El Cabildo reduce el sueldo de su personal un 5% de forma escalonada

Diario de Avisos 17/06/10

El Cabildo ha aprobado medidas de ajuste en las retribuciones de su personal en un 5 por ciento, además de a consejeros y gerentes, y señala que su gasto de personal y de puestos directivos es "notablemente inferior" al de administraciones similares en competencias y presupuesto.La corporación insular afirma en un comunicado que ha aprobado los acuerdos correspondientes para aplicar los ajustes retributivos tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Precisa el Cabildo que cuenta con un número de consejeros electos con dedicación exclusiva y asesores o puestos de confianza comparativamente inferior al de otras administraciones.Las medidas aprobadas se concretan en dos acuerdos, el primero de ellos, referido a la reducción de las retribuciones en el ámbito del Cabildo y sus organismos autónomos. Para ello se llevó se acordó en la mesa general de los empleados públicos de la corporación, en la que están representados los sindicatos CCOO, UGT, SEPCA, IC, CSIF y CGT, reducir las retribuciones en un 5 por ciento, con criterios de progresividad y de forma escalonada para todos los grupos profesionales, salvo para los empleados pertenecientes al nivel retributivo más bajo, los del grupo E, cuyo complemento específico sólo se reducirá en un 1 por ciento. Asimismo, el acuerdo contempla aplicar los mismos criterios a todos los empleados, con independencia de si son funcionarios o personal laboral.En cuanto a los consejeros, gerentes y directores de empresas, consorcios y fundaciones, se aprobó la aplicación de la reducción de las retribuciones, tomando como referencia los criterios y escalas recomendadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del acuerdo de 25 de mayo de 2010. El segundo de los acuerdos abarca las medidas retributivas de los empleados de las empresas públicas, fundaciones y consorcios, a los que se les emplaza a la negociación colectiva para lograr una reducción similar a la que se aplicará a los trabajadores del resto de la corporación, es decir de un 5 por ciento de la masa salarial.El presidente de la Corporación, Ricardo Melchior, informó de que dos años antes de la adopción de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, el pasado mes de mayo, el Cabildo ha venido aplicando un conjunto de actuaciones para reducir los gastos de personal, tales como no aprobar ofertas de empleo público, impulsar los planes de jubilaciones anticipadas y parciales, amortización de puestos de trabajo, reducción de las horas extraordinarias y de las contrataciones temporales y congelación de los sueldos de los consejeros y personal de confianza desde 2008.

Aplicación del Real Decreto 8/2010 en la Comunidad Autónoma de Canarias

Blog CanariasAhora.com 14/06/10

De momento sólo cargarán con el sacrificio los funcionarios y el personal laboral. El Gobierno de Canarias ha decidido hacer una aplicación muy sui géneris del Real Decreto 8/2010 para el recorte del déficit público, que obliga a las administraciones públicas españolas a reducir un 5% su masa salarial. De momento, según un acuerdo que irá esta semana al Consejo de Gobierno, sólo se aplicará ese porcentaje a los trabajadores públicos, tanto al personal laboral como al funcionario y estatutario. Los altos cargos (presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales), para los que se anunció un recorte salarial del 15%, quedan fuera de momento.
Así lo ha decidido el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, que en la aplicación del recorte del déficit público ordenado por el Gobierno central (el Real Decreto es legislación básica, luego de obligado cumplimiento), tiene todas las prerrogativas en Canarias. Su decisión, respaldada por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, ha sido la de rebajar un 5% todas las retribuciones del personal laboral (salario base, trienios y complementos) y la misma proporción al personal laboral y estatutario, pero aplicándola solamente al salario base y a la antigüedad.
El resto de las reducciones a las que el Gobierno canario está obligado para alcanzar la rebaja efectiva del 5% en la masa salarial incluida en el Capítulo 1 de sus presupuestos generales, habrá de ser aprobada mediante modificación de la Ley de Presupuestos de Canarias, una vía sorprendente y jurídicamente innecesaria que ya ha empezado a ser elaborada por un equipo ajeno a la Consejería de Economía y Hacienda bajo la dirección de una persona de la máxima confianza del consejero Soria, Rosa Rodríguez, viceconsejera de Economía.
Esa modificación legal, cuyo alcance será abordado esta semana por el Consejo de Gobierno, será la que regule cómo aplicar la instrucción para la elaboración de retribuciones en nómina, que se aprueba cada enero desde 2006 pero que ahora habrá de ser modificada para ejecutar el Real Decreto 8/2010 de recorte del déficit público. Esa instrucción siempre ha afectado a todas las nóminas de la administración, es decir, desde los trabajadores públicos a los altos cargos, incluyendo asesores.
Pero en esta ocasión, el Gobierno ha hecho algunas extrañas piruetas. De entrada, ha remitido a un acuerdo de Gobierno la modificación de la instrucción sobre elaboración de nóminas, que en cualquier otra ocasión se hubiera resuelto con una circular de la Consejería de Presidencia, a quien pertenece Función Pública. En segundo lugar, ha sacado de esta modificación salarial a los altos cargos, que seguirán cobrando sus nóminas íntegramente mientras se tramita esa modificación de la Ley de Presupuestos, la tercera originalidad, ya que no es jurídicamente necesario para hacer un cambio en las nóminas.
Con todo, aún aplicando la máxima urgencia a esta tramitación parlamentaria, con lectura única, es probable que no haya aplicación del decreto del Gobierno de España hasta el próximo otoño. Hasta entonces, el Gobierno disfrutará de su salario íntegro. Había prometido una rebaja del 15.

