La aprobación del Presupuesto General del Cabildo de Tenerife para 2012, realizada por el Pleno en la sesión celebrada el pasado 30 de diciembre de 2011 y con los únicos votos del gobierno insular (formado por CC y PSC-PSOE), se produjo a pesar de que el interventor de la administración emitió un informe no favorable.
Los argumentos en los que fundamentó la Intervención su conclusión fueron, esencialmente, que el Presupuesto reflejaba el uso de un crédito de 56 millones de euros para "la refinanciación de la amortización de la deuda pública emitida en el año 2007", cuyo vencimiento se producirá durante este ejercicio, así como la no inclusión de gastos plurianuales aprobados como compromisos adquiridos por la corporación.
El interventor del Cabildo de Tenerife, Antonio Messía de Yraola, expuso en el informe que emitió el 22 de diciembre pasado que el sentido negativo del mismo estaba justificado "al existir discrepancias en cuanto a la aplicación de preceptos legales en materia de endeudamiento y que afectan a la configuración de una operación financiera a largo plazo por importe de 56 millones".
Este documento fue respondido el 29 de diciembre pasado (víspera de la sesión plenaria de la aprobación del presupuesto) por el jefe del servicio de Gestión Financiera y Tesorería y por la jefa del servicio de Presupuestos y Gasto Público, José Manuel Govea y María Fernanda Barber, respectivamente.
En ambos casos, los informes de alegaciones tenían por objeto rechazar los motivos por los que el interventor no respaldaba el Presupuesto del Cabildo para 2012. Además de incidir en que el término refinanciación no es el adecuado para reflejar lo que el gobierno insular pretende con los 56 millones, esgrimieron que "en gran parte de su contenido, el informe no señala vulneraciones de preceptos legales en el documento presupuestario, limitándose a manifestar un conjunto de criterios y opiniones que, si bien resultan respetables, no suponen una aplicación directa de la normativa".
Es más, los técnicos que replicaron al interventor señalaron rotundamente que "muchas de las cuestiones que plantea el informe de Intervención no dejan de ser más que juicios de valor sobre cuestiones de oportunidad y no cuestiones de legalidad".
Contrarréplica
En lo que se escenificó como un cruce documental de discrepancias entre técnicos, el propio interventor respondió el mismo día 29 de diciembre a las alegaciones formuladas por los servicios de Gestión Financiera y Tesorería y de Presupuestos y Gasto Público.
En tal respuesta, Messía reiteró que el Cabildo no puede refinanciar la deuda pública emitida en el año 2007 mediante nuevo endeudamiento, ya que la legislación, a su juicio, determina que "solo podrá acudir al crédito público y privado para financiar sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de las operaciones preexistentes".
El interventor sostiene su tesis inicial a pesar de que las alegaciones incluyen un certificado de la Secretaría del Cabildo en el que se especifica que "ha quedado suspendida" la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera de las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales (dependiente del Ministerio de Economía) en la que se basa la opinión de Intervención.
El presupuesto del Cabildo para este año asciende a 669.563.703 euros, lo que supone una reducción del 2,2% respecto al anterior. El documento incluye la reducción del gasto en personal del 2,2% (67.633.790 euros), cifra importante teniendo en cuenta que la plantilla la forman 5.797 empleados, de los que unos 1.650 pertenecen a Titsa. También se contempla la bajada del 5% en gastos corrientes. Solo aumenta el IASS.
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