El arzobispo de Granada ve enfermizo querer ser funcionario

Diario La Opinión, 8 de febrero de 2012

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha abogado por un cambio en la mentalidad de "pueblo subsidiado" que a su juicio impera en la sociedad española y ha censurado que desde que comenzó la crisis exista "cierta tradición paternalista" por la que todos esperan que sus problemas sean resueltos por las autoridades.En la Homilía que pronunció este domingo en la Abadía del Sacromonte con motivo de la celebración de San Cecilio, el patrón de la ciudad, y ante los representantes municipales del Ayuntamiento de Granada, el prelado cuestionó además el amplio número de jóvenes que pretenden convertirse en funcionarios, lo que, en su opinión, es una "enfermedad social".Asimismo, el prelado hizo mención a las encuestas que realizó entre los universitarios en sus comienzos como obispo: "Un porcentaje muy alto, cercano al 80 por ciento de los chicos, buscaba ser funcionario. Eso es una enfermedad social", dijo Martínez, para quien es necesario un "cambio de cultura" que tiene que ver con la fe y con "cierta capacidad de riesgo".

El desprecio político al funcionariado

Artículo de opinión publicado en Ine.es/opinión de Francisco J. Bastida, catedrático de derecho constitucional.

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia.

Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Faltan o sobran empleados públicos

El Día, 24 de enero de 2012

Ramón Trujillo, Coordinador de IU en Tenerife

Que el nivel de empleo público de nuestro país sea presentado constantemente como excesivo es algo que responde a prejuicios ideológicos y no a juicios racionales. Que el empleo público sea mostrado como parte de nuestros problemas económicos, y no como parte de la solución a tales problemas, es un éxito de la propaganda y un fracaso de la información que debiera hacernos reflexionar.

En la Unión Europea de los Quince (UE-15) -el grupo de Estados más ricos, en que se halla España-, los Estados con mayor tasa de empleados públicos sobre la población activa son Dinamarca (31,8%), Suecia (26,4%), Finlandia (25,1%) y Francia (24,3%). Pues bien, si echamos una ojeada a sus tasas de desempleo de 2010 veremos que todos estuvieron por debajo de la media europea de desempleo y, por supuesto, por debajo de la mitad de la tasa de desempleo española.

La tasa de empleados públicos de España supone el 12,9% de la población activa. Si nuestro país hubiera contado en 2010 con la misma tasa de empleo público que Suecia, habría dispuesto de 3.193.000 empleos adicionales y la tasa de desempleo se habría reducido al 6,2% (frente al 20,1% de entonces).

Sin embargo, si Dinamarca se hubiera visto obligada a reducir su nivel de empleo público al promedio de España, habría tenido que despedir a 548.000 personas y su tasa de paro habría aumentado desde el 7,4% hasta el 26%. Si Suecia y Finlandia hubieran recortado su empleo público al nivel español, habrían incrementado sus tasas de desempleo del 8,4% al 21,5% y al 20,5%, respectivamente. Francia habría despedido a más de tres millones de empleados públicos y habría superado el 20% de desempleo.

España necesita más empleo público, y no menos, para dejar de ser la locomotora europea del desempleo. Más gasto público y no menos, si queremos converger socialmente con nuestros vecinos europeos. Y, para ello, hay que recaudar más de quienes más tienen. En 2009, los ingresos del Estado representaron el 55,9% del PIB danés, el 54,8% en Suecia, el 53,4% en Finlandia, el 48,1% en Francia, pero solo el 34,7% en España.

Nuestro Estado recauda menos, proporciona menos empleo, menos calidad de vida y, asimismo, genera más desigualdad. En 2008, la renta media del 10% más rico de los daneses multiplicaba 5,5 veces la renta del 10% más pobre. En el caso de los suecos eran 6,3 veces, 5,4 los finlandeses, 7 los franceses y 11,9 los españoles. España lidera la desigualdad en la UE-15, y ello la hace más injusta, más ineficiente y líder en desempleo.

Necesitamos más Estado al servicio de la gente y menos Estado al servicio de la banca y el ladrillo. Hace falta más fiscalidad progresiva para redistribuir más la riqueza, crear empleo y expandir el Estado del bienestar. Hay que invertir más, tanto en investigación y desarrollo como en educación, para así facilitar un cambio de modelo productivo.

