viernes, 30 de noviembre de 2012

Las 12 recomendaciones clave del informe de la OCDE sobre España

El Pais, 29 de noviembre de 2012


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resume sus 12 principales recomendaciones en el informe bienal sobre España publicado este jueves y las agrupa en dos grandes epígrafes. Son las siguientes:

Políticas para estabilizar la economía y apuntalar el sector bancario

1. Los bancos viables con necesidades de capital deben ser recapitalizados con prontitud y los no viables los bancos deben ser resueltos de una manera ordenada, tan pronto como sea posible, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento [del rescate bancario].
2. Los titulares de deuda subordinada e instrumentos híbridos de capital de menor rango deben absorber las pérdidas de los bancos que se reestructuren, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento.
3. El Gobierno debe tener como objetivo el cumplimiento de sus nuevos objetivos déficit, a menos que el crecimiento sea mucho menor de lo esperado, en cuyo caso debe permitirse operar a los estabilizadores automáticos, al menos parcialmente.
4. Las medidas de consolidación necesarias para alcanzar el objetivo de déficit en 2014 deben especificarse. Su impacto regresivo, si lo hay, debe reducirse al mínimo, para fomentar el consenso social en torno a las necesidades de consolidación.
5. Para mejorar el marco fiscal, hay que establecer un consejo fiscal [autoridad fiscal independiente] con un fuerte mandato. Deben aplicarse estrictamente el control de las políticas presupuestarias de los Gobiernos regionales y los nuevos requisitos en materia de publicación de la ejecución presupuestaria de los Gobiernos regionales.
6. Aumentar los impuestos sobre las externalidades ambientales, incluyendo los combustibles de transporte. Aplicar el tipo general de IVA a más bienes y servicios. Hacer permanente el aumento de la fiscalidad de los inmuebles y reducir la fiscalidad de las transacciones de vivienda.

Políticas laborales y de mercados 

7. Reducir aún más las indemnizaciones por despido improcedente. Si la reforma no demuestra ser efectiva, un contrato único con indemnización por despido inicialmente baja, pero que aumenta gradualmente reduciría la diferencia aún grande en los costos de despido entre los contratos temporales y permanentes. Esto ayudaría a reducir efectivamente la dualidad.
8. Una opción para mejorar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas es abolir la extensión legal de los acuerdos de negociación colectiva de nivel superior o reemplazarla por un régimen de consentimiento previo, donde los empleadores decidan si desean ser representados en la negociación salarial sectorial.
9. Ampliar el acceso a la formación y a la asistencia para la búsqueda de empleo para los jóvenes desempleados. Introducir un seguimiento y una evaluación comparativa integral de los servicios de colocación y la aplicación de políticas activas de empleo a nivel regional.
10. Ampliar el acceso a la educación secundaria superior restringiendo los criterios para el paso de curso en la educación secundaria a las competencias básicas. Combinar el sistema de formación profesional y los contratos de formación en un solo esquema.
11. Reducir aún más los costos y los procedimientos necesarios para la creación de empresas y eliminar las barreras de entrada en sectores específicos, incluidos los servicios profesionales, así como en el transporte ferroviario y por carretera.
12. Deben reducirse las barreras de entrada para las grandes superficies comerciales impuestas por los gobiernos regionales, y deberían liberalizarse las horas de apertura comercial en aquellas regiones donde las restricciones se mantienen. Elevar el límite mínimo nacional de horas que las regiones tienen que aplicar al regular los horarios de apertura.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia abonar la paga extra de Navidad

El Día, 28 de noviembre de 2012

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está estudiando la posibilidad de que los trabajadores del Consistorio puedan disfrutar de la paga extraordinaria de Navidad.
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, y la concejal de Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto, han encargado un informe para estudiar la posibilidad de conceder al personal de la Corporación, y con carácter extraordinario, un anticipo de cuantía máxima equivalente a la paga extraordinaria y a reintegrar en la nómina del próximo mes de junio.
Con esta medida, el gobierno municipal pretende evitar una caída del consumo en la ciudad de Santa Cruz, en donde además se da la circunstancia de que hay un importante porcentaje de empleo público.
Ambos concejales consideran que la política llevada a cabo por el Gobierno central en materia de retribuciones de los empleados públicos, que ha llevado a la eliminación de la paga extra de Navidad, supone "un grave quebranto tanto para la economía familiar como para la actividad económica local, al restringir de modo considerable el consumo en esta época del año".

