El Gobierno podrá hacer EREs en la Administración Pública si baja el presupuesto

Diario Público, 7 de agosto de 2012

El Gobierno deja abierta la posibilidad de aplicar despidos colectivos del personal laboral en las Administraciones Públicas por causas económicas cuando tengan problemas de financiación o insuficiencia presupuestaria.

Según el reglamento que desarrolla la reforma laboral, se entiende como insuficiencia presupuestaria que la aportación a la entidad correspondiente disminuya al menos un 10%respecto al ejercicio anterior, aunque deja abierta la puerta a otros supuestos que no precisa.

El texto del reglamento, que el Ministerio de Empleo ha enviado a los sindicatos para que hagan sus aportaciones, señala que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria en cuatro casos "entre otros".

Además de la disminución del 10% de la aportación, también se dará el caso cuando las transferencias de capital correspondientes a dichas entidades o cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad, hayan disminuido igualmente al menos ese mismo porcentaje. Igualmente se entiende que habrá causa económica de despido cuando se haya adoptado un "acuerdo de no disponibilidad" que afecte a dichos organismos.

CCOO y UGT han criticado que la relación de supuestos concretos se deje abierta al decir "al menos y entre otros" los cuatro casos que se citan en el texto. Además, entienden que para determinar la "insuficiencia" el presupuesto debería disminuir a partir de un 30 % o un 40 %, "nunca el 10 %". Para los sindicatos, con ese criterio "difícilmente" se podrá garantizar "una justificación de acuerdo a necesidades objetivas de la administración pública de que se trate".

Montoro admite que los nuevos ajustes del gasto 'serán muy dolorosos

El Mundo, 7 de agosto de 2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que habrá nuevos recortes del gasto en 2013 y que "serán muy dolorosos", puesto que supondrán "ajustes sobre los ajustes".

Así lo indica en una entrevista a la revista Valores, que publica la firma de servicios profesionales KPMG, en la que llega a afirmar que "las medidas adoptadas hasta el momento son sólo el inicio".

"El Gobierno va a cumplir con el objetivo de déficit fiscal y con los compromisos adoptados con la UE, por muy difícil que sea la coyuntura y muy grande que sea la magnitud del esfuerzo", añade.

Así pues, el ministro de Hacienda insiste en que "lo que está claro es que no podemos dejar de cumplir el objetivo de déficit", y, preguntado sobre si habrá nuevos ajustes de gasto en 2012 y 2013, responde: "Sí, y serán muy dolorosos, ya que tenemos que hacer ajustes sobre ajustes".

Según explica, hasta el momento "se ha seleccionado en todo momento dónde hacer los ajustes y dónde recaudar más, con el fin de dañar lo menos posible el crecimiento" y añade que "en gran medida el sector privado ya ha hecho sus deberes".

El Gobierno confía en su mayoría

Para llevar a cabo esta tarea, Montoro confía en la mayoría absoluta del Ejecutivo. Así, indica que España cuenta con "un Gobierno con mayoría suficiente para llevar adelante un plan de ajuste y, por si fuera poco, un mandato constitucional para alcanzar el equilibrio gradualmente".

"Somos el país de Europa con la mayor estabilidad política, con un partido comprometido con los objetivos de estabilidad y las reformas que mantiene un Gobierno estable, que controla los dos tercios de las regiones y gran parte de las grandes ciudades", apostilla.

Ahora bien, preguntado por si es demasiado intransigente a la hora de aplicar ajustes o si lo hace por razones ideológicas, el ministro de Hacienda, señala: "A estas alturas de mi vida no tengo ningún dogma, ni tan siquiera he convertido el equilibrio presupuestario en un dogma, porque depende de cómo se alcance; no es lo mismo lograrlo racionalizando el gasto que subiendo la presión fiscal como hicieron los gobiernos socialistas".

El Gobierno allana los despidos en Administración y empresas públicas

El Pais, 7 de agosto de 2012

Un nuevo reglamento permite los ERE si baja un 10% la aportación presupuestaria en las compañías o las transferencias en comunidades y Ayuntamientos

El Gobierno sigue empeñado en reducir el número de empleados públicos. Uno de los objetivos no confesados de la reforma laboral erafacilitar los despidos colectivos en la Administración, las empresas y los entes públicos. Lo hizo cuando estableció la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos como motivo para justificar los despidos objetivos. Y ahora, en el reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dado un paso más: ha definido esa “insuficiencia presupuestaria” como la reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y Ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en entes, organismos, entidades o empresas públicas.