La crisis evidencia que hay demasiados funcionarios

Diario La Opinión 15/06/10

El sobredimensionamiento de la estructura administrativa de las Islas es insostenible con la crisis y ya se están empezando a evidenciar las dificultades para pagar las nóminas de los 126.000 funcionarios que trabajan para las diferentes Administraciones canarias. Expertos y ex consejeros de Hacienda del Gobierno autónomo concluyen que el sector público se infló durante los años de bonanza económica y ahora, con una recesión impensable hasta hace tres años, los gobiernos autónomos, insulares y municipales se están viendo con serias dificultades para poner freno al ingente gasto que supone mantener los puestos de trabajo.El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Suay, cree necesaria una "simplificación" de la Administración para evitar el excesivo solapamiento de competencias y funciones que se da con demasiada frecuencia en los distintos niveles, situación que implicaría la eliminación de órganos y unidades de gestión. Para Suay habría que realizar ajustes en los escalones superiores de la Administración y en el ingente personal eventual y temporal que entra más por criterios de "confianza" y "lealtad" que por los sistemas legales de nombramientos y oposiciones de la Función Pública.El también miembro del Consejo Consultivo de Canarias puntualiza que no se puede "penalizar" siempre al funcionario porque su labor es también "imprescindible", pero apuesta por implementar más controles e inspecciones para agilizar y dar mayor eficacia al trabajo que se hace para los ciudadanos.Los ex consejeros de Economía y Hacienda José Miguel González, Luis Hernández y Óscar Bergasa coinciden en que el sector público de las Islas no se puede sostener en las actuales condiciones económicas, aunque sus opiniones van de un extremo a otro a la hora de valorar las medidas a adoptar. José Miguel González asegura que ahora "no el momento oportuno" pero habrá que tomar decisiones de racionalización que implica la reducción de puestos de trabajo en la Administración, que afectaría al personal temporal y al que está adscrito a las empresas, entidades y fundaciones públicas. "El problema es muy serio pero ahora que está acabando la legislatura no es el momento, deberá ser un asunto prioritario para el próximo Gobierno", añade el actual presidente del grupo parlamentario de CC.El ex consejero y economista Óscar Bergasa es más drástico y asegura que contar con los mismos servicios en tres administraciones diferentes es un "disparate", por lo que es "inaplazable" una reforma de la Administración y una regulación de las funciones de los empleados públicos porque sería un "suicidio" seguir de esta forma. Bergasa cree que debe asegurarse los puestos de trabajo de los servicios públicos esenciales -Sanidad y Educación- que suponen más de 50.000 empleos, pero sí hay que eliminar puestos "absurdos" que no aportan nada en los diferentes niveles administrativos y en las empresas públicas.Por su parte, Luis Hernández defiende una reestructuración urgente de la organización del trabajo en la Administración, traspasar a la iniciativa privada las funciones que realizan las sociedades y fundaciones públicas y amortizar plazas que supongan un solapamiento de competencias. Hernández, economista y empresario, cree que la Comunidad Autónoma debe reducirse al mínimo y darle más competencias a los cabildos para agilizar el "calvario" que supone la excesiva burocracia que impera en las Administraciones canarias.

Huelga 8 de Junio (Cartel)

Huelga 8 de Junio

1. Para la CGT, la Huelga General es la respuesta sindical y social que hoy corresponde a la situación de crisis a la que está siendo sometida la clase trabajadora y demás sectores populares de este país. Pero, actualmente, no existe una mayoría suficiente en la Organización para respaldar que la Huelga General se convoque el día 8 de junio coincidiendo con la Huelga en las Administraciones Públicas.

2. En consecuencia, CGT convoca Huelga en el Sector Público el día 8 de Junio (haciéndola extensible a todas las empresas públicas), como medida inmediata y previa para seguir movilizándose en pro de la convocatoria de Huelga General.

3. Además, CGT Convocará una Jornada de Lucha el 8 de Mayo para que todas las personas trabajadoras, del sector privado y del sector público, los millones de paradas y parados, las personas pensionistas, las dependientes, las precarias, las excluidas, los movimientos sociales, vecinales,… se movilicen y participen en todas la manifestaciones, concentraciones y actos públicos que se organicen ese día a lo largo de todo el país para así mostrar la solidaridad y unión de la clase trabajadora, del sector público y privado, y se clame por la convocatoria de la Huelga General

4. Para CGT es prioritaria la convocatoria de la Huelga General y que esa convocatoria sea en coincidencia con la convocatoria que plantean las centrales sindicales mayoritarias o alguna de ellas en las próximas semanas para así unificar toda la protesta del sector privado y el sector público en la Huelga General.