La Sra. Cospedal, el nazismo y la democracia en España

Diario Público, 18 de abril de 2013

La Sra. Cospedal, el nazismo y la democracia en España

18 abr 2013

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

La Secretaria General del Partido Popular, el partido gobernante en España, la Sra. María Dolores de Cospedal, ha acusado nada menos que de ser nazis a las personas que protestan por los desahucios manifestándose frente a los domicilios de las autoridades del partido político responsable del veto de las Cortes Españolas a las medidas propuestas por el movimiento social más popular hoy existente en España, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Lo que es preocupante y alarmante es que tal autoridad haya basado dicha grave acusación (en realidad, insulto) en que –según ella- estos manifestantes “no aceptan el voto”, es decir, que no respetan la mayoría parlamentaria, mayoría que –según ella- es resultado del mandato popular expresado por las urnas. Éstas, es decir, los votos, asignan al gobierno las responsabilidades de tomar decisiones, sean éstas las que sean, que deben acatarse por parte de la población, independientemente de que se esté en desacuerdo con ellas.

Tal interpretación de lo que es democracia, por una personalidad del nivel de la Sra. Cospedal, es alarmante. Y puesto que esta interpretación está ampliamente extendida en España, merece una respuesta. Esta percepción tan generalizada de lo que es democracia suele presentarse en un argumentario más elaborado, indicando que la democracia es un sistema de leyes que deben obedecerse, y por lo tanto, todo comportamiento que no siga tales leyes es considerado antidemocrático. Esto es lo que en realidad está diciendo la Sra. Cospedal, en un estilo y narrativa mucho más vulgar y directo, llamando nada menos que nazis a aquellos que protestan por la aplicación de las leyes, a pesar de que son manifestaciones no violentas que denuncian a los gobernantes que aplican tales leyes, estén éstos donde estén.

Lo que tal argumento deliberadamente olvida es que la soberanía popular procede de la ciudadanía, y que la expresión de tal soberanía ocurre a través de las instituciones llamadas representativas que en España están extremadamente limitadas debido al enorme dominio que las fuerzas ultraconservadoras, herederas de la dictadura, tuvieron sobre el proceso de Transición, al cual se le define erróneamente como modélico. El enorme desequilibrio de fuerzas entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil en el proceso de Transición dio lugar a un proceso muy sesgado, con unas instituciones representativas muy poco democráticas. Y lo que está ocurriendo, reflejado en las declaraciones de la Sra. Cospedal, es un claro ejemplo de ello. Veamos los datos.

Dentro de esta democracia sumamente limitada, sólo el 28% de la población adulta que podía votar, votó al Partido Popular, lo cual no fue obstáculo para que tal minoría alcanzara una enorme mayoría parlamentaria, mayoría totalmente desproporcionada en su tamaño y que no se correspondía con el voto real. En realidad, la gran mayoría (72%) de la población que podía votar, no votó al PP. La mayoría en las Cortes no representa, pues, a la mayoría de la población. Si el sistema hubiera sido proporcional, tal partido no hubiera estado en mayoría. Esta claro, pues, que el PP se benefició de unas leyes electorales que le favorecían, pero que no respondían numéricamente a un mandato mayoritario.

Pero la cosa es incluso peor, pues la elección de la minoría que votó al PP (28%) se basó en un programa electoral que el PP se comprometía a realizar, en caso de ser elegido, cosa que no ha hecho. Promesa electoral tras promesa electoral ha sido desatendida. La evidencia de ello es abrumadora. Como también es abrumadora que la élite dirigente del PP sabía que no la cumpliría, mintiendo a la ciudadanía. La rapidez con la que actuó, ignorando sus promesas, era el mejor indicador que sus acciones reales (muchas de ellas opuestas a su programa electoral) estaban ya programadas en la época pre-electoral.

Es obvio, pues, que gran número de políticas que el gobierno PP está realizando (desde las políticas de recortes de gasto público social, que contrastan con el gran apoyo a la banca, hasta el veto a la propuesta altamente popular de la PAH) carecen de mandato popular, entendiendo como tal el deseo por parte de la mayoría de la población de que las políticas que el gobierno aplique son las deseadas por tal población. Incluso entre sus votantes, la mayoría no eligió al PP para que llevara a cabo políticas opuestas a las que prometió durante el periodo electoral. Y la impopularidad de tales políticas, incluso entre sus votantes, es la mejor prueba de ello.

