domingo, 29 de mayo de 2011

Los inmigrantes aportan al Estado mas de lo que reciben ... también en plena crisis

Diario Expansión, 5 de mayo de 2011

La mayoría de españoles sigue pensando que los extranjeros perciben del Estado del bienestar español más de lo que para él generan. Un informe de La Caixa constata que, a pesar de los efectos de la crisis económica, se trata de una falsa creencia.

España ha pasado de ser país de emigrantes a convertirse en uno de los de mayor proporción de población extranjera. A principios de los noventa apenas había unos centenares de miles de residentes extranjeros, hoy son 5,7 millones. Un fuerte y rapidísimo incremento del tamaño de la comunidad inmigrante que se convierte en caldo de cultivo perfecto para que al menos en una parte de los españoles surja una percepción negativa de la inmigración. Sobre todo si existe un sentimiento de competencia por unos mismos servicios y prestaciones públicos, y más en tiempos de crisis.

Pero la percepción que muchos españoles comparten, y que algunos insisten en difundir, de que los inmigrantes hacen un uso exagerado de las oportunidades que el Estado del bienestar español les ofrece no se ajusta a la realidad. El balance, incluso en tiempos de crisis, parece que sigue siendo contundente: los inmigrantes residentes en España aportan a nuestro Estado del bienestar mucho más de lo que reciben, según concluye el estudio Inmigración y Estado de bienestar en España, de la Obra Social de La Caixa.

El balance entre gastos e ingresos públicos de los inmigrantes sigue siendo positivo. Aunque los autores del informe no lo cuantifican, subrayan que los extranjeros aportan hasta tres veces más de lo que cuestan

"Los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población están injustificados. Los inmigrantes reciben menos del Estado de lo que aportan a la Hacienda pública", sentencian los autores del estudio, elaborado por Francisco Javier Moreno, del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, y por María Bruquetas, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Ámsterdam. Una balanza que parece que se ha mantenido incluso en los peores momentos de la crisis. Los autores no cuantifican ese balance, pero subrayan que los extrajeros inyectan a las cuentas públicas "dos o tres veces más" de lo que cuestan.

Los datos oficiales sobre la aportación de los inmigrantes a las arcas públicas han quedado desactualizados. La última cuantificación de los aportes y los gastos es anterior de la crisis. La Oficina Económica del Gobierno presentó en 2006 un amplio estudio sobre la contribución económica de la población extranjera. Las cifras no podían ser más favorables. Los inmigrantes habían sido directamente responsables de la mitad del fuerte crecimiento del PIB español entre 2000 y 2005 (con un 3,6% de crecimiento medio anual) y su aportación a las arcas del Estado era francamente positiva: absorbían el 5,4% del gasto público, 18.600 millones, y aportaban el 6,6% de los ingresos totales, con 23.400 millones. El saldo neto de su contribución era de casi 4.800 millones (la mitad del superávit de entonces del conjunto del sector público). Y, según el informe de Moncloa, no había posibilidad alguna de que esta posición se revertiera hasta al menos 2012.

Aportan más que gastan
Ahora, aunque no existen cifras que constaten negro sobre blanco que las aportaciones de los inmigrantes siguen siendo superiores a los costes que generan para las arcas públicas, el balance parece claro que sigue siendo positivo. Los expertos coinciden en que ese saldo de casi 5.000 millones que recogía el informe de Moncloa era lo suficientemente cuantioso como para que se mantuviera incluso en tiempos de recesión. Y, además, el informe de La Caixa constata que algunos de los factores que hacían que la contribución de la población extranjera fuera positiva aún se mantienen. Y es que el texto, presentado ayer en Madrid, va desmontando uno a uno algunos de los estereotipos que se han generalizado en el imaginario colectivo español.

España sigue encontrándose en una fase primigenia del asentamiento de población inmigrante, lo que hace que la inmensa mayoría de los extranjeros que han venido al país sean jóvenes en edad de trabajar, y el número de personas dependientes (niños y ancianos) continúe siendo muy bajo. A medida que el perfil de la población inmigrante vaya envejeciendo, su contribución neta se irá reduciendo hasta tener un impacto neutro sobre la balanza fiscal. Pero hoy no pasa.

