Artículo de "La Opinión" 16/04/10
El panorama pinta mal. Quizás, incluso, podrían empezarse a oír los tambores de guerra vía jornadas de huelga en el sector del funcionariado público de Canarias. Esa, al menos, es la impresión que algunos empleados públicos dejaron en sus respuestas a las preguntas de este periódico en relación al proyecto de ley que reformará la aprobada el 30 de marzo de 1987. La cuestión no es que no se entiendan algunos de estos nuevos aspectos introducidos en la ley, los funcionarios se plantean cómo y a través de qué figura se va a introducir la evaluación profesional, o dicho de otro modo, el exigir un mayor rendimiento en el desempeño de sus funciones que, de aprobarse la ley en los términos actuales, controlará la conducta y la productividad pudiendo, incluso, apartar del servicio a aquellos funcionarios que cometan negligencias o incumplan órdenes. Esa suspensión de empleo y sueldo podría llegar hasta los seis años en los casos graves. La mayoría de ciudadanos estaría de acuerdo con la introducción de este tipo de medidas ya que, por otra parte, se aplican desde siempre en la empresa privada a aquellos trabajadores que demuestran negligencia o incumplen órdenes rescindiéndoles sus contratos definitivamente. Sin embargo, son muchos los funcionarios que auguran oscuras prácticas cuando la norma esté aprobada y aseguran que "lo más probable es que quienes deban tomar la decisión o estén facultados para calificar el rendimiento de los empleados públicos sean personal de confianza o afín políticamente al Gobierno de turno". Añaden que "sospechamos que puedan tomarse decisiones contra funcionarios que no disimulen sus discrepancias". Todos los funcionarios entrevistados fueron invitados a que expresaran sus opiniones y dieran su nombre y cargo, sin embargo todos y cada uno declinaron hacerlo aunque estuvieron de acuerdo en manifestarse. Una de las funcionarias entrevistadas destacó que "me resulta extraño que algunas de las normas sólo se vayan a aplicar a determinados profesionales que trabajan en la administración pública mientras que a otros se les deja fuera" y argumentó que "por ejemplo, a los periodistas que trabajan en los tantísimos gabinetes de prensa que existen o en la radiotelevisión pública que depende del Gobierno autonómico y a estos trabajadores no parece que se les vayan a exigir las mismas medidas". En este sentido, continuó, "me asombra que en un proyecto tan importante a algunos profesionales que forman parte de la administración no se les nombra" y se cita en cambio a "sociólogos, abogados, graduados sociales".
Arbitrariedad
Otro de los funcionarios encuestados, también empleado de la administración autonómica, destacó que "nos tememos que al final las decisiones sobre quien rinde más o menos las tomen personas que estén en puestos de confianza y que la medida que se intenta introducir no sea más que un filtro de control sobre aquellos trabajadores que pasan por el aro y cumplen órdenes meramente políticas". Afirmó que "de la misma forma que, digamos, se han politizado algunos cargos de la administración. Este cambio también supondrá que se limite el acceso de un funcionario a un buen puesto a través de un concurso de méritos ya que si no pasas por el filtro, pues se lo cargan". Este empleado público llegó a poner el acento en que "con la introducción de medidas de este tipo lo que se pretende es que se pierda la estabilidad laboral en la función pública creando situaciones de precariedad laboral ante decisiones que puedan tomarse de forma arbitraria por parte del jefe de servicio o de departamento". Añadió que "no podrán echar a la calle a un funcionario pero podrían limitar el acceso a un puesto superior que se haya ganado por concurso de méritos" e, incluso, un trabajador que no supere los criterios de la evaluación de rendimiento, puede perder la categoría y, con ella, su salario "o que el criterio se convierta en una medida para deshacerse de empleados públicos y recortar gastos".
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