Pero lo que la Sra. Cospedal  ignora es que tales políticas que el gobierno PP está implementando, contrarias al deseo de la mayoría, no sólo son altamente impopulares, sino que deslegitiman al gobierno y a la democracia, pues lo que el gobierno está haciendo no es llevar a cabo las políticas expresadas por la mayoría de la población, sino que las está imponiendo en ausencia de un mandato popular. La respuesta de la ciudadanía ante esta situación es la protesta pública  en defensa de la democracia mediante cualquier medio (utilizando medios no violentos) pues está intentando salvar la democracia en España frente a una violencia legal que es inasumible. El echar a una familia a la calle, sin techo, es enormemente violento y toca las dimensiones más íntimas de la persona. Cuando, además, estas políticas, aún siendo legales, no son legítimas –al carecer de mandato popular- es injusto y traduce una prepotencia y arrogancia exigir que los responsables de tal situación tengan un trato distinto, que definen como civilizado, opuesto al incivilizado que están imponiendo.

La respuesta de las fuerzas conservadoras (incluidas las de algunas voces de las izquierdas ex gobernantes) es que la manera de responder democráticamente es esperar al voto hasta dentro de cuatro años, en un sistema que tampoco refleja el deseo popular. Ahí está el triunfo de las fuerzas conservadoras, escrito en piedra en sus leyes y en la Carta Magna, la Constitución. La continua defensa de la Constitución como intento de legitimar toda una serie de políticas sin mandato popular es parte de la defensa de los intereses de aquellos  que dominaron el proceso de Transición, que eran, a su vez, los herederos de los que ganaron la Guerra Civil. A la Sra. Cospedal parece escapársele la incoherencia de acusar a sus adversarios de nazismo, cuando ella está donde está, repito, como consecuencia de la historia de este país en los últimos setenta y cinco años, donde el enorme poder de las fuerzas ultraconservadoras, incluyendo su partido político, sobre los aparatos del Estado ha determinado la configuración de las instituciones políticas, siendo el punto de origen de su poder el golpe militar del General Franco apoyado precisamente por el nazismo alemán y el fascismo italiano, apoyo sin el cual la democracia no hubiera sido derrotada en España.

Si España tuviera un Estado auténticamente democrático, además de tener leyes electorales más representativas, habría referéndums decisorios, que podrían debatirse (en unos medios más plurales que los que hoy existen en España), siendo tal debate las bases para la decisión popular. Y no hay duda, según los resultados de las encuestas, de que las políticas decididas por referéndums (incluidas las propuestas del PAH) serían mucho más mayoritarias que las decididas por las Cortes, mostrando que las Cortes Españolas hoy, en su mayoría, no representan a la mayoría de la población española, incluido, por cierto, el votante y ex votante del PP.

La justicia obliga al Gobierno de Eslovenia a pagar la extra a los funcionarios

Cinco Días, 17 de abril de 2013

(La sentencia sigue los pasos dados por el tribunal portugués)
El Gobierno esloveno deberá hacer efectivo en 30 días el pago a los funcionarios del país de la paga extraordinaria que fue suprimida por el Ejecutivo en 2012 dentro su plan de ahorro y cuyo desembolso asciende a un montante agregado de 50 millones de euros, según ha sentenciado el Alto Tribunal para Asuntos Laborales y Sociales de la pequeña república balcánica.

“El Gobierno violó el acuerdo colectivo referente a la paga de vacaciones y debe desembolsar el dinero pendiente en 30 días”, indicó el Alto Tribunal, cuya decisión se suma a la recientemente adoptada por el Contitucional portugués en relación con la supresión de la paga extra a los funcionarios lusos.

La sentencia del Alto Tribunal esloveno llega después de que el año pasado el sindicato de profesores presentara una demanda contra la decisión del Gobierno de suprimir la paga extra, de unos 670 euros, a los empleados públicos en el marco del plan de austeridad del Gobierno esloveno.

El ministro esloveno del Interior, Gregor Virant, señaló en declaraciones a la emisora pública Radio Eslovenia que la sentencia representa “un nuevo golpe para las finanzas públicas” del país, considerado uno de los principales candidatos para solicitar un rescate.