Los cuatro Estados que lideran las tasas de empleo público gastan entre el 2,02% y el 3,75% del PIB en investigación y desarrollo, frente al 1,3% de España, y entre el 5,5% y el 7,8% del PIB en educación, frente al 4,3% de nuestro país. Está claro que un futuro con futuro pasa por romper con las anteojeras ideológicas del pasado reciente y del presente y por dejar de confundir con información la propaganda.

El Cabildo de Tenerife, a la cabeza de España con 75 empresas públicas

Diario ABC, 23 de enero de 2012

La base de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contabiliza 75 entes dependientes. El último «Informe de sociedades participadas» de la institución enumera 68. Figuran en la lista tres casinos; una litografía; una fábrica de «captadores solares»; plantas fotovoltaicas; parques eólicos; el matadero insular y hasta una granja dedicada a la fabricación de productos lácteos. Todos forman parte del entramado del Cabildo de Tenerife, una de las instituciones de ámbito local con la red empresarial pública más grande y diversificada del país. En realidad, y entre las diputaciones, consejos y cabildos, solo la supera en número la de la Diputación Provincial de Barcelona, si bien la cifra de ciudadanos es sensiblemente inferior en la isla (4,5 millones menos de habitantes). Surgidas en muchos casos al calor de los años de bonanza, las empresas del cabildo acumulan una deuda financiera de casi 300 millones de euros (277 millones al término de 2010).

La ortodoxia económica defiende que las empresas públicas solo han de constituirse cuando el sector privado no alcance a satisfacer determinadas necesidades. Según ha ido creciendo la crisis, han aumentado en Tenerife los reproches al cabildo insular, gobernado desde hace muchos años por los nacionalistas de Coalición Canaria (CC) —ahora con el apoyo del PSOE—, precisamente por no atender este principio. No en vano y cuando comienza el quinto ejercicio de estrecheces, la administración tinerfeña mantiene bajo su paraguas a cinco organismos autónomos; una entidad pública empresarial; una treintena de sociedades mercantiles; 18 empresas participadas por medio de sociedades; cinco consorcios y nueve fundaciones. Así y todo, y con arreglo al susodicho último «Informe de sociedades participadas» de la propia institución, al que ha tenido acceso ABC, lo más sorprendente no es ya su número, que también, sino las tan diversas actividades que abarca esta especie de holding.

Más del 25% de los ingresos del cabildo (casi 140 millones de euros) serán destinados durante este año para cubrir los gastos estructurales, entre otros entes, de la sociedad limitada Granja Teisol —una fábrica de productos lácteos— y de las sociedades anónimas Casino Playa las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz, que finalizaron 2010 —último ejercicio del que hay datos definitivos— con unas pérdidas, en conjunto, de cerca de 3,5 millones de euros. Ninguno de los tres establecimientos de azar y espectáculos dio beneficios, aunque no son los únicos ejemplos.

Buenavista Golf SA es otro caso. Creada con el objetivo primordial de «desempeñar las actividades necesarias para la gestión, urbanización, construcción y ampliación del campo de golf y los terrenos adyacentes», endosó a las arcas públicas de los tinerfeños un resultado negativo de casi 900.000 euros, unos 100.000 más de los que perdió en 2010 el Matadero Insular, del cual el cabildo controla el 33,7%. Mejor fue el ejercicio para la Litografía Romero (40,28%), aunque también terminara con pérdidas (426.000 euros).

Comunicación y energía

Claro que si hay sectores por los que parece tener preferencia la institución isleña esos son los de la comunicación y la energía. Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Soluciones Eléctricas Insulares, Solten III Arico (para el negocio de las energías alternativas o renovables), Canarias Submarine Link, NAP África Occidental-Islas Canarias, Eólicas de Tenerife, Parque Eólico Punta de Teno, Energía Verde de la Macaronesia (otro parque eólico)… En definitiva, un grupo de empresas que patronales como la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones (Asinelte) ha identificado con su «principal competidor». De hecho, la organización señaló en concreto al ITER, una de las «joyas de la corona» de la administración que preside Ricardo Melchior, por «hacer la competencia a las empresas tinerfeñas con el propio dinero de los impuestos que pagamos».

El PP, que fue socio de gobierno de los nacionalistas en la anterior legislatura, ha mantenido una postura similar a la de los empresarios y advierte de que el «holding» público «produce una intolerable competencia desleal con la iniciativa privada, lo que está generando un gasto estructural innecesario de 139 millones de euros, el 27% de los ingresos totales».