La inmensa mayoría de los extranjeros son jóvenes en edad de trabajar, y el número de dependientes (niños y ancianos) es muy bajo. Con los años, su contribución neta se reducirá hasta tener un impacto neutro sobre la balanza fiscal. Hoy no pasa.

Según el estudio, incluso en tiempos de crisis y a pesar del zarpazo del paro, el porcentaje de extranjeros entre los afiliados a la Seguridad Social ha permanecido prácticamente estable, en el entorno del 10% (del 10,3% el pasado abril, con 1,8 millones de trabajadores extranjeros que siguen aportando sus cotizaciones a las cuentas públicas).

En paralelo, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de éstos son ciudadanos de la Unión Europea. La mayoría de inmigrantes, en edad laboral, proporcionan una aportación neta a las arcas de la Seguridad Social, una situación que se mantendrá previsiblemente durante las próximas dos décadas. Con sus altas tasas de actividad y su mayor juventud, los inmigrantes han contribuido a elevar la proporción a 2,5 cotizantes por cada pensionista, y con ello habría retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones, de 2023 a 2028.

Es cierto que el porcentaje de gasto social dedicado a la población inmigrante ha ido creciendo en los últimos años, en relación al incremento del volumen de extranjeros. De cerca del 1% del gasto sanitario en 2000 se alcanzó el 5% ya en 2007. "Pero dicha proporción sigue siendo considerablemente inferior al porcentaje de inmigrantes sobre la población total", hoy del 12,2%, según apuntan Moreno y Bruquetas. Y es que está demostrado que la población inmigrante, lejos de abusar de los servicios sanitarios, incluso hacen un uso muy inferior al que por su peso demográfico le correspondería: los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera que los españoles, y un 16,5% menos al médico especialista, según datos de la Encuesta Nacional de Salud. Sólo la utilización de los servicios de urgencias es superior entre los inmigrantes que la de los autóctonos (un 3,2% más).

Los datos desmontan los estereotipos: no consumen más servicios sanitarios, copan menos gasto social que su peso demográfico, aplazan el déficit del sistema de pensiones...

En paralelo, tan sólo el 6,8% del total de las inversiones de los servicios sociales se dirigen a inmigrantes. Y de éstas, el 60% tiene por objeto informarles de sus derechos o derivarles a otras instituciones. Por otro lado, el colectivo inmigrante concentra el 11,2% de los receptores de rentas mínimas de inserción, por lo que el rango de cobertura es considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería dado que los inmigrantes suelen encontrarse entre los grupos más desfavorecidos económicamente.

En otro ámbito, la presencia de la inmigración ha supuesto un revulsivo para la incorporación de la mujer española al mercado laboral. La concentración de mujeres inmigrantes en las labores domésticas y en el cuidado de niños y mayores ha facilitado la compatibilización de la vida laboral y familiar de las trabajadoras españolas, con el consiguiente impulso en términos laborales, fiscales y de consumo para la economía española.

La actitud hacia el inmigrante
Las actitudes de rechazo hacia la inmigración presentan una evolución creciente en toda Europa, y España no es una excepción. Se da lo que algunos autores han venido a denominar la paradoja del inmigrante indeseado: Aunque la población española entiende la llegada de inmigrantes como una necesidad por razones económicas, la presencia de esos mismos inmigrantes se percibe como un problema y como fuente de conflictos. Según el informe Evolución del racismo y la xenofobia en España, elaborado por iniciativa del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de encuestas del CIS, el 37% de los españoles se mostraba en 2009 reacio a la inmigración, frente a un 33% de tolerantes y un 30% de ambivalentes ante el fenómeno.