Por su parte, el presidente del sindicato español de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, se ha felicitado este miércoles de la decisión de Eslovenia de anular la retirada de una paga extra a los funcionarios del país.

“Supone el segundo toque de atención al Gobierno para que tome buena nota, porque los argumentos jurídicos son similares”, ha señalado Borra en declaraciones a Europa Press.

Casi mil euros por un solo minuto

Diario de Avisos, 23 de Marzo de 2013

Pasadas las 08.30 comenzó en la mañana de ayer el que, con casi total seguridad, sea el pleno más breve de los 100 años del Cabildo de Tenerife. Apenas un minuto y veinte segundos se prolongó la sesión extraordinaria, tiempo suficiente para que al presidente de la Corporación insular, Ricardo Melchior, le diera tiempo de leer los seis puntos que conformaron el orden del día, que como era de esperar, no tuvieron objeción ninguna.

Atónitos se quedaron los consejeros -y no solo ellos- cuando finalizó el pleno por la brevedad de su duración. Incluso alguno de los asistentes casi no llega, dado lo prontitud de la convocatoria. Pese a la brevedad, los consejeros no liberados de la Corporación insular tienen derecho a sus correspondientes dietas, lo que supone 128 euros brutos por cada uno de ellos en cada sesión plenaria extraordinaria, independientemente de su duración.

Esto supone que, teniendo en cuenta que ayer asistieron un total de siete consejeros no liberados al pleno -seis de la oposición y uno del equipo de gobierno-, el Cabildo deberá abonar la cuantía ni más ni menos que de 896 euros por un minuto y veinte segundos.

PODRÍA SER PEOR…
El montante en dietas podía haber sido peor, ya que en caso de sesiones plenarias ordinarias la cuantía asignada a cada consejero es casi del doble. En concreto, por asistir se les aporta 214 euros. Así, si el pleno de ayer hubiera sido de carácter ordinario, el Cabildo tinerfeño tendría que haber desembolsado casi 1.500 euros.

Lo cierto es que debido al acuerdo de la Fecai y la obligación de aprobar la denuncia al Tribunal Constitucional por el reparto de fondos por la Comunidad Autónoma antes de finales de mes, la Corporación prácticamente no tenía margen para llevar a cabo la sesión plenaria, y más teniendo en cuenta que los próximos días es Semana Santa. Todo un record de rapidez en la administración pública.

Canarias destruye 13.700 puestos de trabajo público en cinco años

La Opinion, 24 de marzo de 2013

La destrucción de empleo público que ha sufrido Canarias en ayuntamientos, cabildos, administración autonómica y administración estatal en los últimos cinco años alcanza ya los 13.700 puestos menos. Si en el último trimestre de 2008 había 151.500 empleados públicos en las Islas, diciembre de 2012 terminó con 137.800 trabajadores.
Sin embargo, el descenso de un año para otro desde que comenzó la crisis no ha sido una constante. De hecho, en un par de ocasiones la cifra aumentó. Es el caso del último trimestre de 2007, cuando había 140.700 empleados públicos, cuya cifra al finalizar 2008 aumentó en 10.800 puestos. También 2010 terminó con 4.000 trabajos más en la administración que el último trimestre del año anterior.
Estos datos, recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, incluyen a los empleados indefinidos y temporales. Pero si se desglosan, se descubre que los puestos públicos indefinidos han aumentando si se comparan los últimos trimestres de 2008 y 2012. Concretamente, aumentaron en 4.100 empleos de duración indefinida. En cuanto al cierre de 2012 con respecto al del año anterior, la tendencia alcista de los indefinidos se vuelve a repetir, con 5.900 puestos más.
No sucede lo mismo con los empleos de duración temporal, ya que según el informe de la EPA, 7.500 puestos fueron eliminados de las administraciones públicas al comparar el cierre del año 2011 con el de 2012. En cuanto a los últimos cinco años, ocurrió lo mismo. El empleo público temporal bajó de 52.200 a 34.400, es decir 17.800 menos.
Para Miguel Ángel Delgado, coordinador del Sector de Comunidad Autónoma de Comisiones Obreras (CCOO), las cifras positivas en cuanto al empleo indefinido no se refieren a la Administración Autonómica, ya que los datos que este sindicato maneja sobre son malos. "Ese aumento tal vez sea en otras administraciones, como la estatal, pero no en la autonómica", asegura.
Según el informe realizado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, las áreas públicas autonómicas distintas a las de enseñanza y sanidad presentaron a finales de 2012 "la mayor tasa interanual de pérdida de empleo", concretamente un 12,3% menos. Este porcentaje es casi cuatro puntos y medio superior a la tasa total del sector público (-7,9%), 5,4 puntos más que la tasa de pérdida de empleo de las áreas de sanidad y educación (-6,9%) y más del doble de la pérdida interanual del mercado de trabajo (-6,1%).
CCOO advierte de que el empleo público autonómico en su conjunto arroja tasas negativas de empleo desde el cuarto trimestre de 2011, encadenando cinco trimestres consecutivos de pérdida neta de empleo en tasa intertrimestral y cuatro en tasa interanual. En términos interanuales, "se está produciendo una importante aceleración del ritmo de destrucción de empleo.