A las críticas de quienes entienden excesivo el número de empresas que dependen de la institución pública insular se suma además el hecho de que el resultado del ejercicio auditado en el informe, al considerar el conjunto de entes dependientes, ya sea en mayor o menor medida, asciende a solo 500.000 euros. Un año antes, en 2009, el resultado alcanzó los 5,7 millones.

El Cabildo aprobó el Presupuesto con informe negativo de Intervención

El Dia, 8 de enero de 2012

La aprobación del Presupuesto General del Cabildo de Tenerife para 2012, realizada por el Pleno en la sesión celebrada el pasado 30 de diciembre de 2011 y con los únicos votos del gobierno insular (formado por CC y PSC-PSOE), se produjo a pesar de que el interventor de la administración emitió un informe no favorable.

Los argumentos en los que fundamentó la Intervención su conclusión fueron, esencialmente, que el Presupuesto reflejaba el uso de un crédito de 56 millones de euros para "la refinanciación de la amortización de la deuda pública emitida en el año 2007", cuyo vencimiento se producirá durante este ejercicio, así como la no inclusión de gastos plurianuales aprobados como compromisos adquiridos por la corporación.

El interventor del Cabildo de Tenerife, Antonio Messía de Yraola, expuso en el informe que emitió el 22 de diciembre pasado que el sentido negativo del mismo estaba justificado "al existir discrepancias en cuanto a la aplicación de preceptos legales en materia de endeudamiento y que afectan a la configuración de una operación financiera a largo plazo por importe de 56 millones".

Este documento fue respondido el 29 de diciembre pasado (víspera de la sesión plenaria de la aprobación del presupuesto) por el jefe del servicio de Gestión Financiera y Tesorería y por la jefa del servicio de Presupuestos y Gasto Público, José Manuel Govea y María Fernanda Barber, respectivamente.

En ambos casos, los informes de alegaciones tenían por objeto rechazar los motivos por los que el interventor no respaldaba el Presupuesto del Cabildo para 2012. Además de incidir en que el término refinanciación no es el adecuado para reflejar lo que el gobierno insular pretende con los 56 millones, esgrimieron que "en gran parte de su contenido, el informe no señala vulneraciones de preceptos legales en el documento presupuestario, limitándose a manifestar un conjunto de criterios y opiniones que, si bien resultan respetables, no suponen una aplicación directa de la normativa".

Es más, los técnicos que replicaron al interventor señalaron rotundamente que "muchas de las cuestiones que plantea el informe de Intervención no dejan de ser más que juicios de valor sobre cuestiones de oportunidad y no cuestiones de legalidad".

Contrarréplica

En lo que se escenificó como un cruce documental de discrepancias entre técnicos, el propio interventor respondió el mismo día 29 de diciembre a las alegaciones formuladas por los servicios de Gestión Financiera y Tesorería y de Presupuestos y Gasto Público.

En tal respuesta, Messía reiteró que el Cabildo no puede refinanciar la deuda pública emitida en el año 2007 mediante nuevo endeudamiento, ya que la legislación, a su juicio, determina que "solo podrá acudir al crédito público y privado para financiar sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de las operaciones preexistentes".

El interventor sostiene su tesis inicial a pesar de que las alegaciones incluyen un certificado de la Secretaría del Cabildo en el que se especifica que "ha quedado suspendida" la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera de las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales (dependiente del Ministerio de Economía) en la que se basa la opinión de Intervención.

El presupuesto del Cabildo para este año asciende a 669.563.703 euros, lo que supone una reducción del 2,2% respecto al anterior. El documento incluye la reducción del gasto en personal del 2,2% (67.633.790 euros), cifra importante teniendo en cuenta que la plantilla la forman 5.797 empleados, de los que unos 1.650 pertenecen a Titsa. También se contempla la bajada del 5% en gastos corrientes. Solo aumenta el IASS.

Esos malditos Funcionarios

Diario Publico, 31 de diciembre de 2011

No es que se haya puesto de moda sino que se ha convertido en obligatorio. A los funcionarios hay que atizarles siempre y evitar cualquier gesto de bondad hacia ese colectivo de vagos y maleantes. No tengan piedad con estos privilegiados que opositaron para conseguir trabajo y que se merecen lo que les pase, que siempre será poco. Gente como ellos, que no visitan las oficinas del INEM, no pueden ser trigo limpio. Para su pecado original, no hay perdón posible.

