Razones para una Huelga General

Por Daniel Jimenez, afiliado al sindicato de banca de CGT Madrid y
militante de varios movimientos sociales.

Estos días resulta bastante frecuente escuchar a muchos trabajadores y
trabajadoras decir que no irán a la huelga, y lo argumentan lanzándose a una dura crítica contra los dos sindicatos mayoritarios del país. No seré yo, afiliado como soy a CGT, quien les defienda, pero me preocupa que los que adoptan este discurso no se den cuenta de un importante detalle: el golpe que supone esta reforma laboral no lo van a sufrir ni Méndez ni Toxo. Ellos están más que a salvo.
Esta reforma laboral la van a pagar, en cambio, la inmensa masa social de este país, compuesta por aquellos hombres y mujeres que sólo cuentan con su fuerza de trabajo para ganarse el pan. No son las grandes cúpulas paniaguadas de los sindicatos de concertación los perjudicados por esta
reforma laboral. No, el perjudicado eres tú, que tal vez trabajas en una
subcontrata y te han echado al ser descubierto cuando querías montar un
comité de empresa. O tu padre, que ha sido despedido a sus 50 años con 20 días de indemnización por año trabajo, en lugar de 45, ya que esta reforma laboral tiene efectos retroactivos. O tal vez sea tu hermana, a la que le han cambiado el horario de trabajo de buenas a primeras y ya no puede ver a sus hijos. El primer caso ha ocurrido toda la vida. Los otros ahora serán posibles tras la reforma laboral.
A finales del pasado año, mi comité de empresa, del que tengo el inmenso honor de forma parte, forzó un acuerdo con la dirección que permitió mejorar las condiciones laborales de gran parte de nuestros trabajadores. Este acuerdo mañana puede quedarse en agua de borrajas si la empresa dice que ha tenido un mal año, y poco importará que mientras tanto siga repartiendo dividendos y bonus a los señores que deciden nuestro destino. Así sucederá previsiblemente con los acuerdos y convenios colectivos en miles y miles de empresas, afectando tal vez a decenas o cientos de miles de trabajadores. Ellos, y no los liberados sindicales, ni Méndez, ni Toxo, son las víctimas de la reforma laboral. Y lo son porque aunque quieran defenderse, el nuevo marco legal no lo va a permitir.
A esos trabajadores que critican a los sindicatos tachándoles de gremio
privilegiado les formularía la siguiente pregunta: ¿tú dejarías tus derechos laborales, que son los que te garantizan un trabajo digno, en manos de gente en la que no confías? Porque si no confías en los dos grandes sindicatos, puedes afiliarte a otras muchas centrales sindicales. Otra posibilidad sería cambiar desde dentro a esos dos grandes sindicatos mayoritarios. Posiblemente, si en lugar de la afiliación tan mínima que se registra en ellos, la inmensa mayoría de la clase trabajadora de este país estuviera activa y militante dentro de CCOO y UGT, sus cúpulas lo tendrían mucho más difícil para hacernos comulgar con ruedas de molino.
Pero los trabajadores no hacen ninguna de las dos cosas. No buscan otros
sindicatos ni tampoco intentan afiliarse a los dos grandes para presionarles y obligarles a tomar otra dirección. En lugar de eso se queda viendo la televisión, y tragándose los tendenciosos mensajes de esos opinólogos y políticos que también están convenientemente paniaguados, todavía más que los sindicatos, por cierto, y que les inoculan ese brillante mensaje de “jodeos, liberados sindicales, que yo no voy a la huelga por esa reforma”. Por esa reforma que atenta contra vosotros, la clase trabajadora de este país, les falta añadir.
Nuestros padres consiguieron vivir mejor que nuestros abuelos. Pero mi
generación, la nacida a partir de la década de los ochenta, va a vivir peor que la de nuestros padres. Y nuestros hijos e hijas, si es que aún quedan valientes que piensen que es viable ese lujo de tener hijos, sencillamente no tienen futuro. No tienen futuro porque hemos hecho todo lo posible para que no lo tengan. O mejor aún, no hemos hecho nada. ¿Hasta cuándo tiene que seguir cayendo vuestra dignidad para llegar al fondo del pozo? Esa sería la pregunta que yo me atrevo a lanzar a toda esta generación que asiste como espectadora a su propio despojo.
Pero algunos y algunas no nos resignaos, y aunque seamos pocos, allí estaremos con nuestra dignidad a cuestas el próximo 29 de septiembre. Intentando hacer nuestra la convocatoria. No de UGT, no de CCOO, ni siquiera de CGT, mi sindicato.
La clase trabajadora de este país debe unirse sin fisuras de nuevo e intentar trascender y superar todas las siglas. La protesta debe ir más allá del día de la huelga general y seguir adelante. Comandada no por las cúpulas, sino por nosotros y nosotras, que somos las víctimas propiciatorias de esta reforma laboral. Salvo que volvamos a recuperar el timón de nuestras vidas. De ti, que estás leyendo esto, depende. Despierta y haz el favor de darnos, en primera persona del plural, un futuro en el que merezca la pena que vivan tus hijos.

