Los empleados públicos de La Laguna piden la destitución de Blanca Pérez

El Dia, 5 de julio de 2012

La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) han solicitado la destitución de la concejal de Recursos Humanos, Blanca Pérez (CC), por no modificar "ni una coma" su propuesta de nueva jornada de trabajo y negar "cualquier punto de encuentro" con los representantes sindicales.

Los sindicatos estaban convocados este jueves en el Ayuntamiento para tratar de negociar la aplicación de la jornada de trabajo mínimo para todas las administraciones que se ha establecido en 37,5 horas.

La concejal ha propuesto que el horario de trabajo sea de 07.30 a 16.00 horas de lunes a viernes y de enero a diciembre, suprimiendo el horario de verano y suspendiendo las jornadas especiales --Santa Rita, entrada y salidas en Carnavales y Fiestas del Cristo-- y los días del turno de Navidad.

Por su parte, los sindicatos presentaron una propuesta alternativa más flexible, adaptada a las circunstancias y que afectase lo menos posible a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Dicha propuesta ha consistido en un nuevo horario de 07.00 a 16.30 horas, con presencia efectiva de 09.00 a 14.00 horas; con posibilidad de recuperación de trabajo un día a la semana por la tarde hasta las 19.00 horas; manteniendo la reducción de una hora en los meses de julio, agosto y septiembre con posibilidad de recuperación y negociación, y adecuando las jornadas especiales a la nueva legislación; sin embargo, esta propuesta no ha sido tenido en cuenta por la edil, según los sindicatos.

En consecuencia, han solicitado al alcalde, Francisco Clavijo, que destituya a Blanca Pérez como interlocutora y como concejal de Recursos Humanos por su "falta de sensibilidad" en esta negociación.

Se reincorporan los FIAs que habían sido despedidos el pasado viernes

En breve, esta Sección Sindical editará un boletín informativo especial con todo lo recientemente relacionado con el personal funcionario interino accidental

El personal municipal pierde la jornada reducida estival, pero el autonómico no

El Dia, 1 de julio de 2012

El Gobierno central impuso a las administraciones la obligación de que sus empleados realicen jornadas de 37,5 horas semanales durante 11 meses al año a través de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 aprobada el jueves pasado. La medida supone de forma obligatoria que la jornada reducida que vienen disfrutando los trabajadores públicos en los tres meses estivales -julio, agosto y septiembre- tendrá que suprimirse en muchos ayuntamientos donde están vigentes acuerdos con los funcionarios y convenios colectivos para el personal laboral que contemplan menos horas efectivas. A pesar de la confusión inicial, en el ámbito autonómico esta situación no tendrá lugar, pues la Administración regional ya cumple con la exigencia que ahora impone el Estado desde hace más de 20 años -excepto en Sanidad, que lo hace desde enero de 2012-.

Así lo explica el director general de la Función Pública, Aarón Afonso, que señala que en un decreto autonómico modificado en diciembre del año pasado -pero que tiene su antecedente en otros de los que el primero es de 1987-, la Comunidad estableció que sus empleados gozarán de una reducción de una hora diaria durante los tres meses de verano. Además, el marco normativo regional ya contemplaba que la jornada sería de 37,5 horas semanales. Por todo ello, Afonso considera "conveniente" mantener la reducción de la jornada en verano dado, además, que los empleados autonómicos se verán afectados a partir de julio por una nueva reducción salarial y a que en esos meses se reduce la actividad administrativa.

En cambio, el personal de los ayuntamientos sí tendrá que renunciar a la jornada reducida o deberá compensarla con horas extra. Lo mismo vale para la reducción del horario de Semana Santa, Navidad y otras fechas pactadas. La ley señala, en concreto, que la jornada general del trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual -1.647 durante todo el ejercicio-. Por este motivo, la jornada actual -o la que se pacte a partir de ahora- tendrá que adecuarse a esa condición, y en caso de que deba aumentarse, no originará ningún incremento salarial.

