y exconsejero de Economía del Gobierno canario, José Carlos Francisco, en las que afirma que en la CAC se debe prescindir de 5.000 empleos, y la consideración por parte del presidente Paulino Rivero de estas declaraciones como “una opinión muy cualificada”, apuntan a una importante reducción de personal laboral en la CAC durante el año 2013.
Ahora bien, lo que hay que poner de manifiesto es que, si bien el ajuste vía cantidad ya se ha producido en el sector privado en gran medida (aunque no hay que descartar que sigan los despidos, pero a menor ritmo), la tendencia ahora es que se realiza un fuerte ajuste en el empleo de las administraciones públicas, tanto porque la apuesta es alcanzar el déficit convenido vía reducción del gasto (y el capítulo I supone el 42,6% de los presupuesto de la CAC para 2012) como por la ideología neoliberal que conduce a adelgazar las administraciones públicas.
Es significativo que en el último año (comparando la EPA del tercer trimestre de 2011 con la de 2012) se hayan perdido 29.600 asalariados en el sector privado y que también se hayan perdido 19.600 en las administraciones públicas. Y que en el último trimestre solo caen en 100 los asalariados en las empresas privadas (de 501.200 a 501.100) y se destruyen 5.100 empleos en el sector público en el Archipiélago (EPA, tercer trimestre de 2012).
La conclusión es que lo que está aumentando es el número de trabajadores autónomos para compensar que la población ocupada en el último año haya caído en 37.300 personas y en el último trimestre solo ha disminuido en 1.600 personas (EPA, tercer trimestre de 2012).
Probablemente, los datos de la EPA del último trimestre de este año, 2012, reflejen aún mayor destrucción de empleo público puesto que, en aplicación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014, en el año de 2012, se modificaron los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del mes de julio, lo que supuso recortar 113 millones de euros en el capítulo I (además de los 109 millones que supone la reducción salarial impuesta a los empleados de la CAC en el último semestre de este año). Esto va a significar que la reducción intensa de personal en la CAC se debe producir precisamente a partir de julio de 2012.
Además, la entrada en vigor del Real Decreto 1.483/2012, de 29 de octubre, que regula los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, en aplicación de la reforma laboral aprobada por el PP, establece que serán causas económicas de despido colectivo del personal laboral al servicio de las administraciones públicas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes.
Se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que en el ejercicio anterior la Administración pública en la que se integra el departamento, órgano, ente, organismo o entidad, hubiera presentado una situación de déficit presupuestario; y b) que sus presupuestos se hayan aminorado en el 5% en el ejercicio corriente o en el 7% en los dos ejercicios anteriores. Estas circunstancias en Canarias la cumplen todas las administraciones públicas (Administración del Estado, CAC, cabildos y la mayoría de ayuntamientos), con lo que los despidos colectivos de personal laboral en el sector público se pueden iniciar en cualquier momento.
