La actual crisis económica, entre otras muchas cosas, ha puesto en entredicho el actual Estado del Bienestar. Para mantenerlo, las administraciones están obligadas a replantearse sus políticas presupuestarias, una asignatura que, la mayoría, suspende de manera sistemática. Es el caso de Canarias, donde el propio Gobierno regional reconoce que el sobrecoste que genera la política impide afrontar la recesión con solvencia. Por ello, el Ejecutivo está estudiando un plan de austeridad que, aún sin concretar, debe ser la herramienta sobre la que se sustente la recuperación.Para analizar esta cuestión, DIARIO DE AVISOS ha sentado en la misma mesa a representantes de las principales formaciones políticas de la Isla, Coalición Canaria (CC), Partido Socialista (PSC-PSOE), Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IUC).Para el socialista Javier Abreu, secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva del PSC, "la administración canaria tiene un exceso de gasto". "Hay cerca de 20 empresas públicas que hay que reducir, organizar y estructurar de una manera diferente, para que sean verdaderamente eficaces; y es necesario eliminar un montón de puestos innecesarios, como asesores y directores generales, para que se pueda prestar un servicio más eficaz". Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ex portavoz del Grupo Parlamentario Popular, coincide con Abreu, aunque deja claro que "el debate es complicado, y no se puede centrar sólo en la Administración pública canaria, sino en el conjunto del Estado". "La Administración, por sí sola, siempre tiende a expandirse", recalca Pérez-Camacho, quien recuerda que "en Canarias, además, se da una peculiaridad, como es la existencia de los cabildos, que compiten en competencias con el Gobierno de la región, lo que contribuye a aumentar el gasto".En esta misma línea, el coordinador de IUC en Tenerife, Ramón Trujillo, considera que en la Administración pública canaria actual hay dos problemas: uno es el "despilfarro", que viene dado por el excesivo el número de cargos públicos, cargos que, según él, se asocian normalmente a unos salarios privilegiados y a otras prácticas que son expresión de una "pésima cultura democrática". Por otro lado, continúa Trujillo, está "el espectáculo al que estamos asistiendo de desprestigio del sector público, porque se está insistiendo permanentemente en la idea de que los funcionarios son un costo excesivo y de que hay demasiada gente en la Administración, lo que supone una carga para la Comunidad Autónoma".Al respecto, la diputada regional de CC Dulce Pérez opina que "con menos gasto se deberían poder hacer más cosas". Según ella, "hace falta una transformación profunda de la Administración de la Comunidad Autónoma", así como un "mayor control de cada departamento". "Hay que analizar profundamente qué cargos sobran y qué funcionarios son necesarios". En este sentido, Javier Abreu tiene claro que "el verdadero problema es que el Gobierno canario no ha hecho ningún plan de ajuste, y estamos igual que hace dos años". "Ahora dicen que lo van a estudiar, cuando queda un año para las elecciones. Lo lógico es que lo hubieran planteado hace tiempo, pero han preferido mirar para otro lado, sin aplicar medidas ni soluciones eficaces".Miguel Cabrera no es tan drástico como el dirigente socialista, y apela a cuestiones más de fondo. Por ejemplo, para el diputado popular, hay un tema importante que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, como es "la directiva Bolkestein, una de cuyas partes habla de la reducción de los procedimientos administrativos y la burocracia". Y es que, según Cabrera, "una de las principales causas del crecimiento desmesurado de la Administración canaria es la inseguridad jurídica existente, sobre todo a nivel local".Dulce Pérez, sin embargo, cree que el sobrecoste de la política está íntimamente relacionado con la credibilidad de la clase política. "Cada vez los partidos políticos están más lejos de lo que piensan los ciudadanos, porque el sistema de representatividad no funciona, necesita una profunda transformación", subraya la diputada de CC, para quien una de las medidas a considerar sería el sistema de listas abiertas en los partidos.Ramón Trujillo, por su parte, denota que "la articulación legal de la Comunidad Autónoma se viene haciendo mal desde hace muchos años, y es culpa tanto del Parlamento, como de los cabildos y las corporaciones locales". Para el coordinador de Izquierda Unida Canarias en Tenerife, "estamos hablando de que la Administración está inflada, pero la media nacional de funcionarios públicos está por debajo de la media europea". "Todo tiene que ver con la baja calidad de nuestra democracia", espeta Trujillo, quien añade que "el sistema electoral reconduce a medio plazo el sistema y deja a gente fuera de juego".Javier Abreu coincide con el dirigente de IUC, pero insiste en que "el verdadero problema de Canarias es que la Administración autonómica no funciona, porque quien la gestiona no coordina, no legisla y cuando ve un problema no sabe cómo solucionarlo". "Han seguido engordando la maquinaria y no han sabido gastar sus propios recursos; y ahora que estamos en una época de crisis no han puesto sobre la mesa ningún plan para corregirlo", concluye.
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