Spínola: "Me dejo la piel para que no haya despidos de empleados públicos"

Canarias 7, 28 de noviembre de 2012

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, afirmó este miércoles que se está "dejando la piel" para que no haya despidos colectivos de empleados públicos en la Comunidad Autónoma, mientras que el diputado del grupo Popular Emilio Moreno aseguró que sí habrá despidos y acusó al Gobierno regional de política errática y poco realista.
Las discrepancias entre el representante del Ejecutivo regional y el parlamentario popular se produjeron durante la presentación en comisión parlamentaria de las partidas correspondientes a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013, que asciende a 189.762.426 euros, un descenso en un 8,4 % respecto a los de este año.
Francisco Hernández Spínola precisó que los presupuestos son "duros y difíciles" y puntualizó que se reduce en un 3,25 % la partida para el capítulo 1, gastos de personal, lo que en términos absolutos supone 87 millones de euros menos respecto a 2012.
Este recorte se hará sin despidos masivos y sin una rebaja general de las retribuciones de los empleados autonómicos, aseguró.
No obstante, puntualizó el consejero que algunas de las medidas en este ámbito no están recogidas en el proyecto presupuestario porque deben ser objeto de negociación en la mesa general de empleados públicos, que será convocada la próxima semana.
Al respecto, la propuesta del Gobierno de Canarias consiste en reducir horario y sueldo para 3.306 empleados que forman parte del personal laboral temporal y funcionarios interinos, con excepción del personal estatutario del Servicio Canario de la Salud, docentes y Justicia.
Además se congelará la oferta de empleo público, salvo el 10 % de reposición, no se renovarán los contratos temporales, no se repondrán las jubilaciones, se revocarán las prolongaciones de servicio a mayores de 65 años, no se concederán nuevas ampliaciones de la vida laboral, se aplicará la nueva regulación de la incapacidad temporal y se potenciará la redistribución de personal.
Con estas medidas se generará un ahorro de unos 67 millones de euros, según las previsiones del Gobierno.
El consejero dijo que tiene "la mano tendida a todos los empleados públicos" y el Gobierno se esforzará "en las reuniones que sean necesarias", aunque el Ejecutivo también deberá adoptar las decisiones que sean necesarias "sin que le tiemble la mano".
El diputado popular Emilio Moreno discrepó del consejero y aseguró que anuncia estas medidas de reducción salarial y de horario para crear alarma social y así disminuir las protestas ante los recortes y los despidos que en su opinión sí se van a producir.
Por ello pidió al Gobierno "que corrija estos presupuestos" con medidas como la posibilidad de privatizar la Radiotelevisión Canaria y suprimir la policía autonómica, además de racionalizar el gasto público.
Sobre este asunto Hernández Spínola dijo que el Gobierno canario va a reducir el número de altos cargos y de personal eventual, al tiempo que reprochó al PP que sea "absolutamente incoherente" por pedir para las islas lo que no hace en las instituciones en las que gobierna.
Advirtió de que precisamente la reforma laboral "alienta el despedir colectivamente a los trabajadores públicos".
El portavoz del grupo Mixto, Román Rodríguez, consideró que habrá una destrucción masiva de empleo público porque también se destruye empleo cuando no se reponen las jubilaciones ni se renuevan los contratos, y por ello pidió al consejero "que no dulcifique una realidad indiscutible".
Hernández Spínola también se refirió al descenso del 36 % en el capítulo de inversiones de la Consejería, que atribuyó a la culminación de las obras de los edificios de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna (Tenerife), y precisó que la administración judicial acapara 78 de cada cien euros del presupuesto de su departamento, con un total de 147.624.627 euros en 2013.
Además se revisarán las cuantías que se pagan a abogados y procuradores para ajustar sus remuneraciones a la nueva realidad presupuestaria, en palabras del consejero, quien cifró la partida destinada a este fin en 18.300.000 euros.
Asimismo subrayó el consejero que se aumentará en un 6,7 % la aportación a las corporaciones locales, con lo que se cumple el compromiso del Gobierno con cabildos y ayuntamientos "pese al notable decremento de la partida global para financiar los gastos de la Administración autonómica", y señaló que el Fondo Canario de Financiación Municipal contará con una dotación de 230.750.272 euros.
También detalló que se consignarán 6.808.682 euros para las políticas de igualdad,  de los que 5.015.000 euros se destinarán a la red de asistencia a víctimas de violencia de género, 222.981 a la asistencia integral de las víctimas y 402.374 euros a la financiación de los servicios del 112 en este ámbito.
Otra partida que mencionó el consejero es la consignación de 688.198 euros para la Dirección General de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, que en 2013 pretende "dar un salto exponencial en el cumplimiento de los criterios de transparencia" y creará con este objetivo un portal en internet, entre otros asuntos.