Afortunadamente, ya se dejó de hablar de ajustes cuando se amplía discrecionalmente su jornada, se elimina la oferta de empleo público –que no vamos a dejar que encima se reproduzcan-, se le retiene alguna paga, se les recorta el sueldo o, como ayer, se les vuelve a congelar por decreto, un sacrificio nimio para esta casa improductiva que va de moscoso en moscoso hasta las vacaciones de verano. No son ajustes sino simple justicia, a ver si nos enteramos.

Circula desde hace días una carta atribuida a una funcionaria andaluza en la que plantea una hipótesis tan absurda como que un ciudadano decente tenga esta noche de fin de año un accidente con su coche, algo casi de ciencia-ficción. ¿Que acudirán a prestarle auxilio policías y personal de los servicios de emergencia, todos ellos funcionarios? ¿Que le trasladaran a un hospital público donde le atenderán médicos y personal sanitario, también funcionarios? ¿Que el quirófano en el que será operado habrá sido desinfectado por limpiadores que están en la nómina del Estado? ¿Que el cirujano que le intervendrá es otro funcionario, que se habrá comido allí las uvas por si era necesario salvar la vida al accidentado? Vale sí, pero ¿adónde quiere ir a parar esta señora?

A estas alturas de la crisis todos sabemos contra quien debemos descargar nuestra rabia. Vemos sus caras de culpa en los maestros, en los bomberos, en el personal de protección civil y hasta en los monitores de los polideportivos. En vez de rebajarles la soldada, que era lo suyo, el Gobierno, con una benevolencia absurda, se ha limitado a mantener sus retribuciones. Con razón decían que Rajoy era un flojo.

Humor

El Cabildo gastará este año más de un millón en 34 cargos de confianza

El Dia, 30 de noviebre de 2011

A 34 asciende la cantidad de trabajadores que con el epígrafe "personal eventual" ha contratado el actual grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife desde el pasado 1 de julio. Esta cifra supone un empleado menos respecto a la que aparece en el listado oficial correspondiente al Presupuesto General de este año, publicado en la página 2.221 de la edición del 28 de enero del Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El pasado 17 de junio fue cuando tomó posesión la actual Corporación insular, cuya última contratación de personal de confianza se produjo el 19 de septiembre pasado, según el listado que fue publicado por el área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica en la edición del BOP correspondiente al viernes pasado.

Según ese listado, el gasto en este capítulo asciende a 1.036.694 euros, dinero que se invierte en una jefa de Gabinete de Presidencia, cargo remunerado con 61.550,42 euros; otra directora de Unidad, que cuesta 50.660,54 euros; un jefe de Gabinete de Prensa, con un coste de 51.557,96 euros, lo mismo que la jefa de Protocolo.

En el listado hecho público hace seis días, en el que se incluyen los nombres de los trabajadores por tratarse de dinero público, aparecen 14 puestos de asesor técnico (en la plantilla de personal eventual incluida en el Presupuesto se reflejaban 15), así como 16 puestos de secretaria.

Únicamente en el caso del jefe (en este caso jefa) de Gabinete de Presidencia se considera que el régimen de dedicación tiene carácter de especial, mientras que en los restantes 33 trabajadores de confianza su dedicación es de plena disponibilidad.

Un poco más

Teniendo en cuenta que hay tres puestos de asesor técnico con una remuneración superior (en más de 3.000 euros de media) a la del resto del personal con igual denominación y que en el listado de salarios anuales también se contemplan dos secretarias con un sueldo por ejercicio de 3.420,94 euros respecto a las 14 restantes, se desprende que este capítulo de gastos ha sufrido un incremento ligero después de la configuración del nuevo gobierno insular, integrado por Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSC-PSOE).

Fue el 22 de diciembre pasado cuando el equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife entonces (CC-PP) sacó adelante con sus votos el presupuesto de 684 millones de euros correspondiente a todas las áreas de la Corporación insular, organismos autónomos y empresas públicas en las que está presente de forma mayoritaria. El mismo supuso una reducción del 8,8% respecto al año 2010.

El PSOE, entonces en la oposición, presentó una enmienda a la totalidad y criticó abiertamente lo "antisocial" del presupuesto, así como lo sectario del mismo, asegurando que perjudica a muchos municipios de la Isla. Por otra parte, los socialistas también se mostraron contrarios a la prórroga de los plazos pedida por CC para los planes territoriales del tren del Sur y del Norte, así como del plan del transporte colectivo.