Piden el cese de la directora de Recursos Humanos (Ayto. Santa Cruz de Tenerife)

El Día, 19 de marzo de 2013

Los sindicatos con representación en la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Santa Cruz han solicitado al alcalde "la destitución de la directora de Recursos Humanos y la eliminación de dicho puesto por economía al existir ya un jefe de Servicio". El acuerdo se adoptó el pasado 6 de marzo -según el comunicado que firman Asipal, CCOO, Sepca, IC y UGT- "en base a que desde su llegada no se han dado soluciones a las demandas en las Mesas de Negociación".

"La situación actual de crispación -indica el texto-, falta de diálogo y alejamiento de la directora general de Recursos Humanos con los trabajadores ha hecho que llegar a acuerdos en la Mesa General se haga prácticamente imposible. (...) Se ha puesto de manifiesto sobre todo con la restrictiva interpretación de los decretos del Gobierno Central de los últimos tiempos, imperando su criterio, sin margen para la negociación y sin aceptar propuestas sindicales".

El documento relaciona hasta dieciocho incumplimientos tanto de la negociación colectiva como de la normativa interna.

Entre ellos destaca el supuesto "incumplimiento de la Normativa Interna del personal funcionario y el Convenio Colectivo del personal laboral". También las carencias en "la promoción interna y profesional de los trabajadores".

Los representantes de los trabajadores aseguran que se han visto abocados a "la judicialización ante la falta de soluciones, que ha ocasionado en los últimos cinco años 36 demandas de los sindicatos, de las cuales 25 han sido favorables a los trabajadores, quedando pendientes de resolución las restantes, ocasionando importantes gastos a la Administración".

Respecto a la Policía Local, rechazan "la no adecuación de los puestos a la RPT, por falta de descripción", así como los "dos años de espera para la reclasificación" y "el incumplimiento del decreto que regula el procedimiento de abono del coste de reposición de los agentes que pasen a segunda actividad". Otros aspectos de la denuncia son "el excesivo uso de la figura de la Comisión de Servicios para cubrir puestos vacantes en vez del concurso de méritos".

Concluyen los sindicatos con el "incumplimiento de incluir en el orden del día puntos solicitados con la debida antelación".

El Cabildo archiva el expediente al presidente del comité del IASS

El Día, 18 de marzo de 2013

El cuarto expediente abierto al presidente del Comité de Empresa Único del Instituto de Atención Social y Sociosaniatria (IASS) fue archivado por el Cabildo el pasado día 12, cinco días después de que el afectado, José Luis Gutiérrez, advirtiera por escrito a los responsables del organismo autónomo y de la gestión política en la Corporación insular de la responsabilidad en la que podrían incurrir.

En el mismo documento, Gutiérrez Jaimez expuso al presidente, Ricardo Melchior, y al vicepresidente, Aurelio Abreu, "las distintas irregularidades y abusos cometidos con los responsables del Comité de Empresa del IASS, al entender que mi actuación es ajustada al convenio colectivo".

Cabe recordar que la Gerencia del IASS resolvió, el 25 de enero pasado, incoar expediente disciplinario al trabajador José Luis Gutiérrez, también presidente del Comité de Empresa Único, "por la presunta comisión" de "faltas muy graves" consistentes en ejercer como letrado sin haber solicitado la compatibilidad para ello. La medida la adoptó a instancia del Consejo de Gobierno Insular, órgano del Cabildo, que así lo acordó el 15 de octubre pasado.