Un desencadenante de la xenofobia, especialmente en un contexto de crisis económica, es el temor a la competencia por unos mismos recursos. Según el estudio de Oberaxe, un 40% de los encuestados cree que la protección del Estado al inmigrante es bastante y un 18% que es mucha. En paralelo, el 56% cree los inmigrantes reciben más ayudas escolares que los españoles de igual nivel de ingresos; y un 46% entiende que sucede lo mismo en el ámbito sanitario. Asimismo, un 20% de los españoles considera que los inmigrantes reciben de las Administraciones mucho más de lo que aportan; otro 32% percibe que reciben más de lo que aportan; y un 24% que reciben tanto como aportan. Visto lo visto, parece claro que las percepciones se fundamentan en visiones subjetivas, no en datos.

viernes, 20 de mayo de 2011

Renunciemos a la tentación

Artículo de Angels Barceló en www.cadenaser.com 17 de mayo 2011 y algunas respuestas

La indignación de una buena parte de la sociedad española se ha hecho visible a muy pocos días de las elecciones. El domingo se vota y la semana previa va a estar marcada por este movimiento que cuestiona el sistema político español y que busca otras salidas con mayor participación ciudadana.

Se cuestiona el actual sistema democrático, con todos los peligros que esto conlleva, porque, afortunadamente, en este país, tras décadas de dictadura, la democracia nos garantiza precisamente eso, la participación ciudadana. Cada cuatro años podemos revalidar o echar a quienes nos gobiernan. Se puede cuestionar su liderazgo, su manera de gestionar, podemos indignarnos, como hacemos, por cómo nos han dejado en esta crisis, podemos protestar por ello, en las calles, en la red, en los medios, pero es muy peligroso cuestionar el valor de los votos y de la soberanía popular.

Y lo es porque situarse al margen del parlamentarismo puede llevarnos a terrenos que en este país ya se han vivido de manera trágica. Si los mayores que participan en estas movilizaciones son justos, al mirar atrás verán el cambio profundo en este país. Y esto es gracias a la gestión de unos políticos que cambiaron el gris por el color. Si los de ahora no nos gustan, si pensamos que han perdido su ideología, que han sacrificado sus principios y nuestro estado del bienestar debemos decirlo, que sepan que les estamos vigilando, que vamos a criticarles, a pedirles explicaciones. Pero renunciemos a la tentación de cuestionar la democracia.

Respuesta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Querida Àngels:

Sí queremos cuestionar esta democracia.

Cuestionamos esta democracia porque falla en su sustento, la soberanía popular: los mercados imponen decisiones para su propio beneficio y los partidos en el Parlamento no se enfrentan a este hecho mundial. No luchan en nuestro país ni en el Europarlamento para acabar con la especulación financiera, de divisas o de deuda soberana, ni para acabar con los paraísos fiscales y con las agencias de rating.

Cuestionamos esta democracia porque los partidos en el poder no velan por el bien colectivo, sino por el bien empresarial. Porque entienden que el crecimiento es crecimiento macroeconómico, del PIB y de los beneficios empresariales, y no crecimiento de la justicia social, de reparto de la riqueza que generamos entre todos, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda y otras necesidades.

Cuestionamos esta democracia porque los partidos en el poder no velan por el bien colectivo, sino por el bien de los ricos. Se les bajan los impuestos, se les favorecen deducciones fiscales (vivienda, seguro sanitario, pensiones) y se crean servicios (algunos colegios concertado, pagados por todos) a los que solo ellos pueden acceder.

Cuestionamos esta democracia porque los partidos en el poder no velan por el bien colectivo, sino por por su propia continuidad en el mando. Porque solo les preocupa gobernar, pactan con quien tengan que pactar e incumplen su programa electoral. Porque ningún político vive lo que legisla para sus “súbditos”: precariedad, hipoteca e incertidumbre. Este gobernar para otros es una falla fundamental del sistema.

Cuestionamos esta democracia porque no incluye medidas radicales contra la corrupción, la retirada inmediata del acta en caso de imputación o de simultanear con un puesto en el sistema privado. Porque existen formas sutiles de corrupción como el enriquecimiento por uso de información privilegiada o el acceso, después del cargo, a puestos de asesores empresariales que no están reguladas y que hacen de ser político un negocio muy rentable.