La Función Sindical

Diario de Avisos 22/09/10

Laureano Zurita Espinosa

Es un mito que las situaciones de crisis agudicen el ingenio, como demuestra la última perla del Diputado del Común en funciones, quien sugiere que los funcionarios deberían vestir de uniforme para poder ser identificados en los bares y cafeterías. Se trata sólo de una broma de mal gusto, del género de las ocurrencias que proliferan en esta época de confusión. Mucho más graves son sus declaraciones poniendo en cuestión la profesionalidad de los funcionarios. En mi opinión no tiene razón. Jamás ha habido en este país un cuerpo de funcionarios mejor preparado que en el momento actual, en todos los ámbitos del servicio público: salud, educación, defensa, seguridad, protección civil, judicatura, servicios sociales, etcétera. La vocación de servicio, preparación y profesionalidad de la inmensa mayoría de los funcionarios está fuera de toda duda. Flaco favor hace a esta sociedad el Diputado del Común en funciones, alimentando el superado tópico decimonónico del “vuelva usted mañana” de Larra, en lugar de atender, como es su obligación, los verdaderos y serios problemas del conjunto de los ciudadanos canarios, sus representados.Es legítimo y necesario para el progreso de nuestra sociedad un debate constructivo, plural y abierto sobre el modelo de Estado y sobre cuál ha de ser el alcance de los servicios públicos. Es evidente que queda mucho por mejorar y tampoco hay duda de que las administraciones públicas tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad a la que sirven. Pero cuestionar lo público resaltando únicamente sus ineficiencias (que las tiene) y descalificando al colectivo de funcionarios a partir de generalizaciones basadas en las excepciones (que también existen) constituye un ejercicio de grave irresponsabilidad. Y a ésta hay que añadir el cinismo, si lo que se pretende es crear un estado de opinión que allane el camino para adoptar medidas de recorte en las administraciones, convirtiendo interesadamente a los funcionarios en el chivo expiatorio de la crisis económica que padecemos.Sobre este particular, haciendo una breve recapitulación de los acontecimientos que han derivado en la depresión económica actual y las dramáticas cifras del paro, que sufrimos con especial intensidad en nuestras islas, no encuentro a los funcionarios especialmente culpables. Todo comenzó con las famosas hipotecas basura estadounidenses, que, empaquetadas en productos financieros incomprensibles, se vendieron hasta en la más remota oficina bancaria del planeta. Este comportamiento irresponsable y codicioso, que escapó al control de los Estados y sus organismos reguladores, produjo una crisis financiera global que derivó en crisis económica. En España también tuvimos nuestras particulares hipotecas basura asociadas al boom inmobiliario. Los bancos y cajas no hacían ascos a conceder préstamos hipotecarios en condiciones de ensueño, que permitían comprar la casa, amueblarla, y aún sobraba para el coche nuevo. Mientras muchos disfrutaban alegremente de esta nueva Jauja, los funcionarios seguían, desde la segunda legislatura de Felipe González, con su sueldo congelado, o subiendo por debajo del IPC. Y nadie se acordó entonces de ellos. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, el Gobierno de España reaccionó tarde y mal. Tras haber negado la crisis, bajo el eufemismo de la “desaceleración económica”, a la espera de un salvador repunte que nunca llegó, no pudo sino prolongar unos meses más la lenta agonía del sector de la construcción dilapidando fondos públicos con el Plan E. Las cifras del presunto rescate a las entidades financieras siguen siendo un misterio, mientras los grandes bancos españoles continúan batiendo records de beneficios a pesar de la crisis. Los comportamientos insolidarios asociados al fraude fiscal y la economía sumergida siguen plenamente vigentes. En la esfera de lo público se mantienen multitud de organismos de dudosa utilidad repletos de puestos y cargos elegidos a dedo con elevadas remuneraciones. Y es en este escenario en el que el Gobierno de España decidió, para enjugar el déficit en las cuentas públicas, congelar las pensiones y bajar los sueldos a los funcionarios. Doble error. En primer lugar, porque esta pérdida de poder adquisitivo impacta negativamente y de forma inmediata sobre el consumo (los pensionistas y funcionarios no son seres de otro planeta: también toman café, comen, pagan su vivienda...). Y en segundo lugar, en el caso de los funcionarios, por el estímulo negativo que supone una bajada de sueldo tras más de dos décadas de congelación salarial, es decir, de estímulo nulo. Por poner un ejemplo paradigmático, no debe resultar precisamente motivador para los agentes de la Guardia Civil, que se juegan la vida a diario por la seguridad de todos, ver reducido aún más su ya exiguo sueldo.Como el acceso a la función pública es legítimo, igualitario (cualquier ciudadano puede ser funcionario demostrando su mérito y capacidad en una oposición libre y justa) y requiere preparación y esfuerzo personal, no encuentro motivo objetivo alguno para reprochar nada a los funcionarios. Y mucho menos para convertirlos en el chivo expiatorio de esta crisis. Por el contrario, echo en falta un apoyo decidido y contundente de los responsables políticos a la labor que desarrollan los empleados públicos. El único pecado de los funcionarios, a lo que se ve, es que disfrutan de una situación laboral estable en un entorno inestable. Esto es percibido por el resto de la sociedad como un agravio comparativo en tiempos de crisis económica (porque en los tiempos de dinero fácil no le importaba a nadie), pero no acabo de comprenderlo del todo. ¿No sería más sensato reclamar la estabilidad propia, que la inestabilidad ajena?