jueves, 15 de noviembre de 2012

Diario Público, 12 de julio de 2012
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Una de las tesis que se promueven con mayor ahínco en los círculos neoliberales del país es que España entró y permanece en crisis por su excesivo gasto público y falta de disciplina fiscal. De esta tesis se concluye que hay que reducir el gasto público y recuperar la famosa disciplina fiscal, reduciendo el déficit público para alcanzar el nivel exigido por el Pacto de Estabilidad (el 3% del PIB).
Esta tesis es fácilmente demostrable que carece de credibilidad. El Estado español era, en realidad, el modelo de rectitud ortodoxa neoliberal. Tenía un superávit en las cuentas del Estado en los años 2005, 2006 y 2007, y su deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. Durante el periodo 2004-2007, tal deuda pública bajó del 46% al 36%. España no podía ser más modélica desde el punto de vista neoliberal. Los responsables de la política económica y fiscal del Gobierno español recibieron el aplauso de las autoridades europeas que gestionan y dirigen la Eurozona (desde el Consejo Europeo y la Comisión Europea al Banco Central Europeo) y como no, del Fondo Monetario Internacional.
En realidad, la sensación de euforia era tal que el Gobierno socialista español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió bajar los impuestos, identificando tal medida con ser de izquierdas. Su slogan más conocido en aquellos años fue que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Esta bajada de impuestos aumentó el déficit estructural del Estado, es decir, el déficit público, que determinan los ingresos y gastos estructurales y no coyunturales. Este aumento del déficit estructural permaneció ocultado o ignorado por el aumento de los ingresos al Estado, resultado de la situación coyuntural provocada por la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, cuando esta burbuja explotó, el déficit estructural apareció con toda claridad y contundencia. Los ingresos al Estado bajaron en picado, resultado, en gran parte, de que la estructura fiscal del Estado español depende excesivamente de las rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital. Cuando la actividad económica se colapsó y el desempleo se disparó, los ingresos al Estado bajaron y mucho. De ahí el déficit público del Estado. No tiene nada, nada que ver con el aumento del gasto público, el cual, medido en gasto público por habitante, ha ido bajando, no subiendo. Y los datos así lo muestran. Se están recortando y recortando, y en cambio el déficit público apenas baja y el crecimiento económico está decreciendo. ¿Qué evidencia esperan los círculos neoliberales para poder ver que están profundamente equivocados?
Por otro lado, un punto clave poco estudiado y con escasa visibilidad mediática es ¿por qué la burbuja inmobiliaria explotó? La causa primordial es que la mayoría del dinero que estaba detrás de la burbuja inmobiliaria procedía de bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas, entre otros. En realidad el enorme flujo de dinero (lo que se llama inversión financiera) a España explica que la balanza de pagos (la diferencia entre el capital que entra y el que sale del país) se disparara en aquellos años de burbuja inmobiliaria. El hecho de que la banca europea alimentara a la banca española se debía, como no podría ser de otro modo, a que eran inversiones financieras extraordinariamente beneficiosas. Su rentabilidad era enorme. Pero cuando esta banca europea contaminada por los productos tóxicos procedentes de la banca estadounidense se paralizó, el dinero dejó de venir a España y la burbuja inmobiliaria explotó, creando un agujero en el PIB español equivalente a un 10% de su tamaño. Y todo ello en cuestión de meses.
Ahora España tiene un problema enorme porque debe mucho dinero a los bancos europeos, que no puede pagar. Y los bancos europeos tienen un problema incluso mayor, porque han prestado tanto dinero a España y a los otros países intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda) que si éstos no lo pagan, tienen un problema gravísimo. En realidad, muchos de ellos se colapsarían. Los bancos alemanes habían prestado en 2009 la enorme cantidad de 704.000 millones de euros a los países PIGS (España, Grecia, Irlanda y Portugal), convertidos en GIPSI con la inclusión de Italia. Esta cantidad es muchas veces superior al capital en reserva de la banca alemana. Si estos países no pudieran pagar su deuda, la banca alemana colapsaría. El establishment financiero alemán y su Gobierno, presidido por la Sra. Merkel, es plenamente consciente de este hecho. Y de ahí su énfasis en que el objetivo prioritario de las políticas de austeridad que está imponiendo a aquellos países y de la supuesta “ayuda financiera”a sus bancos, sea el de que la banca alemana recupere el dinero prestado.