A la hora de reducir el gasto público, el Gobierno ha dirigido la tijera a la partida de personal. Y lo ha hecho por una doble vía: por un lado, ha reducido sus remuneraciones al suprimir la paga extra de diciembre (en torno al 7% del salario anual); por otro, ha clarificado mucho los procedimientos para reducir las plantillas del sector público.

Hasta que se aprobó la reforma laboral había un debate sobre si se podían promover despidos colectivos en la Administración. La mayoría de juristas opinaban que sí, pero había voces contrarias. La aclaración del decreto de febrero zanjó la discusión: se podían llevar a cabo y hacerlo aduciendo “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para pagar la indemnización más baja de las extinciones de contrato (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades).

Esta es la versión para el sector público de la caída de ingresos también durante tres trimestres que se aprobó en la misma reforma laboral para que las empresas privadas puedan promover despidos colectivos. Aunque entre un caso y otro hay una diferencia importante: es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las subvenciones nominativas o las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, supuestos recogidos para el despido colectivo en el borrador del reglamento al que ha tenido acceso este diario.

La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público (el régimen laboral de los funcionarios no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el de la Función Pública). Solo lo hace al personal laboral contratado por las Administraciones (700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas) y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (142.000, según la Encuesta de Población Activa).

Desde que en febrero se aprobó la reforma laboral —en la que además se cerró al sector público la posibilidad de hacer ajustes de plantilla a través de reducciones de jornada o suspensiones de contrato— ya se han podido ver ejemplos de dónde se puede dar con más asiduidad este tipo de despidos: Radio Televisión Valenciana ha anunciado el despidode 1.247 trabajadores, el 76% de la plantilla.

Un capítulo elocuente del interés del Gobierno —sobre todo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro— por allanar las causas del despido en comunidades autónomas, Ayuntamientos y aledaños es el papel que ha desempeñado en la redacción el departamento que dirige Montoro. El texto que recibieron los agentes sociales el pasado 27 de julio es la segunda versión.

La primera se redactó en mayo y tras el preceptivo periodo de consultas con sindicatos y patronal se envió al Consejo de Estado. El Ministerio de Empleo estaba a la espera del dictamen del órgano consultivo para poder aprobarlo definitivamente hasta que Administraciones Públicas reclamó el texto inicial para hacer cambios. Estos, según explica Empleo, son los que atañen a la definición de “insuficiencia presupuestaria”.

También ha tenido su papel el departamento que dirige Montoro a la hora de otorgar un casi papel de tutelaje del proceso a la Secretaría de Estado de Administraciones o “autoridad equivalente” autonómica. En cambio, no da cabida alguna a la Inspección de Trabajo.

La parte que atañe al sector público es solo una parte del reglamento de los ERE (despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada). En las 40 páginas del decreto también se establece la documentación que tendrán que entregar los empresarios a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo para justificar la causa que aducen para poner en marcha una regulación de empleo.

CC OO y UGT remitieron ayer sus alegaciones al Ejecutivo. En ellas, los sindicatos mayoritarios reiteran las dudas que tienen sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. También denuncian la exclusión de la Inspección de Trabajo en los despidos de la Administración. En opinión de estas dos centrales, con este reglamento se confirma la vulneración del derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos.

El Gobierno se plantea que las vacaciones dejen de ser pagadas

Diario "Elaguijon.com" 2 de agosto de 2012

Una de las propuestas que está manejando el ejecutivo de Mariano Rajoy dentro de un nuevo paquete de medidas de recortes con el que satisfacer a los mercados es que las vacaciones de los trabajadores pasen a ser no remuneradas o al menos se vean reducidas a una semana. La medida, que por el momento está en estudio, estaría en vigor durante 2013 y 2014, y estaría concebida dentro de un paquete para la devaluación interna de nuestro mercado económico.