Desquiciada propuesta del Diputado del Común

Diario de Avisos 17/09/10

(Art. de opinión de Alfonso González Jerez a la propuesta del Diputado

del Común en el día de ayer)
El señor Manuel Alcaide, que se balancea como un viejo caballero sureño en la mecedora del Diputado del Común, mientras sus negros cosechan informes que luego utilizará como tabaco de pipa, acaba de brindar otra de sus luminosas ideas: uniformar a los funcionarios públicos. Ya se sabe que los funcionarios públicos mantienen la producción cafetera de Brasil porque se pasan las mañanas vagabundeando por los baretos. Si se les impusiera un uniforme -como en la Rusia zarista o en la Corea de Kim Jong Il- no podrían ocultar su criminal y generalizado abstencionismo. Por supuesto, esta medida requeriría de la colaboración de los propietarios y empleados de las cafeterías, que estarían legalmente obligados a comunicar la presencia de los delatadores uniformes a la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Autonómica. La que llegue antes desde el bar de al lado.


- ¿Sí? ¿La policía? Mire, los llamo desde El Imperial. Hay aquí dos funcionarios desayunando.

- ¿Están desayunando o simplemente toman un café?

- ¿Un café? Uno se está mandando un bocadillo de pollo y otro un cruasán mixto. Cada uno está armado con un carajillo.

- Joder. Estonces son peligrosos. No se ponga nervioso y póngales lo que le pidan. Mandamos una unidad enseguida.

Yo creo que la natural modestia y la discreción característica del señor Alcaide le han impedido desarrollar completamente las ricas posibilidades de su sugerencia. El uniforme como instrumento estigmatizador y chivato muestra un amplio abanico de oportunidades. Los inmigrantes en trámite de legalización, por ejemplo, podrían llevar un saco de papas como traje obligatorio. Los malos dentistas andarían con polainas. Los abogados sinvergüenzas deberían aprovisionarse únicamente con chaquetas marengas de Emidio Tucci. Los padres que no hacen los deberes con sus hijos vestirían de morados, los cornudos de verde, los que están hartos de procesiones y fiestas patronales de negro, los periodistas (todos) de arlequines. Quizás fuera más económico retomar la estrella de David, de color amarillo y en el pecho, y distinguir simplemente a las personas decentes y temerosas de Dios de los perdidos sin esperanza. Sólo me queda la duda de cómo uniformar a un individuo con la suficiente desvergüenza como para llevar y cobrar casi cuatro años en funciones y soltar vejatorias necedades desde su impunidad camastrona. Quizás lo mejor sería dejarlo en pelota picada.