Mientras el IASS entendió que al trabajador le era de aplicación la Ley 53/1984 de Incompatibilidad, el afectado se acogió al convenio colectivo de este organismo autónomo, cuyo artículo 21 especificó que, "en todo caso, será compatible y exenta de cualquier solicitud cualquier actividad y/o servicio que realicen los afiliados a título gratuito para las organizaciones sindicales dentro del crédito horario sindical o fuera de la jornada laboral".

Desde la representación de los trabajadores se aseguró que el comité "se ha encontrado en la necesidad de denunciar muchas irregularidades por afectar gravemente al interés público y a los colectivos de personas que necesitan mayor protección". Para Gutiérrez, la consecuencia es que "venimos sufriendo actuaciones en contra de nuestra libertad sindical y varios expedientes disciplinarios sin fundamento, que persiguen impedir y coartar nuestros derechos fundamentales".

Tres de cada 10 niños canarios sufre pobreza

La Opinión, 13 de marzo de 2013

EFE La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, detalló ayer que la pobreza infantil en Canarias alcanza una tasa del 29% y se sitúa nueve puntos por encima de la media de la Unión Europea y cuatro respecto a la media española. Así lo recoge el informe de la infancia en Canarias elaborado por Unicef al que hizo referencia la consejera en el pleno del Parlamento canario, en el que desveló que el Archipiélago es la sexta Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo de exclusión social.

Un hogar de cuatro miembros, dos adultos y dos menores de edad que viven con 1.300 euros conforman el prototipo de unidad familiar que estaría en el umbral de la pobreza, comentó Inés Rojas, quien reconoció que la crisis económica está afectando "sin duda" a la población infantil.

Por este motivo, el Ejecutivo canario ha aumentado el presupuesto destinado a políticas sociales en un 8%, precisó la consejera, quien dijo que el Gobierno dedica 58 millones de euros en atención y prevención a la pobreza infantil. "No hemos bajado ni un solo euro para la atención a las familias", señaló la consejera, al tiempo que destacó que de las 500.000 personas que atienden por problemas de pobreza los ayuntamientos, 165.000 tenían hijos menores a su cargo.

Asimismo, avanzó que el Gobierno incorporará las recomendaciones de Unicef a la nueva estrategia de infancia y familia de Canarias, que se presentara en poco más de un mes. "El informe de Unicef es transversal y lo trasladamos a las demás áreas del Gobierno, como sanidad o empleo", recalcó la consejera, quien opinó que "la mejor estrategia" para paliar la pobreza es crear empleo en las Islas.

La diputada del PP María del Carmen Morales denunció que uno de cada tres canarios vive debajo del umbral de la pobreza y en el en el caso de los niños este porcentaje es del 32,8%. Morales afirmó que en Canarias "se está pasando hambre", pues hay niños que van al colegio sin desayunar y hay 291.000 personas que quieren trabajar y no tienen dónde.

Por ello, el Gobierno de Canarias tiene que buscar soluciones y hacer frente al "demoledor" informe de Unicef, ya que "el hambre no espera", apostilló. Según la diputada del PP, del informe de Unicef se desprende que los niños necesitan una educación de calidad y una sanidad que cuide su salud y luche contra la obesidad infantil.

La diputada del grupo Mixto Carmen Hernández agradeció a Unicef que establezca la línea de trabajo que debe seguir el Parlamento, si bien reclamó al Gobierno que lidere y analice la realidad de la infancia en el archipiélago. "Se trata de una realidad preocupante que obliga a las instituciones públicas a poner todas las medidas para paliarla", comentó Carmen Hernández, quien hizo hincapié en que el informe hace mención a que los recortes que impactan en la infancia no son sólo los de políticas sociales, también los que se han hecho en educación o sanidad.