Luisa Galván. 02.08.12. Según ha podido saber Diario El Aguijón de fuentes del área económica del Gobierno, Mariano Rajoy tiene sobre su mesa en estudio un paquete de medidas para una devaluación interna de nuestro mercado laboral que tendría por objetivo el ahondar en los recortes y el ahorro. Una de esas medidas, sin duda la que generará más polémica, consiste en que durante 2013 y 2014, las vacaciones anuales de los trabajadores pasen a ser no remuneradas o al menos lo sean sólo durante 7 días. El proyecto no plantea que las vacaciones dejen de disfrutarse, sino que estas pasen a ser no remuneradas, por lo que durante el tiempo de disfrute los trabajadores no percibirán su salario. Las fuentes consultadas por Diario El Aguijón señalan que no queda claro todavía si los trabajadores podrían renunciar a esas vacaciones y trabajar durante ese periodo o posponerlas más allá del periodo de aplicación de la medida, es decir a 2015. Esas mismas fuentes señalan que “la medida se tomaría para reducir los importantes costes laborales que tienen tanto las empresas privadas como la administración por las vacaciones durante un periodo de dos años, y de esa forma permitir que se ganar en competitividad y reactivar la economía y fomentar nuevas contrataciones”.
Esas mismas fuentes señalan que no en todos los países las vacaciones son remuneradas como en España, señalando especialmente a Estados Unidos, y que la medida se tomaría con un carácter excepcional durante sólo dos años y como esfuerzo de todos para salir de la crisis. Sin embargo no parece que ese tipo de medidas vayan a ser muy del agrado de los trabajadores y las organizaciones sindicales, que tienen convocadas fuertes movilizaciones e incluso una huelga general de funcionarios para el mes de septiembre. Una nueva vuelta de tuerca, que podría hacer saltar por los aires la paz social.

LA INFANCIA EN ESPAÑA 2012-2013. Informe de UNICEF España.

LA INFANCIA EN ESPAÑA 2012-2013. Informe de UNICEF España.

(Resumen comentado de Enrique Rodríguez-Salinas Pérez, del grupo de Cooperación 

internacional de AEPap)

El comité español de UNICEF ha hecho público su 2º informe anual sobre la 

infancia de nuestro país

1, que se ha acompañado de cierto revuelo en los medios de 

comunicación por sus resultados, poco alentadores para tratarse de un país 

desarrollado. 

La idea clave, que se transmite a lo largo de todo el informe es, que la carencia 

de recursos adecuados para la edad infantil no solo repercute desfavorablemente en 

esta población sino que tiene nefastas consecuencias para el futuro de todo el país a 

medio y largo plazo.

El informe se estructura en 3 partes y un anexo y se acompaña de un resumen 

con los hechos considerados claves

2, Intercala como recuerdo algunos de los artículos de la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN) que más relación tienen con los aspectos más preocupantes 

reflejados en el informe.

A) La  PRIMERA PARTE  analiza diferentes aspectos del  impacto de la crisis 

económica en nuestra infancia, a través de diversos indicadores recientes. 

Este impacto se atribuye, por un lado a las carencias en hogares con 

progenitores en paro prolongado, desahucios, salarios insuficientes, y por otro a las 

políticas que tratan de reducir el  gasto público a través de restricciones en los 

servicios educativos, sanitarios y sociales de ayuda a la infancia.

1.  LOS IMPACTOS ACTUALES

1.1. Crecimiento de la pobreza infantil y de la demanda de ayudas públicas.

El número de menores en riesgo de pobreza es de 2 200 000, lo que supone un 

incremento del 10% en los 2 últimos años. Esto significa que viven en hogares con 

ingresos inferiores al 60% de la mediana: una familia de 2 adultos con 2 hijos está bajo 

este umbral cuando ingresa menos de 15 820 € anuales. 

Además del aumento de los menores en “riesgo de pobreza” se ha producido un 

incremento en la intensidad de la misma, es decir de la “pobreza alta”. Ésta se define 

por un umbral de ingresos en el hogar inferior al 40% de la mediana, es decir 10 540 €

anuales, para el mismo modelo de hogar. En esta categoría se encuentra el 13,7% de 

los menores españoles de 18 años. La cifra más alta de todos los países de la Unión 

Europea de los 27 salvo Rumanía y Bulgaria.

En otro indicador, la pobreza crónica, también los datos demuestran un mayor 

impacto relativo de la crisis económica en las familias con hijos menores: 16,7% en 

éstas frente a 11% en población general. Las ayudas a familias con hijos,  a cargo de la 

Seguridad Social, han llegado a superar el millón, incrementándose un 20% en estos dos 

últimos años. Se trata de una ayuda concedida a familias con muy bajos recursos.