Así lo afirma un informe jurídico elaborado para un ayuntamiento canario, que planteó el asunto de cara a tomar medidas en esta materia. El documento aclara, además, que tanto los trabajadores laborales como los funcionarios deben acatar la orden estatal, pues es legislación básica de obligado cumplimiento para las administraciones locales. Ningún ayuntamiento podrá, en consecuencia, pactar menos horas al año y las previsiones legales -incluidos los acuerdos de funcionarios- que recogían acuerdos en sentido contrario quedan derogados a partir de ahora, explican los autores.

Pero hay corporaciones locales que tenían acordadas jornadas laborales de 35 horas semanales -y menos-, por lo que tendrán que aumentar de forma inevitable el número de horas a trabajar. En ese caso, aunque en los ayuntamientos existe aún la posibilidad de acogerse a la jornada reducida estival, el empleado municipal que opte por hacerlo tendrá que compensar la diferencia en otra época del año, por lo que el ciudadano contará con más horas para acudir a las administraciones.

En cambio, los ayuntamientos conservan su autonomía para pactar cómo distribuirán esas 1.647 horas de jornada anual descontados los periodos de las vacaciones anuales de 30 días -equivalente a 165 horas-; los días de fiestas locales y estatales -14 días o 105 horas- y los días de asuntos propios -seis días o 45 horas-

CEOE-Tenerife aboga por reordenar las plantillas públicas

La Opinión, 27 de junio de 2012

El presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, apostó ayer por reordenar todo el entramado de la Administración Pública canaria, en el que también incluye a todos los cargos públicos, antes que seguir rebajando el sueldo a los empleados. En opinión de Francisco, el problema no se resuelve recortando salarios, ni siquiera el de los políticos, y advirtió de que "hay personal al servicio de la Administración que está llegando a niveles salariales al límite".

Francisco asegura que esta es una opinión generalizada en el seno de la patronal tinerfeña, un asunto que se ha comentado en varias ocasiones en el transcurso de sus reuniones habituales. Asimismo, considera que reducir el número de diputados en Canarias, como se ha planteado en algunas comunidades autónomas, sea solución al problema económico que padecen muchas instituciones públicas. A su juicio, recortar de 60 a 50 el número de parlamentarios en el hemiciclo canario, por ejemplo, "sería retocar sólo la punta de la pirámide". "¿Qué supondría ese ahorro? ¿900.000 euros al año con un gasto en sueldos públicos de unos 2.000 millones?", se preguntó.

No obstante, en tiempos de recortes, el presidente de la CEOE considera que reordenar el sector público implica también organizar mejor el número de cargos públicos y prescindir de los que no sean necesarios. "Si se llevan a cabo recortes que afectan a los empleados públicos y a los ciudadanos en general, deben aplicarse también a todos los políticos y cargos de confianza. De esta forma, quienes toman decisiones tendrían más legitimidad para adoptar medidas posteriores", manifestó. 

La situación que vive hoy la Administración pública canaria y los recortes salariales que se vienen aplicando hace algún tiempo, como el que entra en vigor el próximo 1 de julio con la rebaja del 5% en las nóminas de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, es la consecuencia de la falta de planificación y de los excesos de los tiempos de vacas gordas "en las que muchas plantillas vivían en medio de una burbuja y estaban sobredimensionadas".

Para Francisco, lo sustancial en términos económicos pasa por ajustar las necesidades reales actuales a los centros de trabajo y sus recursos humanos. Esto implicaría mover a trabajadores hacia departamentos en los que hiciera falta personal o, incluso, en la eliminación de determinados puestos que se crearon en esos momentos de vacas gordas.

Este planteamiento se circunscribe en la línea del pensamiento generalizado de buena parte de la clase empresarial, que considera que una rebaja del poder adquisitivo de los trabajadores irá claramente en detrimento del consumo, ya que al tener menos dinero disponible el gasto será menor. De esta forma, al verse mermada esta pata de la economía que es el consumo, habrá más dificultades para la recuperación. 

Y en el caso concreto de los empleados públicos en el Archipiélago canario, hasta ahora los que han tenido garantizado salario y empleo por las propias condiciones específicas de acceso a sus puestos de trabajo a través de concursos y oposiciones, José Carlos Francisco apunta que es más preocupante aún que vean mermado su nivel adquisitivo.

