domingo, 17 de noviembre de 2013

Rebélate y sé alegre – Por Paco Déniz

Diario de Avisos, 15 de noviembre de 2013
Paco Deniz

El título de esta columna bien pudiera haber sido “échate a correr”, pero durante la carrera me he dado cuenta de que ya no tenemos para dónde. Solo procede correr contra ellos, los que dan dinero para publicar un libro como el publicado por la editorial del obispado de Granada, que el propio Franco lo hubiera considerado, cuando menos, inoportuno. Pero los curas no se cortan, en su cruzada contra los valores del progreso de las civilizaciones hacen ruedas de prensa y todo, y dicen misa, aunque lo verdaderamente preocupante no son sus rezos, sino que las instituciones del Estado apoyen financieramente a estas editoriales y a estos meapilas. Ese es el problema, y creo que en todas las instituciones democráticas debería haber un acuerdo entre las izquierdas y la gente honesta con principios que haya en otros credos para eliminar el apoyo financiero y político a la Iglesia. Y no valen los aplausitos de tres o cuatro socialdemócratas que ponen una manita de pintura en la conferencia de Rubalcaba. Con la extrema derecha no se pelea con gestos para la galería. Con eso ya no engañan a nadie. Hay que tirársele al cuello que es donde duele, justo en la nuez de la garganta.
El otro frente de la cruzada lo dirige el ministro del Interior que promete una reforma legislativa donde se tipifiquen como delito los escraches y las protestas “no comunicadas” ante la sede del Congreso de los Diputados. Se trata según el susodicho cruzado de acabar con el “limbo jurídico” en el que se encuentran este tipo de acciones. En definitiva limitarán, aún más si cabe, el derecho de manifestación, menos mal que no todos los magistrados entienden que ello sea delito. Habrá debate, pero habrá que impedir esa cruzada, de lo contrario el mundo será mucho más triste y sumiso, la gente estará mucho más temerosa de lo que le pueda pasar por abrir la boca a todo pulmón. En fin, habrá que innovar otras formas de protesta, porque hasta amagar con la chola es un acto terrorista.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Una sentencia ordena devolver el 20% a una funcionaria interina

Diario de Avisos, 6 de noviembre de 2013

Ha caído la primera. Una sentencia insta al Gobierno canario a devolver a una funcionaria interina la parte de su sueldo retraída entre enero y abril de 2013 (ambos inclusive) enaplicación de la reducción de la jornada y del sueldo a unos 3.300 empleados públicos no fijos de la Administración autonómica.

Francisco Úbeda,
 titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Palma de Mallorca, en funciones de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Santa Cruz de Tenerife, anula la “desestimación presunta de la reclamación de reconocimiento de derechos y abono de cantidad instada el 13 de febrero de 2013 frente a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural”.
En el mencionado documento, el magistrado dispone el restablecimiento del régimen ordinario de retribuciones y de jornada de trabajo preexistente a la entrada en vigor de la disposición adicional 57 de la ley de presupuestos de 2012, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2013. No impone, en cambio, las costas del juicio. Entre los elementos argumentales utilizados, Úbeda expone que la adicional 57 “se opone a las previsiones del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la directiva 1999/70, dotada de primacía efecto directo”. En consecuencia, subraya el juez, “la infracción de la normativa comunitaria por parte de la autonómica determina la inaplicación de esta última”. Desde ese punto de vista, “la jurisprudencia comunitaria solo admite diferencia de trato entre empleados públicos fijos y temporales en el supuesto de que concurran motivos objetivos y razonables”.
La medida “provisional” de ahorro del gasto se interrumpió el 1 de mayo, al entender el Ejecutivo regional que se habían cubierto sus expectativas. Oficialmente, siempre se negó la existencia de problemas organizativos derivados del ajuste.
Mediante un conflicto colectivo planteado ante el Tribunal Superior, la Consejería de Presidencia paralizó en febrero las denuncias individuales del personal laboral.