jueves, 23 de junio de 2011

Parlamentarios españoles, excepto el PP, piden la "Tasa Robin Hood"

Canarias 7, 22 de junio de 2011

Varios parlamentarios españoles de todos los grupos, excepto el PP, han considerado al sector financiero "responsable" de la crisis económica y se han sumado a la petición de que se ponga en marcha la "Tasa Robin Hood" para gravar las transacciones financieras.

En un comunicado, Intermón Oxfam en nombre de las organizaciones que componen la "Alianza Tasa Robin Hood", subraya que en el marco del Consejo Europeo que se celebrará esta semana en Bruselas, parlamentarios de todo el mundo han instado a sus gobiernos a la puesta en marcha "a la mayor brevedad" de este impuesto.

La Alianza pretende que se aplique un impuesto del 0,05 por ciento a las transacciones financieras internacionales, lo que permitiría recaudar 300.000 millones de euros anuales adicionales para combatir la pobreza en todo el mundo.

De ahí su nombre, "Tasa Robin Hood", como el legendario personaje que robaba a los ricos para dárselo a los pobres.

En España, la iniciativa ha contado con el apoyo de representantes de casi todos los grupos parlamentarios: el grupo socialista, el catalán, el vasco, el mixto y el de ERC-IU-ICV.

La propuesta invita a "dar los pasos necesarios" para implantar la tasa que gravaría a las transacciones financieras, de las que considera que el 80 por ciento "son esencialmente especulativas".

"Es urgente y viable iniciar el compromiso en la eurozona o con un grupo de países impulsores", sostiene la declaración suscrita por los grupos.

La aplicación de la tasa permitiría entre otros, garantizar la educación primaria para los 72 millones de niños que no van a la escuela, y se obtendría en tres meses y medio lo suficiente para cubrir el coste para la adaptación al cambio climático.

miércoles, 22 de junio de 2011

Los Vascos, los españoles que tienen un mejor sueldo medio

Diario ABC, 22 de junio de 2011

Los trabajadores del País Vasco siguen siendo los que cobran un salario anual medio más alto, 26.162 euros, mientras que los canarios, con 18.926 euros, son los que menos dinero reciben, según la encuesta de estructural salarial del 2009 que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el estudio, la ganancia media anual por trabajador en España fue de 22.511 euros y mientras los hombres reciben un salario medio de 25.001 euros, las mujeres cobran 19.502 euros.

Tras el País Vasco, se vuelven a situar los empleados madrileños, que reciben un salario bruto anual de 25.860 euros; y los catalanes, con 23.851 euros.

Estas tres comunidades, junto con Navarra (23.657) y Asturias (22.597) presentaron una ganancia media anual superior a la media.

Por contra, los salarios más bajos se encuentran, además de en Canarias, en Extremadura (19.099 euros) y Galicia (19.806).

De acuerdo con el crecimiento medio de 2009 respecto a 2008, Murcia (8%), Extremadura (4,6%) y Castilla y León (4,1%) tuvieron los mayores incrementos.

Por su parte, Navarra (1,3%), Cataluña (3%) y Madrid (2,3%) presentaron los menores aumentos.

Las mayores divergencias de ganancias entre mujeres y hombres se produjeron en la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Madrid, mientras que Canarias y Extremadura presentan la menor brecha salarial.

lunes, 20 de junio de 2011

Comunicado de CGT : “El Pacto del Euro : la nueva estrategia de la Unión Europea, al servicio de las Grandes Empresas y el Capital” (16.6.2011)

¿Qué es el Pacto del Euro o la nueva estrategia sobre la competitividad ?

La crisis de la deuda soberana en Europa, con tres países desahuciados y endeudados de por vida, Grecia, Irlanda y Portugal, y la amenaza y ataques especulativos sobre el Estado español, conllevo la creación del fondo de rescate europeo (dotado con 440.000 millones de euros) para comprar directamente deuda a los países afectados por la “especulación de los mercados”1 y, de esta manera, garantizar la devolución de lo prestado al sector financiero con sustanciales intereses.

El nuevo pacto del Euro, o pacto por la competitividad, establece con carácter estructural, es decir, de obligado cumplimiento para la UE-27, unas determinadas políticas económicas que significan un nuevo giro de tuerca sobre las condiciones de vida de la mayoría y directamente cientos de miles de personas son empobrecidas, precarizadas y ninguneadas.

En políticas salariales : los salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar referenciados al Índice de los Precios. Esto supone cambiar las reglas de la Negociación Colectiva, desvinculando los salarios del coste de la vida, a la vez que se limita el nivel de centralización de los convenios colectivos y se exige una flexibilidad interna, es decir, terminar con el poder contractual sindical en la fijación de las condiciones de trabajo sobre jornada (tiempo de trabajo), organización de trabajo (turnos, sistemas de retribución, etc.) y despidos.

En políticas laborales : Reformas Laborales que aborden la flexibilidad y la disponibilidad unilateral del contrato por parte del empresario.

En políticas de Pensiones y Jubilación : aumento de la edad de jubilación y reducción de la cuantía de la pensión.