Huelga General en Francia

Diario El Mundo 7/09/10

Francia vive hoy una jornada de huelga general convocada por los sindicatos en protesta por el proyecto de reforma de las pensiones presentado por el Gobierno de Nicolas Sarkozy y que precismente este martes comenzará a ser debatido por los diputados galos.
El retraso de la edad de jubilación, de los 60 a los 62 años, es la principal medida del plan gubernamental, el principal caballo de batalla al que se oponen los sindicatos que esperan convocar a más de dos millones de personas en las diferentes manifestaciones previstas en el país.
Los maestros están llamados al paro desde hoy y el apoyo a la huelga está cifrado por los sindicatos en el 30%, pero el Gobierno lo rebaja al 5,6%.
En los transportes se espera una fuerte incidencia en los ferrocarriles, donde el paro ha comenzado a las doce de la noche y donde la empresa pública prevé una reducción de tres de cada cinco trenes de alta velocidad y la suspensión de la mitad de los regionales.
Cuestión de fuerza
Para los sindicatos la jornada será una prueba de la fuerza que tienen para oponerse a un Ejecutivo que cuenta con una mayoría suficiente para sacar adelante una reforma a la que no parece dispuesto a renunciar.
"No seré un presidente más que me vaya sin haber solucionado el asunto" de las pensiones, aseguró el pasado viernes Sarkozy, sabedor de que esta espinosa cuestión hizo recular en el pasado a algunos de sus antecesores en el cargo.
Para obligar al Gobierno a rectificar, los sindicatos necesitan hacer una prueba de fuerza que muestre que una mayoría del país está en contra de los planes del Gobierno.
La cifra de dos millones de manifestantes es un referente, porque es el número que los sindicatos aseguran que salieron a las calles el pasado 24 de junio en la jornada de protesta contra la reforma de las pensiones, una cifra que el Gobierno redujo a los 800.000.
Las centrales sindicales son conscientes de que sólo un gran éxito de la convocatoria puede hacer al Ejecutivo cambiar sus planes en el trámite parlamentario de la reforma.
El eslabón más débil de la cadena
El encargado de defender la propuesta del Gobierno, el ministro de Trabajo, Eric Woerth, aparece como un eslabón débil del gabinete, implicado en el 'caso Bettencourt' sobre tráfico de influencias en torno a la multimillonaria heredera del imperio cosmético L'Oréal.
Woerth, un convencido "sarkozista", cuenta por el momento con el apoyo del presidente, pero su figura aparece cuestionada en un momento en el que tendrá que dividirse entre la reforma más importante del mandato de Sarkozy y su defensa de los ataques por su papel jugado en ese caso.
Ante ese ambiente, antes incluso de conocer la amplitud de la huelga general, el Ejecutivo ha dejado entrever que está dispuesto a suavizar un tanto su reforma, aunque no cuenta con renunciar al núcleo de la misma, que consiste en aumentar los años de cotización retrasando la edad de jubilación.
Situarla en 62 años y elevar a 67 la edad mínima para cobrar el 100% de la pensión, frente a los 65 años, aparece como una ambición irrenunciable para Sarkozy. Pero fuentes del Elíseo han dejado abierta la puerta a la introducción de cláusulas particulares en favor de las carreras largas, de los trabajos de particular dureza o los que han cotizado en diferentes regímenes.
Saber si esas concesiones calmarán a los franceses dependerá en gran medida del éxito de la huelga.

"HuelgaGeneral.info" : El portal de CGT para la Huelga General del 29-S

Contra el decretazo, el tijeretazo y el pensionazo. Razones y Propuestas de la CGT.

