sábado, 4 de diciembre de 2010

El PSC propone un profundo recorte a derechos sociales de los funcionarios

El Día, 3 de diciembre de 2010

El Partido Socialista Canario (PSC) reveló ayer, por fin, el contenido de sus 277 enmiendas al proyecto presupuestario de 2011 para la Comunidad Autónoma tras un inexplicable retraso de un día. Las correcciones que proponen los socialistas suponen el cambio de destino de unos 150 millones de euros, pero aún más importante que esa cifra son los profundos recortes a los derechos sociales que contempla para los funcionarios del Archipiélago.

Entre las enmiendas al articulado que anunció ayer el portavoz económico del PSC, Blas Trujillo, figura una por la que esta organización política propone que en el próximo ejercicio el Gobierno canario no realice aportación alguna al plan de pensiones de la Administración regional para su personal y que la ley prohíba cualquier dotación a los planes de pensiones o instituciones de ahorro con efectos similares a favor del personal de las plantillas de las entidades con presupuesto estimativo del sector público autonómico.

Además, los socialistas pretenden que en 2011 no se abone ayuda ni convocatoria alguna de acción social, incluidas las ayudas médicas, ayudas por estudios, premios de jubilación y permanencia y todas las otras ayudas que se obtengan y tengan como finalidad la redistribución social. En este sentido, quieren que se suspendan las convocatorias por ayudas de estudios a favor del personal, cónyuge y descendientes, previstas en el reglamento especial regulador de la concesión y disfrute de becas para estudios de los funcionarios de la Junta de Canarias, así como las que se recogen en el reglamento regulador de la concesión y disfrute de ayudas de estudio para el personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos.

Suspensión de acuerdos

El PSC propone asimismo prohibir la autorización y renovación de las atribuciones temporales de las funciones y comisiones de servicio al personal docente, fuera de la Administración educativa, lo que afectaría a los institutos y centros oficiales de formación del personal (Instituto Canario de Administración Pública, Academia Canaria de Seguridad y Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias).

También durante 2011, y previa negociación con los representantes de personal, los socialistas piden que se puedan suspender los acuerdos y pactos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario y del laboral al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma en los términos para la aplicación de la ley presupuestaria.

También sugieren que a partir de la entrada en vigor de ley presupuestaria de 2011, las retribuciones del personal directivo, gerentes y asimilados, y del personal laboral de alta dirección, de los entes con presupuesto estimativo no podrán, en ningún caso, ser superiores a las que por todos los conceptos perciban los directores generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, el resto del personal laboral no directivo, o funcionario en comisión de servicios, de las entidades del sector público con presupuesto estimativo no podrá superar las retribuciones fijadas para el mismo personal del sector público autonómico con presupuesto limitativo.

Como viene ocurriendo en los últimos años, esta vez el PSC tampoco dejó pasar la oportunidad para proponer sustanciosos recortes a la Radiotelevisión Canaria (RTVC), en particular, a su dirección.

Así, quieren que la ley presupuestaria contemple que durante el próximo ejercicio las retribuciones del director general del ente público regional sean las que corresponden a los viceconsejeros del gobierno, limitación que explican porque "nada justifica que gane más que los otros viceconsejeros, o que el director general del Servicio Canario de Salud (SCS)".

Por otra parte, destacan las 15 enmiendas que proponen una reasignación de los fondos en las diferentes secciones por más de 6,6 millones de euros a favor del Cabildo de La Gomera, que los socialistas justifican en cada caso como el pago de derechos pendientes de cobro por parte de esta corporación insular originados durante ejercicios anteriores.