Encarcela a un defraudador y le afea que por su culpa los funcionarios sufran recortes

Diario La Verdad (Murcia) 29/01/13

El juez Guerrero critica a quienes hurtan «cantidades altísimas» al Estado y obligan con ello a bajar salarios Además de ordenar su «ingreso inmediato en prisión», el juez Guerrero critica a un defraudador porque, con su delito, «al no pagar lo que debía», está obligando a recortar sueldos. MURCIA. «Ordénese el ingreso inmediato en prisión del penado». Con esta frase, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, Julio Guerrero Zaplana, concluye la redacción de un auto en el que, además de enviar a la cárcel a un condenado por fraude fiscal, le impone un severo correctivo de orden moral. «El penado –hace constar en su resolución– ha sido condenado como autor de un delito contra la Hacienda Pública por dejar de pagar impuestos por valor de casi un cuarto de millón de euros. No parece decente manifestar ahora que solo tiene una pensión de apenas 700 euros, cuando lo cierto es que ha disfrutado indebidamente de unas cantidades de dinero altísimas, que no ha pagado al Estado y que éste –ante la situación de crisis económica existente– ha optado por rebajar los sueldos, entre otros, a los funcionarios públicos».

:: JUAN LEALEl magistrado Julio Guerrero, en un acto judicial.

Refuerza su argumento resaltando que estos trabajadores públicos, «que no tienen responsabilidad alguna (en esa precaria situación de la Administración), se encuentran con una disminución evidente de sus haberes porque muchos, como el penado en la presente causa, no han pagado lo que tenían que abonar en impuestos».

Con tales razones, entre otras de corte más jurídico, el juez ha rechazado una petición del abogado del defraudador para intentar paralizar el ingreso en prisión de su cliente. En concreto, hace unos meses Guerrero Zaplana condenó a esa persona por haber dejado de pagar a Hacienda la cantidad de 242.993 euros, razón por la cual le impuso una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 485.986 euros. Además le fijó una responsabilidad personal subsidiaria de un año de cárcel, que sería ejecutada y supondría su ingreso en prisión si no llegaba a abonar esa sanción económica.

El letrado defensor del condenado presentó recurso contra esa medida y reclamó, entre otras cuestiones, un aplazamiento en el pago de la multa, proponiendo que su cliente pudiera pagarla a razón de 300 euros mensuales. Tal solicitud, sin embargo, ha sido acogida por el magistrado casi como una tomadura de pelo, según se deduce de su respuesta.

«No se admite el aplazamiento –justifica–, porque las cantidades ofrecidas (300 euros al mes mientras viva) parecen más bien una burla a la Administración de Justicia, dado el tiempo que supondría su cobro íntegro (67 años), que va mucho más allá de la vida –esperable– del condenado, dada su edad actual».

Fuentes próximas al proceso han confirmado que el condenado tiene en torno a 65 años, lo cual explica la argumentación ofrecida por el juez.

Guerrero Zaplana recuerda en su auto que «la suspensión de pena no es un beneficio de concesión obligatoria, ni siquiera en el caso de que concurrieran los requisitos para ello»: que no tenga antecedentes penales, que la pena no supere los dos años de prisión y que se hayan pagado las responsabilidades civiles (en este caso, por importe de 242.993 euros).

Los dos primeros requisitos sí los cumple el condenado, pero no el tercero (no ha ingresado la cantidad defraudada), «lo cual imposibilita la concesión de la suspensión».

Indica además que «no se ha probado la imposibilidad del penado para hacer frente a las responsabilidades civiles. Y no se ha probado porque se entiende que sencillamente no existe (tal imposibilidad). El que no tenga bienes a su nombre no quiere decir que no los tenga. Y el que se haya declarado insolvente no quiere decir que no pueda pagar, sino que no se le han encontrado bienes o rentas para embargarle y cobrar por la vía de apremio lo que adeuda».

Y por si fuera poco, está –en consideración del juez– el tipo de delito cometido: fraude fiscal. Una de las principales razones por las cuales el Estado se encuentra en una difícil situación financiera que le está llevando a acometer importantes recortes, entre otros, en los sueldos de los funcionarios públicos y, con ello, de los propios jueces.

«No es admisible que el penado solicite que la Administración de Justicia le conceda lo que no es obligatorio, cuando él no cumple con lo que sí le ha sido impuesto como obligación», concluye el auto, que supone el «inmediato ingreso en prisión» del defraudador.

El gobierno insular expedienta al presidente del comité del IASS

El Día, a 5 de marzo de 2013

La Gerencia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) resolvió, el 25 de enero pasado, incoar expediente disciplinario al trabajador José Luis Gutiérrez, también presidente del Comité de Empresa Único, "por la presunta comisión" de "faltas muy graves" consistentes en ejercer como letrado sin haber solicitado la compatibilidad para ello. La medida la adopta a instancia del Consejo de Gobierno Insular, órgano del Cabildo, que así lo acordó el 15 de octubre pasado.