http://huelgageneral.info/

El Cabildo reduce el sueldo de su personal un 5% de forma escalonada

Diario de Avisos 17/06/10

El Cabildo ha aprobado medidas de ajuste en las retribuciones de su personal en un 5 por ciento, además de a consejeros y gerentes, y señala que su gasto de personal y de puestos directivos es "notablemente inferior" al de administraciones similares en competencias y presupuesto.La corporación insular afirma en un comunicado que ha aprobado los acuerdos correspondientes para aplicar los ajustes retributivos tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Precisa el Cabildo que cuenta con un número de consejeros electos con dedicación exclusiva y asesores o puestos de confianza comparativamente inferior al de otras administraciones.Las medidas aprobadas se concretan en dos acuerdos, el primero de ellos, referido a la reducción de las retribuciones en el ámbito del Cabildo y sus organismos autónomos. Para ello se llevó se acordó en la mesa general de los empleados públicos de la corporación, en la que están representados los sindicatos CCOO, UGT, SEPCA, IC, CSIF y CGT, reducir las retribuciones en un 5 por ciento, con criterios de progresividad y de forma escalonada para todos los grupos profesionales, salvo para los empleados pertenecientes al nivel retributivo más bajo, los del grupo E, cuyo complemento específico sólo se reducirá en un 1 por ciento. Asimismo, el acuerdo contempla aplicar los mismos criterios a todos los empleados, con independencia de si son funcionarios o personal laboral.En cuanto a los consejeros, gerentes y directores de empresas, consorcios y fundaciones, se aprobó la aplicación de la reducción de las retribuciones, tomando como referencia los criterios y escalas recomendadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del acuerdo de 25 de mayo de 2010. El segundo de los acuerdos abarca las medidas retributivas de los empleados de las empresas públicas, fundaciones y consorcios, a los que se les emplaza a la negociación colectiva para lograr una reducción similar a la que se aplicará a los trabajadores del resto de la corporación, es decir de un 5 por ciento de la masa salarial.El presidente de la Corporación, Ricardo Melchior, informó de que dos años antes de la adopción de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, el pasado mes de mayo, el Cabildo ha venido aplicando un conjunto de actuaciones para reducir los gastos de personal, tales como no aprobar ofertas de empleo público, impulsar los planes de jubilaciones anticipadas y parciales, amortización de puestos de trabajo, reducción de las horas extraordinarias y de las contrataciones temporales y congelación de los sueldos de los consejeros y personal de confianza desde 2008.

Aplicación del Real Decreto 8/2010 en la Comunidad Autónoma de Canarias

Blog CanariasAhora.com 14/06/10

De momento sólo cargarán con el sacrificio los funcionarios y el personal laboral. El Gobierno de Canarias ha decidido hacer una aplicación muy sui géneris del Real Decreto 8/2010 para el recorte del déficit público, que obliga a las administraciones públicas españolas a reducir un 5% su masa salarial. De momento, según un acuerdo que irá esta semana al Consejo de Gobierno, sólo se aplicará ese porcentaje a los trabajadores públicos, tanto al personal laboral como al funcionario y estatutario. Los altos cargos (presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales), para los que se anunció un recorte salarial del 15%, quedan fuera de momento.
Así lo ha decidido el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, que en la aplicación del recorte del déficit público ordenado por el Gobierno central (el Real Decreto es legislación básica, luego de obligado cumplimiento), tiene todas las prerrogativas en Canarias. Su decisión, respaldada por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, ha sido la de rebajar un 5% todas las retribuciones del personal laboral (salario base, trienios y complementos) y la misma proporción al personal laboral y estatutario, pero aplicándola solamente al salario base y a la antigüedad.
El resto de las reducciones a las que el Gobierno canario está obligado para alcanzar la rebaja efectiva del 5% en la masa salarial incluida en el Capítulo 1 de sus presupuestos generales, habrá de ser aprobada mediante modificación de la Ley de Presupuestos de Canarias, una vía sorprendente y jurídicamente innecesaria que ya ha empezado a ser elaborada por un equipo ajeno a la Consejería de Economía y Hacienda bajo la dirección de una persona de la máxima confianza del consejero Soria, Rosa Rodríguez, viceconsejera de Economía.
Esa modificación legal, cuyo alcance será abordado esta semana por el Consejo de Gobierno, será la que regule cómo aplicar la instrucción para la elaboración de retribuciones en nómina, que se aprueba cada enero desde 2006 pero que ahora habrá de ser modificada para ejecutar el Real Decreto 8/2010 de recorte del déficit público. Esa instrucción siempre ha afectado a todas las nóminas de la administración, es decir, desde los trabajadores públicos a los altos cargos, incluyendo asesores.
Pero en esta ocasión, el Gobierno ha hecho algunas extrañas piruetas. De entrada, ha remitido a un acuerdo de Gobierno la modificación de la instrucción sobre elaboración de nóminas, que en cualquier otra ocasión se hubiera resuelto con una circular de la Consejería de Presidencia, a quien pertenece Función Pública. En segundo lugar, ha sacado de esta modificación salarial a los altos cargos, que seguirán cobrando sus nóminas íntegramente mientras se tramita esa modificación de la Ley de Presupuestos, la tercera originalidad, ya que no es jurídicamente necesario para hacer un cambio en las nóminas.
Con todo, aún aplicando la máxima urgencia a esta tramitación parlamentaria, con lectura única, es probable que no haya aplicación del decreto del Gobierno de España hasta el próximo otoño. Hasta entonces, el Gobierno disfrutará de su salario íntegro. Había prometido una rebaja del 15.