El objetivo de los recortes es salvar la banca alemana
Y así nacieron las políticas de recortes. Como bien escribía recientemente nada menos que el editor senior del Financial Times, el Sr. Martin Wolf (25.06.12) el objetivo de estos recortes en España tiene poco que ver con recuperar la economía española y sí con que se pague a los bancos europeos, incluyendo los alemanes, lo que se les debe. Así de claro.
Ahora bien, como las cosas no se pueden decir tan claro, el argumento que se utiliza por los economistas y políticos neoliberales, es que hay que reducir el déficit público para “inspirar confianza a los mercados financieros” de manera tal que éstos vuelvan a prestar dinero a España. Según tal argumento, la desconfianza de los mercados hacia España determina que la prima de riesgo española haya subido tanto, ignorando que el que marca los intereses de la deuda pública no son los mercados, sino el BCE, que es el lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana. El hecho de que el BCE no haya comprado deuda pública española durante más de tres meses es la mayor causa de que la prima de riesgo se haya disparado. Lo que le importa más a la banca alemana (y a su instrumento, el BCE) es que continúe la austeridad, que sigan y se profundicen los recortes por parte del Estado español a fin de que éste y la banca privada a la que el Estado español ha estado subvencionando y ayudando en cantidades exuberantes (más de un 10% del PIB) paguen ahora lo que deben a aquellos bancos europeos, incluyendo los bancos alemanes. Y los famosos 100.000 millones de euros que el Gobierno Rajoy ha solicitado de las autoridades que gobiernan la Eurozona irán destinados a continuar ayudando (todavía más) a los bancos, y todo ello financiado por el ciudadano normal y corriente que paga al Estado y sostiene la deuda pública. En realidad, incluso dirigentes del Gobierno alemán así lo han reconocido. Uno de los consejeros económicos del Gobierno alemán, Peter Böfinger, así lo ha dicho. “Las ayudas a la banca (de los países en dificultades) no tienen que ver con el intento de ayudar a tales países en sus problemas, sino ayudar a nuestros bancos que tienen gran cantidad de deuda de aquellos países” (Chatterjee, Pratap, Bailing Out Germany: The Story Behind The European Financial Crisis).
En realidad, si de verdad tanto el Gobierno Rajoy o el Consejo Europeo desearan ayudar a la economía española, no transferirían estos 100.000 millones a la banca (que no ha estado ofreciendo crédito ni a las familias ni a las medianas y pequeñas empresas), sino a organismos estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el mandato de ofrecer crédito accesible y razonable (no el que provee la banca hoy) a la ciudadanía y a medianas y pequeñas empresas españolas. Tales transferencias públicas podrían también estimular el establecimiento de bancas públicas (tanto centrales como autonómicas) o cooperativas de crédito que garantizaran la existencia de crédito, uno de los mayores problemas que existe hoy en la España endeudada.
Pero lo que las autoridades europeas desean más que nada es que la banca española y el Estado español paguen a los bancos alemanes, franceses, holandeses, belgas y otros lo que les deben, a fin de -según dicen ellos- recuperar la confianza de los mercados. Pero este argumento asume que existen mercados, lo cual es fácil de demostrar que no ocurre. En un mercado, la responsabilidad de un préstamo fallido es compartida. Es un fallo de la persona o institución que pidió el préstamo, pero lo es también de la persona o institución que ofreció el préstamo. Y esto no está ocurriendo. En esta situación se está penalizando al primero a fin de salvar los intereses del segundo. Esto es lo que está haciendo, entre otros, el Gobierno alemán, que acusa y critica al Estado español por haber permitido la formación de la burbuja inmobiliaria sin citar el papel clave que el Estado alemán y la banca alemana jugaron en el establecimiento y explosión de tal burbuja. No se puede hablar de prestatarios irresponsables sin hablar también de los prestamistas irresponsables. Y el Gobierno alemán está imponiendo las políticas de austeridad para asegurarse de que a la banca alemana irresponsable se le pague la deuda con intereses (que, por cierto, alcanzan niveles estos últimos que cubren varias veces el coste de la deuda en sí). Y así estamos.