En políticas Fiscales : Disminución de la deuda pública (por ley) endureciendo las penalizaciones para quien no cumpla.

Recapitalización de la Banca : bancarización de las Cajas de Ahorro.

Y la Comisión Europea intervendrá en los Presupuestos de cada estado miembro para vigilar que cumplen con las políticas acordadas.

El endurecimiento, el ajuste es tan duro que hasta uno de los “padres” de la UE, Jacques Delors, ex presidente de la Comisión Europea, ha declarado que el documento del Pacto del Euro, es…”el documento más reaccionario jamás producido por la Comisión”.

Ni tan siquiera aparece, aunque solo fuera en la retórica, una referencia a los más de 23 millones de parados y millones y millones de precarizados socialmente, desapareciendo la Agenda Social de la Comisión.

De esos 23 millones de parados y paradas, el 21,73%, es decir 5 millones de personas, se encuentran en el estado español, donde Gobierno, Sindicatos y Empresarios, cerraron las políticas contenidas en el Pacto del Euro a aplicar en el estado español, el 2 de febrero de 2011 en el denominado “Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones” y enterraron las políticas de movilización para revertir las salidas antisociales a la crisis :

Flexibilidad laboral, garantizada con la Reforma Laboral plasmada en la Ley 35/2010, en todo el recorrido del contrato, desde la entrada, la permanencia y la salida.

Pensiones, ajustadas a los criterios fijados por la UE : jubilarse mucho más tarde y disminución garantizada de la cuantía de la pensión.

Reordenación del sector financiero, con más de 30.000 millones de euros invertidos en el desmantelamiento de las Cajas (FROB) y su bancarización.

Ajustes de caballo para reducir el déficit y la deuda a los criterios fijados por la UE : disminución salarial a todas las personas que trabaja en las distintas AAPP, congelación de pensiones y otras medidas fiscales.

La negociación colectiva, por Decretazo del 11 de Junio de 2011, garantiza la disponibilidad unilateral de las condiciones de trabajo : salarios, jornada, sistemas de retribución, turnos, etc. y hace desaparecer la autonomía en la Negociación Colectiva, es decir, atenta directamente contra la Libertad Sindical y el conflicto (huelga) y, los salarios han disminuido por el mismo método, el decretazo, a la vez que la productividad ha aumentado. Se garantiza la tasa de ganancia del capitalismo.

Resulta paradójico que hoy sólo hay “solución” a la barbarie impuesta, con la MOVILIZACIÓN GENERAL europea, en principio y mundial después, y los sindicatos CES, se pasan la vida “concertando” con los distintos gobiernos de sus países sobre cómo ser más competitivos para recuperar la tasa de ganancia del capital, o de la “economía” (como dicen ellos) y, ante las políticas concretas y generales que sancionan y aplican los gobiernos (al unísono) de la UE, se trabaje en la desmovilización de la sociedad.

Nos cuentan cuentos y, nos “creemos” que salen las cuentas.

viernes, 3 de junio de 2011

El Cabildo cerró 2010 con la mayor deuda de Canarias

Diario La Opinión, 3 de junio de 2011

Con 477.254.000 euros de deuda con los bancos al cierre del ejercicio de 2010, el Cabildo de Tenerife es la institución insular de Canarias que más obligaciones pendientes de pago tiene contraídas. De hecho, 6,02 de cada 10 euros que adeudan los siete cabildos insulares corresponden a la administración tinerfeña, según los datos de la deuda financiera de las entidades locales españolas dada a conocer ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda.

A su vez, la deuda del Cabildo es superior a la de la suma de la acumulada por los 31 ayuntamientos tinerfeños, que es de 356.241.000 euros.

El montante de los préstamos acumulados por el Cabildo lo sitúa como la segunda institución local supramunicipal de España más endeudada. Dentro de las administraciones intermedias entre ayuntamientos y comunidades autónomas –que incluye a nuestros cabildos, diputaciones provinciales y forales, así como a los consejos insulares de Baleares– solo la diputación provincial de Vizcaya aventaja a la administración insular tinerfeña.

También el Cabildo de Gran Canaria está entre las diez administraciones supramunicipales con más cuentas pendientes con los bancos. Su 132.232.000 euros, una cantidad muy inferior a la del Cabildo de Tenerife, la coloca en octavo lugar de la clasificación nacional de instituciones provinciales e insulares.

Al cierre del ejercicio de 2010, el conjunto de la deuda de los siete cabildos canarios con las entidades bancarias ascendía a 793.315.000 euros. Frente a los 6,02 euros de cada diez de Tenerife, la deuda de Gran Canaria se eleva a 2,06 euros de cada 10. Le siguen, la Palma, con 0,59 euros de cada 10; Lanzarote, con 0,54 euros; Fuerteventura, con 0,39; La Gomera, con 0,30; y El Hierro, con 0,11 euros de cada 10.

Las cifras divulgadas ayer por el Ministerio corresponden a la denominada deuda viva de las administraciones locales, que se refiere en exclusiva a los pagos pendientes de las instituciones con las entidades bancarias, contraídas principalmente por créditos suscritos y los intereses de los mismos.