Unos 200 funcionarios se manifiestan contra el plan de ajuste municipal (Ayto. La Laguna)

El Día, 23 de junio de 2012

Unos 200 funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna se manifestaron ayer, a las 10:30 horas, en el patio central de la casa de los Capitanes, destacando un portavoz que "no vamos a aceptar ni un recorte más ni social ni laboral".

Los manifestantes lucieron todos camiseta de color negro y dieron a conocer sus discrepancias durante 15 minutos de concentración. Estuvieron presentes, además, delegados sindicales. La protesta fue organizada por la Junta de Personal del Ayuntamiento de La Laguna.

Este tipo de manifestación se repetirá de nuevo los días 29 del presente mes y el 13, 20 y 27 de julio, pero de 10:00 a 11:30 horas, en la calle de la Carrera, esquina con Viana, por ser el punto donde está la casa Alvarado Bracamonte, en cuya parte superior está el despacho del alcalde, Fernando Clavijo.

La decisión de la Junta de Personal del ayuntamiento de manifestarse vestidos de negro, según sus representantes sindicales, es por ser "símbolo de luto por el olvido de derechos sociales y laborales por parte de los políticos".

Explicaron que "la corporación nos plantea un plan de ajuste al personal, plan que se traduce en pérdidas solo desde un lado de la barrera. Pérdida de derechos o de salarios. Pero no vemos que se planteen reducir cargos de confianza o sueldos de concejales".

Ello lleva a la Junta de Personal a pedir de manera unánime que "el recorte se reparta con medidas como las mencionadas anteriormente, junto con reducción de las comisiones de servicio externas, reducción de las segundas y terceras productividades de funcionarios, racionalización de las ayudas sociales, y no llevar a cabo la contratación de dos altos directivos con elevados sueldos".

También piensan que "somos muchos y lo vamos a demostrar. Todos estamos en contra de que nos recorten derechos y salarios. No somos los culpables de esta crisis. Estamos cansados de que nos miren y sentirnos señalados, como si trabajar para la administración fuera un privilegio".

Por un trato digno

La Junta de Personal quiere hacer llegar a la opinión pública que "trabajamos por un salario y pagamos hasta el último céntimo a la hacienda pública, cumplimos con nuestras obligaciones y queremos que se nos trate como lo que somos: empleados públicos".

Como anunciaron antes de la manifestación de ayer, los organizadores realizaron su concentración con una comunicación a la Subdelegación del Gobierno, por lo que ayer se personaron representantes de la Policía Nacional para informar de lo acontecido en la concentración.

Los representantes sindicales, que portaron en sus manos carteles tamaño folio con un disco de dirección prohibida con una tijera y la frase de "no a los recortes sociales", señalaron que desean que el grupo de gobierno del ayuntamiento tenga en cuenta las medidas que los diferentes sindicatos proponen a la hora de acometer los recortes anunciados.

FORGES

Parlamento de Canarias

Estos señores y señoras son los que la próxima semana aprobarán una disminución de las remuneraciones del personal de esta Comunidad Autónoma en un porcentajes del 10% sobre las remuneraciones del mes de julio a diciembre del presente año. Estos mismos señores y señoras han aprobado una disminución del 5% en sus remuneraciones del mes de julio al mes de diciembre del presente año. Estos señores y señoras no tienen a bien comunicar cuáles son sus remuneraciones y a cuanto ascienden. Que estos señores y señoras den la cara.

Revista El Jueves

A despedir funcionarios ...

El Mundo, 5 de junio de 2012 (María Tardón)

No hay día que no aparezca en cualquier medio la opinión de algún reputado comentarista, financiero o empresario más o menos conocido, exigiendo, como remedio mágico contra la crisis, el despido de no sé cuántos miles de funcionarios.

Son -somos- muchos, dicen. Y poco productivos, además. Un cáncer que lastra la economía española. Y, por eso, advierten: o adelgazamos la Administración Pública, o nos vamos a pique.