                                               

1

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf

2

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Hechos-y-Cifras_Clave.pdfEn los 2 últimos años las curvas de riesgo de pobreza por tramos de edad se 

han cruzado de manera que la tasa en los  menores de 16 años  (sin poder directo 

electoral) es de 26,5% mientras que la de los de mayores de 65 (con capacidad de 

votar) es de 21,7%.

1.2. El desempleo, la bajada de los salarios y el incremento de los impuestos.

Impactos en los hogares.

La tasa de paro, de la que es conocido el vertiginoso aumento, tampoco afecta 

equitativamente a los diferentes hogares. El incremento general de hogares en los que 

ningún miembro trabaja ha sido de 62% en 3 años (2007-2010),  pero si nos fijamos 

solo en los que tienen hijos menores, el crecimiento del paro en ese mismo periodo 

supone un  120%.

Además, las prestaciones por desempleo no tienen en cuenta linealmente el 

número de hijos y por otro lado los parados más jóvenes, al haber cotizado menos 

tiempo, tienen coberturas menores. 

Otro factor negativo es la presión a la baja de los salarios de los que  siguen 

trabajando. Con lo cual, en muchos casos, ni siquiera el empleo permite sacar al hogar 

de la pobreza.

Todo ello está llevando al incremento del número de familias que solicitan 

ayudas en organizaciones como Cruz Roja o Cáritas y de la intensidad de la necesidad. 

Por otro lado el número de ejecuciones hipotecarias ha pasado de unas 26 000 en 2007 

a más de 93 500 en 2010. Es fácil suponer el efecto deletéreo de la pérdida de su hogar 

para los niños.

1.3. Las medidas de austeridad en el gasto público.

Comenzando por la eliminación de la ayuda general por nacimiento o adopción 

de hijos, se han ido encadenando disminuciones en el apoyo a las familias con hijos 

menores, en todas las Comunidades autónomas. 

Además de las ayudas monetarias directas, otras compensaciones tienen una 

clara tendencia a la disminución o desaparición, como becas de estudios, ayudas de 

comedor, de libros, etc. para niños con necesidades sociofamiliares especiales. Da la 

impresión de que, en los  niveles de decisión políticos, existe la convicción de que estas 

partidas son perfectamente prescindibles en los tiempos de crisis.

Por el contrario, la experiencia de UNICEF es que  la inversión en servicios 

educativos, sanitarios y sociales para la infancia,  de buena calidad es la mejor 

garantía para el cumplimiento de los derechos de la infancia y para el crecimiento 

sostenible de un país. Especialmente preocupantes son algunas de las medidas 

adoptadas en aras de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud como la retirada de 

la tarjeta sanitaria a extranjeros no residentes.  UNICEF alerta en el informe para la 

vigilancia de que no se producen desigualdades en la atención sanitaria de menores por 

este motivo.

De  especial gravedad resulta la disminución de la  Ayuda Oficial al 

Desarrollo. Aquel famoso objetivo internacional del 0,7% se aleja definitivamente al 

pasar de 0,46 a 0,23% del PIB. 

El mayor impacto lo sufren los más débiles de los más débiles.

2.  LAS CONSECUENCIAS PRESENTES Y FUTURASEl devastador efecto de la deuda pública creciente, ha sido probado ya hace 

tiempo en los países más pobres, que han hipotecado su futuro al invertir en aquélla sus 

escasos recursos en lugar de hacerlo en sectores clave para su desarrollo a medio y 

largo plazo , como son la educación, la sanidad o los servicios sociales.

En España puede ocurrir algo semejante, de seguir por el actual camino. El 

incremento creciente de la Deuda del Estado y sus intereses se convierten en una 

hipoteca social que se traslada a generaciones sucesivas y asfixia la inversión destinada 

al desarrollo sostenible de la sociedad futura. Se calcula en  15 570  € la porción de 

deuda que le “corresponde” a cada niño que nace actualmente en España. Una especie 

de “pecado original” financiero.

El inmediato efecto es el crecimiento de la inequidad en el país: de 2007 a 2011, 

el índice de inequidad general (número de veces que los ingresos medios del 20% de 

la población más rica supera a los del 20% de la población más pobre) ha aumentado un 

30% situándose en el 6,9 mientras que la media de los países la UE se ha mantenido 

estable en 5. 

El impacto de la crisis en los niños a  corto plazo puede tener consecuencias a 

largo plazo e incluso consecuencias intergeneracionales.