Menos de un año después, la oposición la forma ahora el PP y los socialistas están coaligados con los nacionalistas, cuentan con personal de confianza en el listado hecho público el viernes a través del BOP y la red ferroviaria de la Isla está en entredicho porque el Gobierno central no firmó el convenio que comprometía la financiación del año en curso.

El ‘caso Alarcó’, a los tribunales por 500.000 euros de gastos irregulares

Diario de Avisos, 11 de noviembre de 2011

Gastos irregulares por un montante de alrededor de 500.000 euros es el escandaloso resultado de la auditoría realizada por orden del Consejo de Gobierno Insular en la Fundación Canaria de Salud y Sanidad de Tenerife, dependiente del Cabildo, durante el tiempo que fue presidida por el consejero del PP Antonio Alarcó, entre 2009 y 2011. Al resultado de esta auditoría externa se adhirió ayer la Intervención del Cabildo durante el pleno extraordinario, lo que motivó el acuerdo de los grupos cogobernantes de CC y PSOE, a instancias del consejero socialista José Luis Delgado, de remitir el informe al Protectorado de Fundaciones Canarias “para que depure responsabilidades”.

Al inicio de la sesión, a la que no asistió ninguno de los consejeros del PP, el presidente Ricardo Melchior leyó un escrito de la Junta Electoral Provincial que desestimaba el recurso presentado el día anterior por los populares, pidiendo la suspensión cautelar del pleno, con la argumentación de que era un “maniobra política” y una “encerrona” en plena campaña.

Los cien folios del informe de Price Waterhouse Cooper Auditores, SL (PWC), es una relación interminable y minuciosa de gastos irregulares ordenados por Antonio Alarcó que, o no se corresponden con los fines de la Fundación Canaria Salud y Sanidad, o son “el incumplimiento más absoluto del procedimiento administrativo, sin cumplir con la normativa vigente en materia de contratación y haber obviado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

A puertas de la Justicia

La consejera de Acción Social y portavoz insular de CC, Cristina Valido, explicó a los periodistas al final de la sesión que las irregularidades desveladas por la auditoría se transmitirán al Gobierno de Canarias, “que es el que debe velar por el buen funcionamiento de las fundaciones”. Asimismo, indicó que la Corporación también remitirá a su servicio jurídico esta auditoría para que estudie “si hay delito” y si se acude a los tribunales.

El actual consejero insular de Bienestar, Sanidad y Dependencia, Aurelio Abreu, hizo un reconocimiento a la labor de los patronos de la Fundación, cuya “honorabilidad está fuera de duda”, subrayó. Lamentó la ausencia del PP y destacó que a día de hoy siguen apareciendo facturas irregulares y sin registrar del periodo presidido por Alarcó, “por lo que es difícil conocer el montante total de estos gastos”. Para poner fin a esta situación, el vicepresidente segundo anunció que se ha repuesto la antigua gerencia al frente de la Fundación y se ha implantado un procedimiento de control que ha incluido el despido de dos personas que habían sido contratadas a dedo por el consejero del PP con cargo a la Fundación.

El portavoz socialista José Luis Delgado dijo no estar “sorprendido” por los resultados de la auditoria en la Fundación, pues refleja “un estilo de gestión en el que el que tiene su finca invita a sus amigos a comer, a hoteles de lujo y les hace regalos usando dinero público”. Delgado destacó la irrefutabilidad de la auditoría, refrendada por la Intervención insular, y señaló que “nuestra obligación ahora es depurar responsabilidades y devolver el prestigio a la institución”.

Autobombo

La portavoz insular de CC, Cristina Valido, resaltó el prestigio de la empresa auditora y afirmó que el resultado revela “una manipulación inadecuada del dinero de los ciudadanos, un derroche para la propaganda y el autobombo, ajeno a los fines de la Fundación, sin expedientes, sin fiscalización y sin pasar por tanto por ningún órgano de control, ni de la Fundación ni del Cabildo”, en contra de lo argumentado por Antonio Alarcó.

Además, dijo que se pedirán explicaciones al PP por determinadas facturas cargadas a la Fundación de actividades relacionadas con la campaña electoral. “La ley tipifica estos actos. Debemos hacer que la ley actúe”, sentenció Valido.