Cuestionamos esta democracia porque no se basa en una participación efectiva de la población en la toma de decisiones, sino en una delegación absoluta en manos de unos políticos que se presentan en listas cerradas y a los que no tenemos ningún tipo de acceso. Por no hablar de que no existe una proporcionalidad en el voto. Es un absurdo absoluto que la forma de “castigar” a un partido sea votar a otro con el que no se está de acuerdo o permitir su victoria. En el mundo contemporáneo existen muchas otras formas de organización que permitirían a las personas participar y gestionar más esferas de lo común. Esto nunca está en los programas, porque les perjudica.

Cuestionamos esta democracia porque no acepta como ciudadanos a habitantes del país, personas que han venido de otros lugares, que sufren las leyes y pagan por ellas, pero que no puede elegirlas; esto le ocurría a las mujeres y los esclavos en Grecia. Todas las personas son iguales y deben poder decidir y aportar en el país en el que viven. No existen personas ilegales, solo ciudadanos.

Cuestionamos esta democracia porque los partidos en el poder no cumplen ni la propia Constitución: no hay trabajo digno, la justicia no es igual para los que tienen dinero que para los que no, ni se reparten viviendas para todos. Solo les importan los artículos de la Constitución relacionados con la unidad del Estado, les importa un bledo los que tienen que ver con un sistema más igualitario.

No diremos nada sobre los políticos “que cambiaron el gris por el color”, porque la impunidad de la dictadura sigue pesando mucho en nuestro país. No nos valen excusas, no podemos dejar de criticar la democracia realmente existente sin pensar en una democracia real. Yo no quiero elegir entre la democracia realmente existente o las dictaduras del pasado, quiero vivir de otro modo.

Querida Angels, ¿a usted le basta con la democracia realmente existente?

No somos mercancías en manos de políticos y banqueros

Democracia real ya!

Firma: Beatriz García

Respuesta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquí nadie cuestiona la democracia,es más por ello protestamos.Queremos que sea el pueblo quien decida lo que quiere y no los de siempre,que lo único que hacen es agarrarse a la poltrona y cambiar de silla cada cuatro u ocho años.Consulten las hemerotecas para ver como se pacta con los que hace apenas 2 años eran tus enemigos mortales.Pasará lo de siempre,que nos tomaran por tontos y donde dije digo digo diego.Por eso animo a todos y que no nos paren DEMOCRACIA REAL YA.

jueves, 19 de mayo de 2011

¿A quién beneficia el voto en blanco?

Diario El Mundo, 19 de mayo de 2011

El 22-M los partidos se enfrentan al veredicto de las urnas pero también someten a examen su credibilidad. Los políticos son percibidos por los ciudadanos como el tercer problema de España, por detrás únicamente del paro y de la situación económica. Es decir, en realidad son el segundo gran problema tras la economía.

Si bien últimamente iniciativas en las redes sociales como #nolesvotes y movimientos de protesta como el del 15-M amenazan con remover los cimientos del sistema y están obligando a los políticos, cuando menos, a hacer una reflexión, lo cierto es que el ciudadano tiene poco margen de maniobra para hacer llegar su descontento a los 'próceres' de la patria. Habida cuenta de que estos sólo parecen preocupados por las urnas, analizamos las diferentes posibilidades de 'protestar' en ellas.

VOTO EN BLANCO

Se considera votar en blanco cuando se acude al colegio electoral (o se vota por correo) y se deposita en la urna un sobre que no contiene ninguna papeleta.

El voto en blanco es fruto de una reflexión sobre la clase política, normalmente de un ciudadano concienciado que se esfuerza en trasladar su poco interés por la oferta electoral. Es decir, acepta el sistema, pero no le convence ninguna de las formaciones que concurren. De hecho, en España se ha constituido un movimiento -Ciudadanos en Blanco- que defiende el cómputo de estos sufragios en el reparto de escaños con el objetivo de dejarlos vacíos.

Pero, mientras la Ley Electoral no se modifique -y no tiene visos de que así vaya a ser- los votos en blanco sí afectan al resultado final, en perjuicio de los partidos minoritarios. Suman en el total de sufragios sobre el que se calcula la distribución de escaños y, en consecuencia, elevan el listón electoral mínimo para entrar.