Las ventajas de invertir en la infancia se manifiestan en el desarrollo cultural, 

económico y social del  futuro.

B) La SEGUNDA PARTE es un breve listado de medidas básicas, que se proponen a 

legisladores y responsables políticos, destinadas a proteger los derechos de los niños 

en tiempos de crisis.

Son de destacar las siguientes propuestas:

Proteger las inversiones destinadas a mejorar la salud, la educación y la lucha 

contra la pobreza.

Situar a la infancia en el centro de las decisiones políticas, incorporando un 

informe de impacto en toda la legislación y normas; medidas de evaluación del impacto 

de la crisis y  las políticas de austeridad  en los niños y niñas así como promover su 

participación organizada y su derecho a ser escuchados en las decisiones que les atañen.

Elaboración de un plan nacional contra la pobreza infantil.

Retomar la senda hacia el 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo.

Se trata de unas propuestas valientes pero poco concretas. Señalan un objetivo 

a los encargados de dirigir las políticas económicas, que son los que deben concretar 

las normas para cumplir con los pactos internacionales que velan por el bienestar de la 

infancia.

C) La  TERCERA PARTE resume el resultado de una encuesta, realizada a los 

propios protagonistas, niñas y niños, sobre calidad de vida y bienestar subjetivo

3

. La 

encuesta se realizó a 6000 niños y niñas de 1º de ESO en colaboración con la 

universidad de Gerona y se acerca al conocimiento del bienestar infantil subjetivo en 

consonancia con el artículo 12 de la CDN que proclama el derecho a la libre expresión 

de sus opiniones sobre los asuntos que les afectan.  Algunas de las respuestas 

mayoritarias suponen una gran madurez y solidaridad y deberían servir de ejemplo a 

muchos adultos. Son de destacar:

En su gran mayoría contestan afirmativamente que se sienten felices, aunque 

manifiestan preocuparse mucho por las cosas.                

3

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Bienestar_infantil_subjetivo_en_Espakua.pdfRespecto a las cualidades por las que desean ser admirados en el futuro, 

anteponen amabilidad, personalidad y familia a imagen, dinero y poder.

Entre 16 acciones hipotéticas a elegir escogerían preferentemente paz, hogar, 

trato igualitario y alimentación para todos, en lugar de comprarse un ordenador, un 

móvil o una videoconsola. 

A la mayoría le gusta ir a la escuela o instituto y se sienten seguros en casa. 

Por el contrario son minoría los que piensan que en la zona donde viven existen 

suficientes espacios para jugar con seguridad.

D) ANEXO: en este último apartado se exponen datos del “Sistema de Indicadores de 

Bienestar Infantil” (SIBI), recopilación de más de 50 indicadores obtenidos de fuentes 

nacionales e internacionales, agrupados en 7 dimensiones: 1. Educación. 2. Salud y 

Seguridad. 3. Bienestar material. 4. Entorno sociofamiliar. 5. Vulnerabilidad. 6. Estilos 

de vida. 7. Bienestar subjetivo. 

Se comparan evolutivamente con los del primer informe de 2010 y además se 

añaden algunos de los indicadores subjetivos fruto de la encuesta descrita e la 3ª parte.

Merecen destacarse:

1. Abandono escolar temprano: 28,4%. Alumnos que consiguen graduarse de 

ESO: 75%.

2. Lactancia materna a los 6 meses: 38,8%. Sobrepeso+obesidad entre 6 y 9 

años: 44,5%. Preservativo en última relación entre 15-18 años: 84,5%. Muertes totales 

de menores de 17 por accidente de tráfico: 129.

3. Pobreza relativa en menores (<60% mediana nacional de renta): 26,2%. En 

riesgo de pobreza o exclusión social, según el nuevo indicador multidimensional 

(AROPE): 29,8%. Niños que viven en hogares con privación material severa: 5,6% 

(casi duplicado en 2 años)

4. Niños (0-15) expuestos al humo del tabaco en casa: 16,7%.  Viviendo en 

barrios con muy escasas zonas verdes: 26,2%. En hogares con goteras/humedades en 

paramentos/cubiertas: 22,6%. Proporción en acogimiento familiar del total de niños 

acogidos: 59,5%.

5. Niños (14-18) que declaran haber consumido alcohol durante los últimos 30 

días: 63%. Maltrato familiar (8-17 años): 4%. Maltrato escolar (11-17 años): 11,6%.  

