Diario Público, 18 de abril de 2013
La Sra. Cospedal, el nazismo y la democracia en España
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
La Secretaria General del Partido Popular, el partido gobernante en
España, la Sra. María Dolores de Cospedal, ha acusado nada menos que de
ser nazis a las personas que protestan por los desahucios manifestándose
frente a los domicilios de las autoridades del partido político
responsable del veto de las Cortes Españolas a las medidas propuestas
por el movimiento social más popular hoy existente en España, la PAH
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Lo que es preocupante y
alarmante es que tal autoridad haya basado dicha grave acusación (en
realidad, insulto) en que –según ella- estos manifestantes “no aceptan
el voto”, es decir, que no respetan la mayoría parlamentaria, mayoría
que –según ella- es resultado del mandato popular expresado por las
urnas. Éstas, es decir, los votos, asignan al gobierno las
responsabilidades de tomar decisiones, sean éstas las que sean, que
deben acatarse por parte de la población, independientemente de que se
esté en desacuerdo con ellas.
Tal interpretación de lo que es democracia, por una personalidad del
nivel de la Sra. Cospedal, es alarmante. Y puesto que esta
interpretación está ampliamente extendida en España, merece una
respuesta. Esta percepción tan generalizada de lo que es democracia
suele presentarse en un argumentario más elaborado, indicando que la
democracia es un sistema de leyes que deben obedecerse, y por lo tanto,
todo comportamiento que no siga tales leyes es considerado
antidemocrático. Esto es lo que en realidad está diciendo la Sra.
Cospedal, en un estilo y narrativa mucho más vulgar y directo, llamando
nada menos que nazis a aquellos que protestan por la aplicación de las
leyes, a pesar de que son manifestaciones no violentas que denuncian a
los gobernantes que aplican tales leyes, estén éstos donde estén.
Lo que tal argumento deliberadamente olvida es que la soberanía
popular procede de la ciudadanía, y que la expresión de tal soberanía
ocurre a través de las instituciones llamadas representativas que en
España están extremadamente limitadas debido al enorme dominio que las
fuerzas ultraconservadoras, herederas de la dictadura, tuvieron sobre el
proceso de Transición, al cual se le define erróneamente como modélico.
El enorme desequilibrio de fuerzas entre los herederos de los
vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil en el
proceso de Transición dio lugar a un proceso muy sesgado, con unas
instituciones representativas muy poco democráticas. Y lo que está
ocurriendo, reflejado en las declaraciones de la Sra. Cospedal, es un
claro ejemplo de ello. Veamos los datos.
Dentro de esta democracia sumamente limitada, sólo el 28% de la
población adulta que podía votar, votó al Partido Popular, lo cual no
fue obstáculo para que tal minoría alcanzara una enorme mayoría
parlamentaria, mayoría totalmente desproporcionada en su tamaño y que no
se correspondía con el voto real. En realidad, la gran mayoría (72%) de
la población que podía votar, no votó al PP. La mayoría en las Cortes
no representa, pues, a la mayoría de la población. Si el sistema hubiera
sido proporcional, tal partido no hubiera estado en mayoría. Esta
claro, pues, que el PP se benefició de unas leyes electorales que le
favorecían, pero que no respondían numéricamente a un mandato
mayoritario.
Pero la cosa es incluso peor, pues la elección de la minoría que votó
al PP (28%) se basó en un programa electoral que el PP se comprometía a
realizar, en caso de ser elegido, cosa que no ha hecho. Promesa
electoral tras promesa electoral ha sido desatendida. La evidencia de
ello es abrumadora. Como también es abrumadora que la élite dirigente
del PP sabía que no la cumpliría, mintiendo a la ciudadanía. La rapidez
con la que actuó, ignorando sus promesas, era el mejor indicador que sus
acciones reales (muchas de ellas opuestas a su programa electoral)
estaban ya programadas en la época pre-electoral.
Es obvio, pues, que gran número de políticas que el gobierno PP está
realizando (desde las políticas de recortes de gasto público social, que
contrastan con el gran apoyo a la banca, hasta el veto a la propuesta
altamente popular de la PAH) carecen de mandato popular, entendiendo
como tal el deseo por parte de la mayoría de la población de que las
políticas que el gobierno aplique son las deseadas por tal población.
Incluso entre sus votantes, la mayoría no eligió al PP para que llevara a
cabo políticas opuestas a las que prometió durante el periodo
electoral. Y la impopularidad de tales políticas, incluso entre sus
votantes, es la mejor prueba de ello.
Pero lo que la Sra. Cospedal ignora es que tales políticas que el
gobierno PP está implementando, contrarias al deseo de la mayoría, no
sólo son altamente impopulares, sino que deslegitiman al gobierno y a la
democracia, pues lo que el gobierno está haciendo no es llevar a cabo
las políticas expresadas por la mayoría de la población, sino que las
está imponiendo en ausencia de un mandato popular. La respuesta de la
ciudadanía ante esta situación es la protesta pública en defensa de la
democracia mediante cualquier medio (utilizando medios no violentos)
pues está intentando salvar la democracia en España frente a una
violencia legal que es inasumible. El echar a una familia a la calle,
sin techo, es enormemente violento y toca las dimensiones más íntimas de
la persona. Cuando, además, estas políticas, aún siendo legales, no son
legítimas –al carecer de mandato popular- es injusto y traduce una
prepotencia y arrogancia exigir que los responsables de tal situación
tengan un trato distinto, que definen como civilizado, opuesto al
incivilizado que están imponiendo.
La respuesta de las fuerzas conservadoras (incluidas las de algunas
voces de las izquierdas ex gobernantes) es que la manera de responder
democráticamente es esperar al voto hasta dentro de cuatro años, en un
sistema que tampoco refleja el deseo popular. Ahí está el triunfo de las
fuerzas conservadoras, escrito en piedra en sus leyes y en la Carta
Magna, la Constitución. La continua defensa de la Constitución como
intento de legitimar toda una serie de políticas sin mandato popular es
parte de la defensa de los intereses de aquellos que dominaron el
proceso de Transición, que eran, a su vez, los herederos de los que
ganaron la Guerra Civil. A la Sra. Cospedal parece escapársele la
incoherencia de acusar a sus adversarios de nazismo, cuando ella está
donde está, repito, como consecuencia de la historia de este país en los
últimos setenta y cinco años, donde el enorme poder de las fuerzas
ultraconservadoras, incluyendo su partido político, sobre los aparatos
del Estado ha determinado la configuración de las instituciones
políticas, siendo el punto de origen de su poder el golpe militar del
General Franco apoyado precisamente por el nazismo alemán y el fascismo
italiano, apoyo sin el cual la democracia no hubiera sido derrotada en
España.
Si España tuviera un Estado auténticamente democrático, además de
tener leyes electorales más representativas, habría referéndums
decisorios, que podrían debatirse (en unos medios más plurales que los
que hoy existen en España), siendo tal debate las bases para la decisión
popular. Y no hay duda, según los resultados de las encuestas, de que
las políticas decididas por referéndums (incluidas las propuestas del
PAH) serían mucho más mayoritarias que las decididas por las Cortes,
mostrando que las Cortes Españolas hoy, en su mayoría, no representan a
la mayoría de la población española, incluido, por cierto, el votante y
ex votante del PP.