domingo, 4 de noviembre de 2012

La Convocatoria de huelga Los sindicatos: el 14N debe suponer un ´antes y un después´

La Provincia, 31 de octubre de 2012







Los secretarios generales de los sindicatos tras registrar en el Ministerio de Empleo la convocatoria de huelga.
Los secretarios generales de los sindicatos tras registrar en el Ministerio de Empleo la convocatoria de huelga. EFE
EFE/MADRID Los sindicatos CCOO, UGT, USO, CGT e Intersindical quieren que la huelga general del 14 de noviembre (14N) suponga un "antes y un después" en la política "errática" del Gobierno.
Este es el principal objetivo que se han marcado hoy, poco después de registrar la convocatoria del paro general en el Ministerio de Empleo.
La entrega se ha hecho esta mañana en el registro del Ministerio de Empleo por parte de los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; de UGT, Cándido Méndez; de USO, Julio Salazar, y de CGT, Jacinto Ceacero, así como Juan Clemente, de la Interconfederal.
Tras su registro han comparecido ante los medios detrás de una pancarta con el lema de la huelga "14N Nos dejan sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones. Huelga general".
Los dirigentes sindicales han estado acompañados de un centenar de delegados de sus respectivas centrales, quienes han gritado "Así, ni un paso atrás, contra la reforma laboral, huelga general", "Esto nos pasa por un Gobierno facha", "Rajoy capullo lo público no es tuyo".
Toxo ha aprovechado para criticar a los que, en referencia al sindicato de funcionarios CSI-F, se han descolgado de la huelga.
Al respecto, ha recordado que ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el reglamento que permite a las administraciones, los entes y los organismos públicos a despedir a su personal laboral si están en situación de déficit, lo que Toxo ha calificado de "último despropósito" del Ejecutivo.
Ayer se concretó la "aceleración" de la "destrucción" de empleo público, por lo que ahora se "entiende menos" a quienes no han secundado la huelga, ha asegurado Toxo, quien ha añadido que el conflicto con el Gobierno se mantendrá abierto más allá del 14N.
Toxo, que preside la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha recordado que la huelga en España se enmarca en la jornada de acción europea y solidaridad que la CES ha fijado en toda la UE el 14 de noviembre.
El dirigente de CCOO ha explicado que ese día habrá una huelga en toda la península ibérica (Portugal fue la primera en convocarla), que coincidirá con paros de cuatro horas en Italia y manifestaciones en todo el país.
Las políticas de recortes afectan al 99% de la población
Méndez ha destacado que en España se pedirá un "cambio radical" porque las políticas de recortes del Gobierno están afectando al 99 % de la población.
Debido a que sólo un 1 % está protegida de la crisis es por lo que el 14N debe ser algo más que un paro laboral, una jornada de solidaridad y de exigencia de cambios de rumbo en una política que, ha avisado Méndez, lleva a España a la catástrofe económica y social.
El secretario general de UGT ha advertido también de que la administración general del Estado está reduciendo su déficit a coste de una disminución "brutal" del consumo y de un aumento "tremendo" del paro y de la inflación.
De los expedientes de regulación de empleo en las administraciones Méndez, parafraseando a Bertolt Brecht, ha dicho que algunos pueden creer que con ellos no va porque no son personal laboral.
Sin embargo, luego les tocará porque el Gobierno quiere reducir la administración a la mínima expresión, así como los servicios públicos que presta, ha considerado.
Salazar (USO) ha afirmado que el 14N es la "desembocadura" de un proceso de "escarnio social" que está sufriendo la población con unas políticas "aciagas" que están provocando mayores tasas de desempleo, pobreza y desigualdad social.
Por ello, ha insistido en que la huelga debe ser también del consumo y no sólo laboral.
Ceacero (CGT) ha pedido que el 14N sea un grito "unánime" contra el presidente Mariano Rajoy, contra la canciller alemana, Angela Merkel, y la Unión Europea neoliberal que se ha impuesto, y que sirva para parar el país.
Clemente (Intersindical) ha resaltado que ese día hay que obligar al Gobierno a que "reconduzca" su estrategia de salida de la crisis, por lo que ha emplazado a la ciudadanía a "luchar", a "resistir" y a "plantar cara".

viernes, 2 de noviembre de 2012