Así que, al final, de que la prima de riesgo se dispare a un diferencial inasumible para cualquier Estado, de los problemas de nuestro sistema financiero, o de las inmensas bolsas de fraude, por ejemplo, vamos a tener la culpa los policías, los médicos, inspectores de Hacienda, maestros, administrativos, jueces y hasta los mismos bomberos.

Todos tenemos en común que nuestras nóminas las pagan las distintas administraciones públicas, claro. Pero también que hemos obtenido nuestros trabajos después de muchos años de sacrificio. De estudio, de encierro, de preparación de dificilísimas oposiciones a las que hemos concurrido, compitiendo por una plaza, en buena lid, con otros cientos, -o miles- de candidatos también sobradamente preparados.

Tiene gracia esa expresión tan corriente de que ahora estamos pagando el hecho de que, en los años de bonanza, los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Alguien debió llevarse la parte de esa riqueza 'extra' que jamás revirtió en los funcionarios.

Desde que estalló la crisis hemos venido sufriendo, no ya la congelación, sino la reducción de nuestros salarios.No eran, desde luego, funcionarios, los que, entonces, se enriquecieron con las enormes comisiones y beneficios de todo tipo que generó una tan incontrolada como ingente gestión inmobiliaria. O por los tantísimos créditos injustificados que concedieron bancos y cajas de ahorros, por ejemplo.

Nunca, ni en los mejores tiempos, los empleados públicos hemos obtenido subidas de sueldos por encima del IPC. Al contrario. Los Gobiernos de turno siempre encontraban todo tipo de obstáculos para impedir que pudiéramos recuperar un poder adquisitivo tantas veces perdido.

Y desde que estalló -o se reconoció- la crisis, también nosotros hemos venido sufriendo, no ya la congelación, sino la reducción de nuestros salarios. El aumento de las horas y de la cantidad de trabajo. La supresión de oposiciones, y el estancamiento, la reducción, incluso de las plantillas.

No conozco ningún colectivo de empleados públicos que no piense que en nuestras Administraciones hay muchas cosas que reformar para ser lo bastante eficaces como para responder a las exigencias de un Estado moderno y civilizado como queremos que sea España hoy, y en el futuro...

Y puedo asegurar que a nadie perjudica más un funcionario vago, absentista o desleal, que a sus propios compañeros. Porque pueden sufrir las consecuencias de su desidia y tienen que encargarse, además, del trabajo que él no hace.

Hagamos lo necesario, por tanto, para evitar que estos comportamientos queden impunes. Y dejemos de arrojar sobre todos los funcionarios, con generalizaciones injustas y debates tramposos, la sombra de una descalificación y una responsabilidad, que no es nuestra.

Porque cuando se habla de la dimensión de nuestra Administración Pública -que, por cierto, según un estudio de la EAE Business School se encuentra en la tabla media de las del resto de países europeos- se suelen confundir muchas cosas, que no se deberían mezclar.

En los distintos niveles administrativos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han venido integrando, no se sabe bien cuántas personas, pero sin duda muchas, -dada la dimensión de nuestra estructura política e institucional- con carácter eventual. Sin exámenes, sin oposiciones. Sólo por pura discrecionalidad.

Hay entidades públicas que ni siquiera se sabe bien a qué se dedican. Competencias que se solapan en varias administraciones que terminan, además, delegando en un organismo, empresa, consejo, comisión o entidad que, a mayores, crean expresamente para ello.

Acabar con toda esta dispersión, disgregación y falta de control también es, claro, otra reforma pendiente. Tantas veces anunciada, pero siempre pospuesta, al menos por los dos grandes partidos nacionales. Puede que porque, en alguna medida, su propio peso político también guarde relación con el mantenimiento de este sistema.

Pero si resulta que es tan importante adelgazar nuestro sector público para recuperar una confianza que nos permita salir de la crisis, es posible que haya llegado el momento de que no podamos aplazar, más tiempo, todas esas reformas. Y que, en consecuencia, debamos empezar a plantearnos quiénes son los que van tener que apagar los incendios.

Y dejarnos de demagogias.

BANKIA