Mientras el IASS entiende que al trabajador le es de aplicación la Ley 53/1984 de Incompatibilidad, el afectado se acoge al Convenio Colectivo de este organismo autónomo cuyo artículo 21 especifica que, "en todo caso, será compatible y exenta de cualquier solicitud cualquier actividad y/o servicio que realicen los afiliados a título gratuito para las organizaciones sindicales dentro del crédito horario sindical o fuera de la jornada laboral".

Basándose en la documentación que obra en poder del IASS, referidas fundamentalmente a sentencias vinculadas a miembros de la plantilla, la Gerencia advierte de que investigará si el presidente del Comité de Empresa Único ha excedido el ámbito que especifica el convenio y también ha actuado "respecto a personas ajenas al IASS".

El afectado, José Luis Gutiérrez, ya fue objeto de un expediente similar con anterioridad debiendo ser archivado el mismo, según consta en la documentación oficial. El mismo entiende que esta medida es "un nuevo atentado contra la libertad sindical" producto "de una larga estrategia desarrollada por esta administración, que tiene como único objetivo seguir castigándome por mi permanente lucha sindical".

Además de advertir de que acudirá a la vía penal en el caso de que el Cabildo y el IASS persistan en este expediente, recuerda a la Gerencia que no solo representa a sus compañeros en el tiempo que le otorga la norma, sino que lo hace gratuitamente.

CCOO niega que haya ratas y que los centros estén mal 

Las diferencias en el seno del Comité Único del IASS las pone en evidencia el sindicato CCOO, que ayer emitió un comunicado afirmando que las críticas vertidas por José Luis Gutiérrez "no se corresponden con la realidad de las instalaciones del Instituto" y que "a este sindicato no le consta la veracidad de las afirmaciones" realizadas por el presidente, "a pesar de haberlas indagado exhaustivamente".

Además de pedirle que "deje de utilizar a los centros y trabajadores del IASS en su vendetta particular contra la Dirección del Instituto", CCOO califica de "mentira y difamación" lo dicho por Gutiérrez sobre el mal estado de los centros, la sarna y que haya ratas y ratones, pese a que esto último está reflejado en varios partes oficiales durante el último mes.

Un centenar de funcionarios denuncia al PP por contratar en fraude de ley a Bárcenas

El Mundo,  27 de febrero de 2013

Funcionarios de la Seguridad Social han presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra el Partido Popular por supuestas irregularidades conocidas respecto a su relación laboral con el que fuera ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Los trabajadores reclaman a la inspección que compruebe los datos facilitados por el partido, que podrían constituir un "fraude contra el orden social" y "ejercite las acciones legales y reglamentarias correspondientes".

La denuncia se presenta a raíz de las informaciones ofrecidas por diferentes dirigentes del Partido Popular sobre las particularidades de la relación laboral de Luis Bárcenas con el Partido Popular, como entidad contratate, y que los denunciantes consideran podrían suponer un "fraude contra el orden social". Los denunciantes citan al vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, cuando explica que, pese a que la relación laboral con Luis Bárcenas quedó extinguida en el año 2010, la 'empresa' siguió ingresando las cuotas a la Seguridad Social hasta finales del año 2012.

Los denunciantes consideran que lo declarado por el PP está tipificado como infracción muy grave del artículo 26 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En ese texto normativo se expone que constituye una "infracción muy grave" "actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan".

Igualmente, en el escrito de denuncia se advierte que las simulaciones de relaciones laborales no son más que una forma de manifestarse el fraude de ley contemplado en el artículo 6.4 del Código Civil.

Los denunciantes consideran circunstancias agravantes del fraude el hecho de que las cuotas indebidamente abonadas "han corrido por cuenta de todos los españoles, desde el punto y hora en que la financiación de los partidos políticos se nutre fundamentalmente con cargo a los presupuestos del Estado"; y que el trabajador "se ha manifestado extremadamente insolidario con todos los españoles al disponer de más de 22 millones de euros fuera de la tributación en nuestro país".

La denuncia, con registro de entrada del pasado viernes, 22 de febrero, la suscribe un total de 110 funcionarios de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria de Nervión y la Delegación de Salud en Sevilla de la Junta de Andalucía.