La crisis evidencia que hay demasiados funcionarios

Diario La Opinión 15/06/10

El sobredimensionamiento de la estructura administrativa de las Islas es insostenible con la crisis y ya se están empezando a evidenciar las dificultades para pagar las nóminas de los 126.000 funcionarios que trabajan para las diferentes Administraciones canarias. Expertos y ex consejeros de Hacienda del Gobierno autónomo concluyen que el sector público se infló durante los años de bonanza económica y ahora, con una recesión impensable hasta hace tres años, los gobiernos autónomos, insulares y municipales se están viendo con serias dificultades para poner freno al ingente gasto que supone mantener los puestos de trabajo.El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Suay, cree necesaria una "simplificación" de la Administración para evitar el excesivo solapamiento de competencias y funciones que se da con demasiada frecuencia en los distintos niveles, situación que implicaría la eliminación de órganos y unidades de gestión. Para Suay habría que realizar ajustes en los escalones superiores de la Administración y en el ingente personal eventual y temporal que entra más por criterios de "confianza" y "lealtad" que por los sistemas legales de nombramientos y oposiciones de la Función Pública.El también miembro del Consejo Consultivo de Canarias puntualiza que no se puede "penalizar" siempre al funcionario porque su labor es también "imprescindible", pero apuesta por implementar más controles e inspecciones para agilizar y dar mayor eficacia al trabajo que se hace para los ciudadanos.Los ex consejeros de Economía y Hacienda José Miguel González, Luis Hernández y Óscar Bergasa coinciden en que el sector público de las Islas no se puede sostener en las actuales condiciones económicas, aunque sus opiniones van de un extremo a otro a la hora de valorar las medidas a adoptar. José Miguel González asegura que ahora "no el momento oportuno" pero habrá que tomar decisiones de racionalización que implica la reducción de puestos de trabajo en la Administración, que afectaría al personal temporal y al que está adscrito a las empresas, entidades y fundaciones públicas. "El problema es muy serio pero ahora que está acabando la legislatura no es el momento, deberá ser un asunto prioritario para el próximo Gobierno", añade el actual presidente del grupo parlamentario de CC.El ex consejero y economista Óscar Bergasa es más drástico y asegura que contar con los mismos servicios en tres administraciones diferentes es un "disparate", por lo que es "inaplazable" una reforma de la Administración y una regulación de las funciones de los empleados públicos porque sería un "suicidio" seguir de esta forma. Bergasa cree que debe asegurarse los puestos de trabajo de los servicios públicos esenciales -Sanidad y Educación- que suponen más de 50.000 empleos, pero sí hay que eliminar puestos "absurdos" que no aportan nada en los diferentes niveles administrativos y en las empresas públicas.Por su parte, Luis Hernández defiende una reestructuración urgente de la organización del trabajo en la Administración, traspasar a la iniciativa privada las funciones que realizan las sociedades y fundaciones públicas y amortizar plazas que supongan un solapamiento de competencias. Hernández, economista y empresario, cree que la Comunidad Autónoma debe reducirse al mínimo y darle más competencias a los cabildos para agilizar el "calvario" que supone la excesiva burocracia que impera en las Administraciones canarias.

Huelga 8 de Junio (Cartel)

Huelga 8 de Junio

1. Para la CGT, la Huelga General es la respuesta sindical y social que hoy corresponde a la situación de crisis a la que está siendo sometida la clase trabajadora y demás sectores populares de este país. Pero, actualmente, no existe una mayoría suficiente en la Organización para respaldar que la Huelga General se convoque el día 8 de junio coincidiendo con la Huelga en las Administraciones Públicas.

2. En consecuencia, CGT convoca Huelga en el Sector Público el día 8 de Junio (haciéndola extensible a todas las empresas públicas), como medida inmediata y previa para seguir movilizándose en pro de la convocatoria de Huelga General.

3. Además, CGT Convocará una Jornada de Lucha el 8 de Mayo para que todas las personas trabajadoras, del sector privado y del sector público, los millones de paradas y parados, las personas pensionistas, las dependientes, las precarias, las excluidas, los movimientos sociales, vecinales,… se movilicen y participen en todas la manifestaciones, concentraciones y actos públicos que se organicen ese día a lo largo de todo el país para así mostrar la solidaridad y unión de la clase trabajadora, del sector público y privado, y se clame por la convocatoria de la Huelga General

4. Para CGT es prioritaria la convocatoria de la Huelga General y que esa convocatoria sea en coincidencia con la convocatoria que plantean las centrales sindicales mayoritarias o alguna de ellas en las próximas semanas para así unificar toda la protesta del sector privado y el sector público en la Huelga General.