Partos en niñas de 15-17: 0,6%.

6. Niños (1-15) expuestos a más de 2 horas/día de TV: 47,6%. Que hacen 

ejercicio físico en tiempo libre varias veces al mes: 39,4%. 

7. Niños (11-17) que valoran su estado de salud como excelente o bueno: 92,2%. 

Que declaran que su tutor es un buen profesor: 83,7%. Que les anima a expresar sus 

opiniones en clase: 68,3%.

  

Comentario final: UNICEF es un organismo del entramado de Naciones 

Unidas. España como país integrante, que ha suscrito tratados internacionales como la 

Convención de los  Derechos del Niño, tiene la obligación de converger hacia el mayor 

cumplimiento posible de ellos. El presente informe demuestra que la situación actual no 

permite augurar una correcta convergencia.

Los pediatras, al margen de la opinión particular que cada uno tenga sobre el 

trabajo de estas organizaciones internacionales de complejo entramado, deberían 

hacerse eco y, al menos, denunciar las políticas contrarias al bienestar de la infanc

Sabemos dónde tienen el dinero y quiénes lo robaron

Diario Público, 23 de julio de 2012

No hacía falta que el ex economista jefe de la consultora McKinsey, James Henry, elaborase el más exhaustivo informe hasta la fecha sobre los paraísos fiscales para que nos oliésemos adónde han ido a parar las astronómicas cantidades que se han ido sustrayendo de las arcas públicas durante los últimos años, hasta que Montoro ha podido decir aquello de “no hay dinero”… para los pobres, claro. Pero esa investigación, encargada por Tax Justice Network (Red de Justicia Fiscal) nos ha dejado de piedra al descubrir que el monto total de la defraudación fiscal de las grandes fortunas, y las aún mayores compañías y entidades financieras, ascendió en cinco años (2005-2010) a una escalofriante cifra que supera ampliamente la suma de los PIB de EEUU y de Japón juntos.

Tampoco nos sorprende que Suiza y las Islas Caimán sean las guaridas preferidas por esos piratas para enterrar su botín, pero una vez más indigna la absoluta impunidad otorgada por nuestros gobiernos a la gran banca internacional cuyos abusos nos han precipitado al abismo: los diez mayores bancos privados del mundo (y no sólo los suizos, como UBS, sino también los de cabecera del Gobierno Rajoy, como Goldman Sachs, al que ha confiado el diagnóstico de Bankia) participan tan activamente en la administración de ese fraude global que sólo en 2010 gestionaron el equivalente a cuatro veces el PIB de España, es decir casi el triple que cinco años antes cuando aún no había estallado la crisis económica planetaria.

Vamos, que mientras el mundo entero se sumía en una recesión acelerada, las sociedades se empobrecían, los trabajadores perdían prestaciones sociales y derechos laborales, los gobiernos clamaban que sus ciudadanos habían vivido por encima de sus posibilidades, y en sólo ocho países occidentales (incluida España) se esquilmaba a los contribuyentes para entregar 1,2 billones de dinero público a la banca, esta última estaba multiplicando su negocio por tres. Claro que después declaraba pérdidas insostenibles, pero vistos los tejemanejes que van saliendo a la luz a medida que nos arruinan es más que difícil creerse sus cuentos… quiero decir, cuentas.

Una vez más, el caso español es diferente… para peor. Es de dominio público que España bate récords de manejo de dinero negro, puesto que casi las dos terceras partes de todo el efectivo en manos de los españoles está en billetes de 500 euros; precisamente los que jamás vemos circular en la economía real cotidiana de esos mismos ciudadanos. Ni más ni menos que 111 millones de billetes de 500… que nadie ve nunca. Bueno, seguro que alguien los ve, pero no creo que sea usted, querido lector.

Así que el Parlamento Europeo no hace más que lamentarse de que nuestro Gobierno no facilite datos fiables sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España. En su informe de julio de 2008, la Eurocámara estimó que las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales. Pero no pudo dar datos precisos sobre nuestro país.

Eso sí, los eurodiputados concluyeron que en esa liga España también es campeona: el dinero en metálico supone el 10% del PIB (el doble del nivel medio en la UE) y las transacciones que evaden el control del fisco ascienden a entre el 20% y el 25% del PIB, nuevamente duplicando la media europea. Una sencilla ecuación, empleando los datos conocidos de Producto Interior Bruto y presión fiscal media, permite calcular que las cantidades no ingresadas por Hacienda cada año suman alrededor de 70.000 millones de euros.