En las elecciones generales, un partido necesita el 3% del total de votos para obtener representación. En los comicios locales, este 'listón' sube hasta el 5%. Por ejemplo, para que un partido esté en las Cortes Valencianas, si han acudido a las urnas dos millones de personas, necesita 100.000 votos. Pero si además hay 150.000 sufragios en blanco, precisa 7.500 más. Por eso se suele decir que el voto en blanco favorece a los partidos mayoritarios.

¿Qué sucedería si en unas elecciones ganara el voto en blanco? En principio, nada. Ganaría el que más votos al uso obtuviera. Muy interesante resulta la reflexión al respecto que José Saramago hizo en 'Ensayo sobre la lucidez', donde imaginó cuál sería la reacción de los gobernantes ante una 'revolución' de estas características. En la recreación del Nobel portugués, los políticos no salen muy bien parados: optan por la dictadura y la represión.

VOTO NULO

La legislación se ha endurecido en este aspecto y ahora se considera nulo el voto que no tenga sobre o el que teniéndolo contenga más de una papeleta de distintas candidaturas.

También se consideran nulos aquellos en los que se modifique, añada o tache el nombre de los candidatos, o en los que aparezca cualquier alteración intencionada, como una raya o una expresión. Todas estas prohibiciones afectan tanto a la papeleta como al sobre.

Los votos nulos no tienen ninguna consecuencia electoral. No suman. Al final del escrutinio se da fe de cuántos se han producido y ya está. Entonces, ¿a quién beneficia? Según Antonio Luis Martínez Pujalte, coordinador de la campaña electoral del PP en Elche, "es difícil de decir, el voto no se cuenta a ningún efecto, pero diría que perjudica al partido ganador en las elecciones".

ABSTENCIÓN

La abstención es la alternativa de los más descontentos, de aquellos a los que no sólo no convence ninguna opción política, sino que no comulgan con un sistema que consideran poco representativo. También es la opción de los desapegados, de aquellos que sienten que, voten o no, las cosas van a seguir igual, y por lo tanto, no 'pierden su tiempo' en acudir al colegio.

La abstención y la no participación es lo mismo. Es decir, supone no introducir ninguna papeleta en una de las dos urnas -la autonómica o la local- o no ir al colegio electoral.

No obstante, aunque las cifras de abstención suponen a veces la mitad del electorado, la ley considera los resultados legítimos, incluso si están avalados sólo por un 30% de los votantes.

No está claro a quién beneficia o perjudica la abstención, si bien los estudios detectan que suele afectar más al votante de izquierda, que se moviliza menos.

#nolesvotes

La iniciativa civil #nolesvotes aboga por que "no se vote a los partidos que responden a intereses distintos a los de la ciudadanía: PP, PSOE y CiU". El movimiento recomienda que en su lugar se examinen otras opciones. No pide el voto para ninguna opción concreta, ni tampoco aboga por la abstención.

Es su manera de protestar contra una ley electoral que consideran "ha sido blindada a la medida de los grandes partidos al penalizar desmesuradamente la representación de las minorías". Más información

#LA LEY D'HONT

Esta fórmula, que data del siglo XIX, determina el reparto de escaños en el sistema electoral español. Se basa en una sistema de asignación proporcional que busca garantizar la representación de las minorías territoriales, para lo que 'premia' la concentración de votos. Así, termina favoreciendo a los grandes partidos nacionales y a los nacionalistas, en detrimento de las formaciones pequeñas.

Especialmente elocuente resulta el caso de Izquierda Unida, formación que con casi un millón de votos (repartidos por todo el territorio nacional) sólo cuenta con dos escaños, frente a los 11 de CiU (774.317 votos) o los cinco del PNV (303.246). Partidos como el BNG (209.000 votos) o Coalición Canaria (164.000) tienen los mismos escaños que la coalición liderada por Cayo Lara, pese a que el número de sufragios registrado es ostensiblemente inferior.