La Función Sindical

Diario de Avisos 22/09/10

Laureano Zurita Espinosa

Es un mito que las situaciones de crisis agudicen el ingenio, como demuestra la última perla del Diputado del Común en funciones, quien sugiere que los funcionarios deberían vestir de uniforme para poder ser identificados en los bares y cafeterías. Se trata sólo de una broma de mal gusto, del género de las ocurrencias que proliferan en esta época de confusión. Mucho más graves son sus declaraciones poniendo en cuestión la profesionalidad de los funcionarios. En mi opinión no tiene razón. Jamás ha habido en este país un cuerpo de funcionarios mejor preparado que en el momento actual, en todos los ámbitos del servicio público: salud, educación, defensa, seguridad, protección civil, judicatura, servicios sociales, etcétera. La vocación de servicio, preparación y profesionalidad de la inmensa mayoría de los funcionarios está fuera de toda duda. Flaco favor hace a esta sociedad el Diputado del Común en funciones, alimentando el superado tópico decimonónico del “vuelva usted mañana” de Larra, en lugar de atender, como es su obligación, los verdaderos y serios problemas del conjunto de los ciudadanos canarios, sus representados.Es legítimo y necesario para el progreso de nuestra sociedad un debate constructivo, plural y abierto sobre el modelo de Estado y sobre cuál ha de ser el alcance de los servicios públicos. Es evidente que queda mucho por mejorar y tampoco hay duda de que las administraciones públicas tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad a la que sirven. Pero cuestionar lo público resaltando únicamente sus ineficiencias (que las tiene) y descalificando al colectivo de funcionarios a partir de generalizaciones basadas en las excepciones (que también existen) constituye un ejercicio de grave irresponsabilidad. Y a ésta hay que añadir el cinismo, si lo que se pretende es crear un estado de opinión que allane el camino para adoptar medidas de recorte en las administraciones, convirtiendo interesadamente a los funcionarios en el chivo expiatorio de la crisis económica que padecemos.Sobre este particular, haciendo una breve recapitulación de los acontecimientos que han derivado en la depresión económica actual y las dramáticas cifras del paro, que sufrimos con especial intensidad en nuestras islas, no encuentro a los funcionarios especialmente culpables. Todo comenzó con las famosas hipotecas basura estadounidenses, que, empaquetadas en productos financieros incomprensibles, se vendieron hasta en la más remota oficina bancaria del planeta. Este comportamiento irresponsable y codicioso, que escapó al control de los Estados y sus organismos reguladores, produjo una crisis financiera global que derivó en crisis económica. En España también tuvimos nuestras particulares hipotecas basura asociadas al boom inmobiliario. Los bancos y cajas no hacían ascos a conceder préstamos hipotecarios en condiciones de ensueño, que permitían comprar la casa, amueblarla, y aún sobraba para el coche nuevo. Mientras muchos disfrutaban alegremente de esta nueva Jauja, los funcionarios seguían, desde la segunda legislatura de Felipe González, con su sueldo congelado, o subiendo por debajo del IPC. Y nadie se acordó entonces de ellos. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, el Gobierno de España reaccionó tarde y mal. Tras haber negado la crisis, bajo el eufemismo de la “desaceleración económica”, a la espera de un salvador repunte que nunca llegó, no pudo sino prolongar unos meses más la lenta agonía del sector de la construcción dilapidando fondos públicos con el Plan E. Las cifras del presunto rescate a las entidades financieras siguen siendo un misterio, mientras los grandes bancos españoles continúan batiendo records de beneficios a pesar de la crisis. Los comportamientos insolidarios asociados al fraude fiscal y la economía sumergida siguen plenamente vigentes. En la esfera de lo público se mantienen multitud de organismos de dudosa utilidad repletos de puestos y cargos elegidos a dedo con elevadas remuneraciones. Y es en este escenario en el que el Gobierno de España decidió, para enjugar el déficit en las cuentas públicas, congelar las pensiones y bajar los sueldos a los funcionarios. Doble error. En primer lugar, porque esta pérdida de poder adquisitivo impacta negativamente y de forma inmediata sobre el consumo (los pensionistas y funcionarios no son seres de otro planeta: también toman café, comen, pagan su vivienda...). Y en segundo lugar, en el caso de los funcionarios, por el estímulo negativo que supone una bajada de sueldo tras más de dos décadas de congelación salarial, es decir, de estímulo nulo. Por poner un ejemplo paradigmático, no debe resultar precisamente motivador para los agentes de la Guardia Civil, que se juegan la vida a diario por la seguridad de todos, ver reducido aún más su ya exiguo sueldo.Como el acceso a la función pública es legítimo, igualitario (cualquier ciudadano puede ser funcionario demostrando su mérito y capacidad en una oposición libre y justa) y requiere preparación y esfuerzo personal, no encuentro motivo objetivo alguno para reprochar nada a los funcionarios. Y mucho menos para convertirlos en el chivo expiatorio de esta crisis. Por el contrario, echo en falta un apoyo decidido y contundente de los responsables políticos a la labor que desarrollan los empleados públicos. El único pecado de los funcionarios, a lo que se ve, es que disfrutan de una situación laboral estable en un entorno inestable. Esto es percibido por el resto de la sociedad como un agravio comparativo en tiempos de crisis económica (porque en los tiempos de dinero fácil no le importaba a nadie), pero no acabo de comprenderlo del todo. ¿No sería más sensato reclamar la estabilidad propia, que la inestabilidad ajena?