¡Qué casualidad que esa cifra sea casi igual que la cantidad de dinero que ahora el Gobierno del PP quiere quitar a los contribuyentes para “sanear” a la banca!

Las bajas falsas de los funcionarios en Canarias, solo un mito

El Dia, 22 de julio de 2012

Los datos del Gobierno canario avalan la caída registrada desde 2009 en los índices de abstención de los empleados públicos, pese a la polémica que montó el entonces vicepresidente regional, José Manuel Soria, cuando les advirtió de que se les iban a acabar las bajas por depresión "para ir a pasear por la playa". 

Quedó lejana en el tiempo la polémica montada en 2009 por el entonces vicepresidente regional, José Manuel Soria, que sin muchas sutilezas advirtió a los empleados públicos de que se les iban a acabar las bajas por depresión para irse a pasear por la playa. Pero los datos de la propia Administración regional avalan que entonces -y ahora- este colectivo muestra una tendencia decreciente en materia de absentismo.

El personal docente agrupa unos 24.000 trabajadores públicos. En 2009, el porcentaje de bajas fue del 4,88% -con una duración media de 36,5 días-; en 2010, 4,16% -38,5 días-, y en 2011, 3,87% -33,14 días-. Para hacerse una idea de lo que representan esos porcentajes, en el ejercicio pasado fueron unos 930 trabajadores los que pidieron una baja en algún momento.

En la Administración General y Justicia hay unos 14.000 empleados. En 2009, el absentismo fue del 7,02% -con una media de duración de 38,24 días-; en 2010, 6,18% -33,6 días-, y en 2011, 5,41% -27,5 días-. Eso significa, a grandes rasgos, que unos 750 trabajadores solicitaron alguna baja el año pasado.

Sanidad, aparte

Los datos no toman en cuenta los índices del área de Sanidad porque la información proporcionada por ese departamento al Gobierno regional está ordenada por centros de trabajo con arreglo a parámetros no homologables al resto de la función pública.

En todo caso, el director general de Función Pública, Aarón Afonso, estima que las bajas en el personal sanitario estatutario ronda el 5% del total, similar al de la Administración General y Justicia de la Comunidad.

Afonso ratifica -como ya ha afirmado en reiteradas ocasiones el consejero de Educación, José Miguel Pérez,- que el índice de absentismo entre el personal docente es el más bajo de la Comunidad Autónoma y tacha de "desafortunadas" las palabras de Soria y defiende la "profesionalidad" del colectivo, que "está al margen de cualquier duda y los datos estadísticos de 2009 así lo evidencian", insiste. También recuerda que el descenso del absentismo desde entonces coincide, además, con un aumento del trabajo de las inspecciones médicas en todos los ámbitos.

El viceconsejero cree que la supresión en los Presupuestos Generales de 2010 del complemento de la incapacidad temporal "seguramente también ha influido en alguna medida". A partir de entonces, los empleados públicos en baja solo cobran la prestación económica los tres primeros meses. "Ese aspecto y la actividad de las inspecciones médicas explican que bajen los niveles y porcentajes de absentismo en las Islas", concluye Afonso.

En todo caso, advierte el viceconsejero, incluso desde el punto de partida (2009) "nunca fue excesivo, especialmente si se compara con el absentismo que se ve en muchas empresas privadas". Los datos de esta serie histórica, según Afonso, evidencia que no ha habido un exceso de absentismo en el ámbito de la Comunidad entre los empleados públicos, si bien destaca el "trabajo y el esfuerzo" de la Administración en el control de las bajas.

No más del 5%

En todo caso, admite, "siempre" hay margen de mejora, "pero estos porcentajes son razonablemente buenos para lo que se encuentra en la empresa privada y las administraciones de otras autonomías".

Si bien la Administración no tiene un porcentaje establecido como objetivo de reducción para las bajas, Afonso reconoce que sí tiene planteado controlar las bajas que superen el tiempo que los médicos de los servicios de inspección consideran que excede del necesario. Eso sí, matiza que ahora el Gobierno espera conseguir que las incapacidades temporales de los empleados de la Administración General y Justicia bajen del 5% para este mismo ejercicio.